Sorteos de hoy, martes 27 de octubre: horarios y botes de Euromillones, Eurojackpot, Bonoloto y ONCE

Para modificar mediante ley la regulación de los juegos de azar se sigue el procedimiento legislativo común, con las especialidades que correspondan al contenido de la reforma. Primero debe determinarse si corresponde legislar al Estado o a una comunidad autónoma: no toda modificación pasa por el Congreso y el Senado.

1. Determinar la competencia y el instrumento

Las comunidades autónomas tienen competencias sobre casinos, juegos y apuestas conforme a sus estatutos y dentro de su territorio. El Estado también dispone de competencias, entre ellas las relativas a determinadas actividades de ámbito nacional. Por tanto, una reforma autonómica se tramita en el parlamento correspondiente, según su reglamento; una estatal, en las Cortes Generales. Esta distribución está explicada en la STC 123/2012.

El juego no exige por sí mismo una ley orgánica: esa calificación depende de que la reforma entre en materias constitucionalmente reservadas a ella. Tampoco debe confundirse modificar una ley con cambiar su desarrollo reglamentario, que no sigue este recorrido parlamentario.

2. Presentación de la iniciativa

• Proyecto de ley: lo presenta el Gobierno al Congreso, acompañado de exposición de motivos y antecedentes. La Mesa ordena publicarlo, abrir el plazo de enmiendas y remitirlo a la comisión competente.
• Proposición de ley: puede proceder de los sujetos habilitados, incluidos grupos parlamentarios, diputados con las firmas exigidas, Senado, asambleas autonómicas y ciudadanía, con sus respectivos requisitos y límites.

Las proposiciones requieren normalmente una toma en consideración: el Pleno decide si empieza a tramitarlas. Las que ya fueron tomadas en consideración por el Senado no repiten ese trámite en el Congreso. Los proyectos del Gobierno no necesitan esta votación inicial.

3. Enmiendas y trabajo en el Congreso

El plazo ordinario de enmiendas es de quince días hábiles, susceptible de modificación. Las enmiendas pueden suprimir, modificar o añadir disposiciones. En los proyectos, los grupos también pueden solicitar su devolución al Gobierno o presentar un texto alternativo mediante enmiendas a la totalidad.

Si existen estas últimas, el Pleno las debate primero. Aprobada la devolución, el proyecto queda rechazado; si continúa, una ponencia estudia el texto y las enmiendas y redacta un informe. Después, la comisión debate el articulado y aprueba un dictamen.

El Pleno del Congreso debate el dictamen y las enmiendas mantenidas para esa fase. No obstante, en leyes constitucionalmente delegables, la comisión puede aprobar el texto con competencia legislativa plena, sin esa deliberación final plenaria. Estas fases se regulan en el Reglamento del Congreso.

4. Intervención del Senado

El texto aprobado se remite al Senado, que dispone de dos meses, o veinte días si se tramita de urgencia. Puede aprobarlo sin cambios, introducir enmiendas o vetarlo. El veto necesita mayoría absoluta. El alcance de esta segunda lectura se explica en la STC 63/2025.

Si hay cambios, vuelve al Congreso. Este acepta o rechaza las enmiendas por mayoría simple. En una ley ordinaria puede levantar el veto por mayoría absoluta inmediatamente o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición.

5. Mayorías especiales y publicación

Una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. También requiere esa mayoría para levantar un veto; si incorpora enmiendas del Senado, se celebra otra votación conjunta con esa exigencia.

Terminada la aprobación parlamentaria, siguen la sanción y promulgación real y la publicación oficial. La entrada en vigor debe distinguirse de la aprobación: depende de lo que establezca el texto y de las reglas aplicables.

La ONCE está habilitada para organizar, gestionar y comercializar las modalidades de lotería que tenga autorizadas por el Estado, incluido el cupón y la lotería instantánea. No dispone de una competencia general para autorizar sorteos ajenos ni para explotar cualquier juego: actúa como operador designado, con autonomía de gestión dentro de límites públicos y bajo supervisión estatal.

1. Fundamento legal y alcance de la reserva

El artículo 1 del Real Decreto 358/1991 configura a la ONCE como una corporación de derecho público de carácter social, sometida al protectorado del Estado. Sus autorizaciones de juego sirven para financiar sus fines sociales.

La disposición adicional primera de la Ley 13/2011, de regulación del juego, designa a la ONCE y a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado como operadores para comercializar las loterías reguladas por esa ley. Por tanto, la reserva no corresponde exclusivamente a la ONCE. Además, se contempla excepcionalmente la autorización de loterías benéficas esporádicas a entidades sin ánimo de lucro.

