Los eurodiputados estudian dar prioridad a las empresas europeas en los contratos públicos de IA

El borrador plantea que los criterios vinculados a la contribución tecnológica europea representen al menos el 20% de la valoración de las licitaciones públicas de IA y nube, fija un objetivo del 35% de adjudicaciones a pymes europeas en contratos de innovación y establece cuatro niveles de garantías para reforzar la soberanía de los servicios digitales

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La Unión Europea está dispuesta a dar el siguiente paso en su carrera por acelerar el despliegue de la Inteligencia Artificial (IA) en el continente y reforzar su autonomía tecnológica. La misma semana en la que se celebraba la primera reunión sobre esta materia a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, el Parlamento Europeo presentaba el borrador de su posición sobre una nueva ley diseñada para fortalecer el ecosistema comunitario de computación en la nube, potenciar la soberanía tecnológica y reducir las dependencias estratégicas respecto a proveedores de servicios extranjeros.

El texto, que lleva la firma del eurodiputado español Diego Solier, establece cuatro niveles de garantía distintos a escala comunitaria para regular la seguridad, la autonomía operativa y la localización de los datos en los servicios de computación. Para alcanzar estos objetivos, los ponentes plantean la introducción de auditorías independientes realizadas por terceros, la creación de un registro centralizado de proveedores y el fomento de la adopción de servicios que cumplan con los estándares europeos de seguridad y soberanía.

La propuesta incorpora, además, un mecanismo de apoyo especializado para las pequeñas y medianas empresas (pymes), mediante el establecimiento de zonas de despliegue acelerado para centros de datos sostenibles. Al mismo tiempo, busca proteger el mercado interior y garantizar que las infraestructuras digitales desplegadas en el continente mantengan unos niveles adecuados de transparencia, seguridad y resiliencia. Los borradores de informe presentados pretenden responder a lo que los ponentes consideran una fuerte dependencia de un reducido número de proveedores de servicios en la nube y tecnologías digitales, una concentración que, a su juicio, genera vulnerabilidades y limita la capacidad de la Unión para garantizar la soberanía de sus datos. El objetivo es reducir esa exposición a operadores externos y favorecer el desarrollo de capacidades propias en toda la cadena de valor tecnológica.

 

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Más capacidad de computación y eficiencia energética

Uno de los objetivos cuantitativos recogidos en el texto es alcanzar un índice medio de eficiencia energética de los centros de datos (Power Usage Effectiveness, PUE) de 1,15 en la Unión Europea. A ello se suma la intención de elevar la tasa media de utilización de los servidores hasta el 50%, mediante la optimización de los recursos de computación con Inteligencia Artificial, la incorporación de tecnologías de refrigeración avanzada, el aprovechamiento del calor residual y la integración de tecnologías cuánticas.

Estas metas estarán acompañadas del desarrollo de plataformas de hardware y software de extremo a extremo (end-to-end), basadas en procesadores y aceleradores diseñados y fabricados en la propia Unión. La intención es avanzar hacia una infraestructura tecnológica europea capaz de cubrir las distintas fases del procesamiento de datos y reducir la dependencia de componentes y soluciones desarrollados fuera del mercado comunitario.

En paralelo, el documento apuesta por impulsar el desarrollo de modelos multimodales de última generación y de Inteligencia Artificial de frontera, así como soluciones de IA física aplicadas a ámbitos como la robótica, los vehículos autónomos y los drones. La estrategia contempla también el despliegue de modelos adaptados a sectores considerados estratégicos, entre ellos la sanidad, la automoción, la industria manufacturera, la energía y la defensa.

Esta orientación coincide con las prioridades planteadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre celebrada la semana pasada en Dublín, donde defendió la necesidad de acelerar la capacidad europea en Inteligencia Artificial y extender su aplicación a los principales sectores económicos. Para ello, los ponentes consideran fundamental crear entornos seguros que permitan la orquestación de agentes autónomos y establecer mecanismos de verificación científica del origen, el entrenamiento y la inferencia de los modelos de IA.

Zonas de despliegue acelerado

El borrador propone igualmente la creación de centros para la IA, concebidos como una evolución de los actuales centros europeos de innovación digital. Su función será proporcionar asesoramiento neutral, formación especializada y acceso a infraestructuras de computación a las pequeñas y medianas empresas. Se busca así facilitar que las compañías con menos recursos puedan incorporar soluciones de Inteligencia Artificial sin tener que asumir por sí solas los elevados costes de acceso a capacidad de procesamiento y conocimientos técnicos especializados.

Precisamente para acelerar la construcción de capacidad física de computación, los ponentes plantean designar zonas de aceleración para el despliegue de infraestructuras digitales. Los Estados miembros serán los encargados de identificar las regiones que reúnan las condiciones necesarias, para lo que deberán realizar previamente un análisis de impacto ambiental y acreditar la disponibilidad de capacidad suficiente en la red eléctrica, recursos hídricos y compatibilidad con las condiciones climáticas. El objetivo es reducir los obstáculos administrativos que actualmente pueden ralentizar la construcción de centros de datos y otras infraestructuras de computación, sin renunciar a las garantías medioambientales y de sostenibilidad. Para ello, se plantea una tramitación simplificada que incluirá un único punto de contacto administrativo por proyecto y un permiso base agregado a escala de zona.

