Los socialistas quieren aprovechar la ley europea de IA para endurecer el control sobre los centros de datos

El grupo socialista busca introducir mayores exigencias de transparencia y sostenibilidad en la futura normativa comunitaria, con especial atención al consumo energético real de estas infraestructuras, su impacto ambiental y su compatibilidad con los objetivos climáticos europeos para 2050

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Los eurodiputados tienen ya sobre sus mesas de trabajo el borrador de la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial (Cloud and AI Development Act, CADA). Los ponentes han presentado su propuesta de informe, abriendo así la fase en la que los distintos grupos políticos tratarán de incorporar sus planteamientos a una iniciativa que pretende consolidar la soberanía tecnológica del continente y reducir sus dependencias de terceros países.

El texto establece cuatro niveles de garantía distintos a escala comunitaria para regular la seguridad, la autonomía operativa y la localización de los datos en los servicios de computación. En este escenario, el grupo socialista pretende que la norma que salga de su tramitación en el Parlamento Europeo, antes de iniciar las negociaciones con los Estados miembros, garantice un enfoque centrado en las "personas". Se trata de una posición que el Gobierno español viene defendiendo en los distintos debates legislativos sobre el ámbito digital que se desarrollan actualmente en Bruselas.

"Cada ley es una oportunidad", expresó esta semana el eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE), Nicolás González Casares, durante un encuentro a puerta cerrada. El parlamentario defendió que el continente "necesita normas para recuperar también la confianza de la ciudadanía" en un desarrollo tecnológico que funcione "no solo para el mundo digital, sino también para las personas". Uno de los aspectos que considera fundamentales en la futura legislación es precisamente la regulación de los estándares mínimos de rendimiento de las infraestructuras.

Cuatro niveles de garantía y criterios comunes para los Veintisiete

Lo que el Ejecutivo comunitario persigue con esta iniciativa es armonizar los esfuerzos de los Estados miembros y establecer un marco común que permita garantizar el desarrollo de un sector considerado de importancia estratégica para la Unión. La fragmentación regulatoria y las diferencias en los criterios nacionales pueden dificultar tanto la expansión de las infraestructuras como la capacidad europea para competir en un mercado cada vez más condicionado por la computación y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

"Si cruzas Alemania, Finlandia, Dinamarca o Portugal encontrarás planteamientos distintos", expuso González Casares. De ahí que el eurodiputado defienda la necesidad de establecer requisitos comunes a escala europea, aunque con margen para adaptarlos a las características de cada territorio. El objetivo, a su juicio, debe ser evitar que la armonización se convierta en una regulación ajena a las condiciones materiales en las que operan las infraestructuras.

"Hay que tener en cuenta las realidades geográficas. No todos los Estados miembros tienen el mismo mix energético o el mismo clima", añadió. Una consideración especialmente relevante para una legislación que deberá abordar el impacto de los centros de datos sobre el consumo eléctrico, la disponibilidad de recursos hídricos y las necesidades de las redes nacionales.

La cuestión adquiere una dimensión particular en un momento en el que la expansión de la inteligencia artificial está multiplicando las necesidades de capacidad de computación. Los centros de datos se han convertido en una infraestructura esencial para sostener esta transformación, pero su crecimiento también plantea interrogantes sobre el acceso a la energía, la sostenibilidad de las instalaciones y su integración en los sistemas eléctricos europeos.

Una etiqueta de sostenibilidad que no refleja todo el consumo

González Casares se muestra crítico con algunos de los planteamientos que está desarrollando el Ejecutivo comunitario, especialmente en lo relativo al esquema de evaluación de estas infraestructuras. El socialista considera que el sistema de clasificación propuesto no ofrece información suficiente para conocer el impacto real de los centros de datos.

"No es suficiente", sostiene. A su juicio, el mecanismo funciona como una etiqueta de sostenibilidad que permite evaluar las instalaciones en función de determinados indicadores relacionados con el consumo de energía, agua y recursos. Sin embargo, el sistema no permite conocer de manera completa el volumen total de recursos que necesita cada centro de datos para operar.

El parlamentario echa en falta que la evaluación recoja datos concretos sobre el consumo absoluto de electricidad, expresado en megavatios hora o kilovatios hora, así como el volumen total de agua utilizado y la cantidad de energía renovable consumida a lo largo del año. Considera que estos indicadores permitirían disponer de una fotografía más precisa del impacto ambiental de las instalaciones, más allá de la clasificación que obtengan en los distintos parámetros de eficiencia.

