La Comisión de Valoración constituida al amparo de la Ley 12/2016, conocida como Ley de “abusos policiales”, ha incorporado en su sexto informe a 60 nuevas personas reconocidas como víctimas. De ellas, 54 padecieron malos tratos o torturas –una con resultado de muerte–, cuatro sufrieron impactos de bala y otras dos resultaron heridas por pelotas de goma. El conjunto de las indemnizaciones propuestas para este grupo asciende a 993.630,16 euros.
El informe anual se ha presentado este miércoles ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco, en una sesión en la que han intervenido la presidenta del órgano, Juana Balmaseda, y el vicepresidente, Jon Landa.
Balmaseda ha detallado que, hasta el momento, la Comisión ha reconocido la condición de víctimas a 305 personas, 60 de ellas incluidas en este último informe por hechos ocurridos entre 1968 y 1999. Permanecen todavía pendientes de estudio 284 expedientes.
En las 22 sesiones plenarias celebradas hasta ahora se han resuelto 230 expedientes: los 60 ya mencionados han sido estimados, ninguno ha resultado desestimado, 166 se han inadmitido y 4 han quedado desistidos. La presidenta ha añadido que siguen llegando peticiones fuera de plazo, que suman actualmente 416 solicitudes.
Perfil de las víctimas y cuantías de las indemnizaciones
El documento precisa que, de las 60 personas reconocidas por hechos situados entre 1968 y 1999, 54 denunciaron malos tratos o torturas, una de ellas fallecida; cuatro fueron alcanzadas por disparos, en tres casos atribuibles a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en otro a un grupo parapolicial; y dos sufrieron lesiones por el impacto de pelotas de goma.
La cantidad total indemnizable para este conjunto se fija en 993.630,16 euros. De ese importe, 618.633,16 euros se destinan a víctimas de torturas y malos tratos, 34.999 euros a una víctima herida por pelota de goma y 339.998 euros a víctimas fallecidas o lesionadas por arma de fuego.
En cuanto a la adscripción de las personas afectadas, el informe incluye a individuos vinculados con ETA, con la izquierda abertzale, familiares de presos, Gestoras pro Amnistía, comandos autónomos anticapitalistas, el partido comunista o el sindicato LAB, entre otros colectivos.
Reapertura de plazos y cambios en la ley
Tras exponer tres casos concretos recogidos en el informe, el vicepresidente de la Comisión, Jon Landa, ha desgranado las recomendaciones formuladas. Entre ellas figura una reforma de la ley que permita reabrir los plazos con el fin de dar “respuesta a las nuevas peticiones de las víctimas”.
Landa ha defendido que quien se “ha quedado fuera está llamando a la puerta” y “habría que abrirla”. A su juicio, podría iniciarse “otra etapa del proceso” y sería necesario debatir hasta qué fecha extenderla, si “2011 o 2014”.
La Comisión considera igualmente que uno de los déficits principales de la norma es el régimen de indemnizaciones y propone eliminar la prohibición de compensar económicamente los casos de malos tratos y torturas.
Además, el órgano estima “urgente e inaplazable” celebrar un acto anual de reconocimiento colectivo, al máximo nivel institucional, dirigido a estas víctimas, pendiente desde 2023. También reclama reforzar los recursos humanos y materiales de la propia Comisión.
Otra de las propuestas es la creación de una ponencia parlamentaria para implicar de forma más directa al Parlamento y difundir “la sangrante realidad que representan las violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, se subraya que determinados centros de detención “aparecen una y otra vez como lugares en que se practicó tortura de una severa gravedad”, por lo que plantean que sean señalados como “lugares de la memoria”.
Reacciones de los grupos parlamentarios
En el turno de intervención de los grupos, el PNV ha señalado que lo recogido en el informe es “terrible” y “no se puede banalizar porque se da en el contexto del Estado”.