El texto fija un plazo máximo de 13 meses para la concesión de las autorizaciones correspondientes. Asimismo, contempla determinadas ventajas para los operadores europeos: dispondrán de una prioridad de 60 días en la asignación de capacidad y se reservará el 30% del terreno durante un año en las zonas de más de dos hectáreas. Estas disposiciones pretenden facilitar el acceso a emplazamientos adecuados y acelerar la puesta en marcha de proyectos impulsados por empresas europeas.

Cuatro niveles para medir la soberanía de los servicios en la nube

El eje central del reglamento introduce una escala armonizada de cuatro niveles de garantías de la Unión Europea para evaluar el grado de protección, autonomía y soberanía de los servicios de computación en la nube. El sistema permitirá diferenciar las exigencias aplicables en función de la sensibilidad de los datos y de la importancia estratégica de las cargas de trabajo alojadas en cada servicio.

El primer escalón, denominado Básico: localización y transparencia, exigirá que los proveedores estén establecidos en la Unión Europea y que tanto las infraestructuras como el procesamiento de los datos se encuentren dentro del territorio comunitario. También deberán cumplir los estándares europeos de ciberseguridad. El cumplimiento de estas condiciones se acreditará mediante un procedimiento de autoevaluación.

El segundo nivel, Resiliencia y autonomía operativa, elevará las exigencias sobre la estructura empresarial y el control de las infraestructuras. En este caso, tanto los proveedores como sus subcontratistas deberán estar establecidos en la UE, mientras que los datos y las infraestructuras deberán permanecer en el continente. También será necesaria una certificación de ciberseguridad de nivel al menos sustancial y la aplicación de medidas específicas para proteger los servicios frente a posibles interferencias derivadas de legislaciones extranjeras. A diferencia del nivel básico, este escalón requerirá una auditoría externa independiente.

El tercer nivel, Alta soberanía operativa, incorporará requisitos adicionales para garantizar que el control del proveedor no esté en manos de terceros países. También exigirá que el personal tenga residencia en la Unión Europea y esté sujeto a los correspondientes procedimientos de verificación de seguridad. El soporte técnico de los servicios deberá prestarse exclusivamente desde los Veintisiete.

Por último, el cuarto escalón, Máxima soberanía estratégica, estará diseñado para los usos más sensibles, entre ellos los relacionados con la seguridad nacional, la defensa y el tratamiento de información clasificada. En este supuesto, se exigirá que el personal cuente con ciudadanía europea y habilitación de seguridad, además de una certificación de ciberseguridad de nivel alto. El requisito más exigente será la ausencia estricta de control extranjero sobre el diseño de la pila tecnológica de hardware y software.

De esta manera, los niveles segundo, tercero y cuarto estarán sujetos a auditorías independientes realizadas por auditores aprobados, con revisiones anuales para comprobar que los proveedores mantienen las condiciones exigidas. Los servicios que superen los procedimientos de evaluación se incorporarán a un Repositorio Central Público gestionado por la Comisión Europea, que permitirá identificar las soluciones que cumplen con los distintos niveles de garantía.

La propuesta también traslada parte de esta responsabilidad a los operadores. Las empresas privadas que operen servicios esenciales deberán evaluar qué cargas de trabajo requieren los niveles segundo, tercero o cuarto dentro de sus respectivos planes de gestión de riesgos. De esta forma, la clasificación de los servicios no quedará limitada a una cuestión de certificación de los proveedores, sino que deberá incorporarse a las decisiones de contratación y a las políticas de seguridad de las propias organizaciones.

Más peso de la tecnología europea en la contratación pública

El último bloque de medidas se centra en utilizar la contratación pública como instrumento para reforzar el tejido tecnológico europeo y facilitar el acceso de sus empresas al mercado. Los ponentes plantean que las licitaciones públicas de soluciones de computación en la nube e Inteligencia Artificial asignen al menos un 20% de la ponderación total a criterios de calidad vinculados a la contribución tecnológica de la Unión Europea. El objetivo es introducir criterios que permitan valorar no solo el precio de las soluciones contratadas, sino también su aportación al desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas propias. En esta misma línea, el borrador fija como meta que al menos el 35% de los contratos públicos de innovación en Inteligencia Artificial sean adjudicados a pequeñas y medianas empresas europeas.

A ello se suma la obligación de dar preferencia a los estándares abiertos y al software de código abierto siempre que resulte técnicamente viable y económicamente rentable. Esta orientación se impulsará mediante el Catálogo de Soluciones de Código Abierto de la UE, concebido como una herramienta para facilitar la identificación y adopción de alternativas tecnológicas abiertas dentro de las administraciones y el mercado comunitario.

En conjunto, los borradores dibujan una estrategia que combina el desarrollo de infraestructuras físicas, el establecimiento de garantías de soberanía para los servicios digitales y el refuerzo de la demanda pública de tecnología europea. La ambición de los ponentes es que la autonomía tecnológica deje de depender únicamente de la capacidad regulatoria de Bruselas y se traduzca también en una mayor capacidad industrial, de computación y de prestación de servicios dentro de la Unión.