"Tenemos una etiqueta muy bonita, pero no conocemos la realidad", sentencia. Una de sus principales reivindicaciones es que la futura legislación permita obtener una imagen "clara" de lo que está ocurriendo con las emisiones totales y el consumo de estas infraestructuras.

"Cuando se añaden etiquetas sin conocer el consumo energético total de estos centros de datos, probablemente no tenemos una imagen completa", apuntó. La preocupación del socialista se sitúa, por tanto, en la diferencia entre medir la eficiencia relativa de una instalación y conocer el impacto absoluto que genera su funcionamiento. Una distinción relevante en un escenario de crecimiento acelerado de la capacidad de computación, en el que una mejora de los indicadores de eficiencia no implica necesariamente una reducción del consumo agregado si aumenta el número o el tamaño de las instalaciones.

El crecimiento de los centros de datos, condicionado por los objetivos climáticos

La sostenibilidad energética ocupa también un espacio destacado en la propuesta de informe presentada por el ponente. El borrador vincula la expansión de la capacidad de los centros de datos con su compatibilidad con los objetivos climáticos europeos para 2050 y plantea que estas infraestructuras deben contribuir activamente a la descarbonización del sistema energético comunitario.

Entre las medidas planteadas figura que, antes de declarar una determinada zona como área de aceleración para centros de datos, los Estados miembros deban realizar un análisis de impacto. El ejercicio tendría que verificar que la demanda eléctrica proyectada para las nuevas instalaciones resulta compatible con los objetivos recogidos en sus respectivos Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), así como con las necesidades de suministro de los hogares.

Se trata de introducir un criterio de planificación que permita anticipar las consecuencias de la concentración de estas infraestructuras en determinados territorios. La autorización de nuevas áreas no dependería únicamente de la disponibilidad de suelo o de la capacidad para atraer inversiones, sino también de la posibilidad de garantizar el suministro eléctrico sin comprometer otros usos ni los compromisos climáticos adquiridos por los Estados miembros.

El borrador añade que estas zonas deberán procurar cubrir prácticamente el 100% de su demanda energética mediante fuentes renovables locales y libres de emisiones. Cuando no resulte técnicamente viable alcanzar ese suministro de forma directa y continua, el resto de las necesidades podrá cubrirse mediante electricidad de la red, sistemas de almacenamiento o mecanismos de gestión flexible de la demanda.

La propuesta busca así compatibilizar el despliegue de nuevas capacidades de computación con la transición energética, evitando que la expansión de la infraestructura digital se traduzca en una presión adicional sobre los sistemas eléctricos nacionales. La disponibilidad de energía limpia se convierte, en este sentido, en uno de los elementos que condicionarán la implantación y el crecimiento de los centros de datos.

Interconectar instalaciones para reducir la presión sobre la red

Otro de los aspectos que aborda el documento es la posibilidad de aprovechar la capacidad conjunta de centros de datos de menor tamaño o distribuidos geográficamente. El borrador analiza la viabilidad de interconectar estas instalaciones para que puedan entrenar modelos de inteligencia artificial en paralelo, en lugar de concentrar toda la capacidad de computación en grandes infraestructuras.

Este planteamiento permitiría aprovechar recursos ya disponibles y conectar instalaciones de manera más rápida, al tiempo que abre la puerta a una gestión más flexible de las cargas de trabajo. Entre sus posibles ventajas figura la reducción del consumo eléctrico durante las horas de máxima demanda de la red, mediante la distribución de las tareas de computación entre distintas instalaciones. La cuestión conecta con uno de los grandes retos que deberá resolver la futura legislación: cómo aumentar la capacidad europea de computación sin trasladar todos los costes energéticos y ambientales de ese crecimiento a los territorios en los que se concentran las infraestructuras.

Con el borrador ya sobre la mesa, los grupos políticos comienzan ahora a perfilar sus prioridades y las modificaciones que pretenden introducir en el informe. Los socialistas ven en esta fase una oportunidad para reforzar las exigencias de transparencia, sostenibilidad y control del consumo, en una legislación que no solo aspira a impulsar la infraestructura digital europea, sino también a determinar bajo qué condiciones deberá desarrollarse.