Para esta formación, el trabajo de la Comisión debe servir ante todo para reparar a las víctimas y “reconocer su dolor”. Ha añadido que la sociedad debe asumir que el respeto a los derechos humanos es “imprescindible para construir un sistema democrático”.
En esa línea, el PNV ha resaltado que existen distintos relatos y posiciones políticas en materia de derechos humanos “dependiendo de quién vulnera los derechos humanos y a quién y quién sufre esas vulneraciones”. “Si algún día para el Estado la muerte de un guardia civil o de una persona torturada tiene el mismo valor, entonces lo habremos conseguido y, si para quienes legitimaban a ETA, la muerte de alguien de ETA y la muerte de un guardia civil están en el mismo plano desde los derechos humanos, lo conseguiremos”, ha añadido.
El grupo jeltzale ha reclamado que todas las fuerzas políticas otorguen “el mismo tratamiento a todas las vulneraciones”. A su entender, “no vale” denunciar solo “algunas vulneraciones” y reclamar un reconocimiento institucional singular para unas, mientras en otros casos “cuando no interesa, actuar de otra manera”.
EH Bildu, por su parte, ha puesto en valor que se esté otorgando un reconocimiento institucional “a todas esas personas que durante años han sido invisibles”. Ha remarcado además que ya “casi nadie pone en duda que aquí también el Estado utilizó la violencia y se dieron casos de tortura” porque ello “fue parte de una decisión y una estrategia de Estado”.
La coalición ha denunciado la “negación y discriminación” sufrida por estas víctimas y ha recalcado que las indemnizaciones también “ayudan” a su reparación, por lo que “no tendría que haber víctimas de primera y de segunda”.
Ha recordado igualmente que queda “mucho trabajo por hacer” ya que, según distintas investigaciones, “hubo más de 300 muertos por causa del Estado y más de 3.000 casos de tortura”. En consecuencia, se ha mostrado favorable a crear una ponencia parlamentaria, reformar la ley y abrir un nuevo plazo para que “no puede quedar ni una víctima del Estado sin el reconocimiento que le corresponde”.
El grupo de los socialistas vascos ha expresado su “absoluto respeto y solidaridad” con todas las víctimas. Considera esencial su reconocimiento para “la normalización de la convivencia” y para construir “una memoria crítica del pasado rigurosa e inclusiva”.
Según ha expuesto, los socialistas sostienen la necesidad de revisar todos los “sufrimientos injustos en un contexto de motivación política”, que “siempre son injustificables”, y aún más cuando “se han producido, usando además, las herramientas del Estado, son todavía más graves”.
El PSE ha calificado estos episodios como “durísimos, injustificables” y ha reclamado “condena y solidaridad sin ambages, sin paños calientes”. Ha recordado que el acto de reconocimiento previsto para el 23 de noviembre fue aplazado por la convocatoria electoral y ve razonable abrir nuevos plazos una vez analizadas las solicitudes pendientes.
El PP ha manifestado que cualquier tortura que se haya producido debe ser condenada y sus víctimas merecen reparación. Ha subrayado que la pertenencia a una organización terrorista no puede justificar que nadie sea torturado porque ello supondría “convirtiendo al Estado también en un torturador”. “Y haber sufrido un abuso tampoco borra los delitos que esa persona haya cometido”, ha añadido.
En cuanto al contenido del informe, ha llamado la atención sobre que en uno de los casos se reconozca como víctima a una persona pese a que el propio texto señala que “no cabe dilucidar si se produjo un uso desproporcionado de la fuerza”.
El grupo popular también ha advertido de la diferencia “importante” entre “describir abusos concretos y extender una sospecha sobre todos los que llevan uniforme”.
Además, ha reclamado explicaciones por el encabezado de uno de los apartados, “Actitud antigarantista de jueces, fiscales, forenses y abogados de oficio”, una conclusión que considera “bastante seria” y en la que se vierten “acusaciones muy graves contra profesionales”.