2. Qué puede decidir sobre sus sorteos

El artículo 7.3 del Real Decreto 358/1991 permite al Consejo General adoptar decisiones sobre el régimen de sorteos del cupón y otras modalidades autorizadas por razones organizativas, económicas o comerciales, siempre dentro de la autorización correspondiente. Esto distingue dos niveles:

• El Consejo de Ministros autoriza las modalidades y fija sus términos, alcance y duración.
• La ONCE organiza y explota los productos autorizados, tomando las decisiones de gestión que respeten esos términos.

Según el artículo 7.2, los límites del cupón deben comprender, al menos, emisión y ventas anuales, porcentaje máximo de premios, precios máximos, criterios de actualización y sorteos extraordinarios. La ONCE no puede superarlos sin autorización previa y expresa.

3. Lotería instantánea y canales de venta

El Real Decreto 1336/2005 le atribuye expresamente la dirección, organización y explotación de la lotería instantánea o presorteada de ámbito nacional. Aquí el premio ya está determinado y el participante lo descubre al revelar el boleto o soporte.

Su artículo 3 permite fijar el precio dentro del máximo autorizado y exige que cada emisión destine a premios entre el 45 % y el 80 % de su valor. El reglamento debe concretar emisiones, productos, series, boletos, precios, premios y sistema de revelado. La autorización se extiende hasta el 31 de diciembre de 2031, conforme a la modificación del Real Decreto 1127/2021.

La disposición adicional primera de la Ley 13/2011 admite soportes materiales, informáticos, telemáticos, telefónicos o interactivos y comercialización directa o mediante su red externa. Las loterías reservadas no siguen el régimen ordinario de licencias del título III.

4. Colaboración internacional, control y límites

El artículo 7.5 del Real Decreto 358/1991 permite acuerdos con operadores extranjeros habilitados para productos comunes de lotería, previa verificación del Consejo de Protectorado. Determinados acuerdos requieren autorización específica del Consejo de Ministros. La ONCE debe participar en el riesgo de explotación, no actuar como simple distribuidora.

La disposición adicional segunda de la Ley 13/2011 establece que los títulos habilitantes no pueden cederse a terceros y atribuye al Consejo de Protectorado las funciones estatales de control sobre sus loterías reservadas, sin perjuicio de las del Consejo de Ministros. En la lotería instantánea, puede exigir información sobre emisiones, recaudación, premios y destino de los ingresos.

En definitiva, su facultad es operativa, no reguladora general: organiza sus loterías autorizadas, pero debe respetar los límites de explotación y las obligaciones aplicables de protección del consumidor, juego responsable y prevención del fraude.

Para participar en Euromillones, Eurojackpot o la Bonoloto en España, hay que tener 18 años cumplidos, no estar afectado por una prohibición legal de juego y adquirir una apuesta válida por un canal autorizado. La nacionalidad española no es un requisito para comprar presencialmente: también pueden participar personas extranjeras y turistas. Conviene distinguir entre comprar un boleto en un establecimiento, jugar por internet y cobrar un premio, porque las exigencias de identificación no son iguales.

1. Tener la edad mínima legal

La Ley 13/2011, de regulación del juego, prohíbe participar a los menores de 18 años. Esta prohibición se aplica a los tres sorteos y no desaparece porque un adulto autorice al menor o le facilite el dinero. No debe confundirse la posibilidad material de obtener un boleto con tener derecho a participar legalmente.

2. No estar sujeto a una prohibición de participación

Además de la edad, deben respetarse las prohibiciones personales previstas en la legislación del juego. Entre las situaciones relevantes están:

• Haber solicitado voluntariamente la prohibición de acceso al juego, conocida como autoprohibición.
• Tener prohibido el acceso al juego mediante resolución judicial firme.
• Estar afectado por una limitación judicial que impida participar.

Una discapacidad no debe confundirse automáticamente con una prohibición de jugar: lo relevante es la restricción legal o judicial aplicable a la persona. Las normas de Bonoloto también recogen expresamente prohibiciones de participación.

Existen, además, exclusiones por vinculación con el operador: determinados titulares, directivos y empleados directamente implicados, así como familiares comprendidos en la ley, no pueden participar en los juegos respecto de los que resulte aplicable esa incompatibilidad. No se trata de una prohibición general para cualquier trabajador del sector.

3. Nacionalidad, residencia y compra presencial

Para adquirir presencialmente un boleto válido en España no se exige ser español ni residir en el país. Una persona extranjera mayor de edad puede participar si no está legalmente excluida y compra en un punto autorizado. Esta posibilidad se recoge también en la información divulgativa de Demócrata sobre los sorteos.

Normalmente no se exige mostrar documentación al efectuar una compra presencial. Sin embargo, eso no elimina la obligación de ser mayor de edad ni convierte en admisible la participación de una persona prohibida.

4. Requisitos adicionales para jugar por internet

La participación online requiere registro e identificación en el canal oficial correspondiente. Deben facilitarse datos personales verificables y superarse los controles de identidad, edad y prohibiciones que resulten aplicables. También deben cumplirse las condiciones territoriales y técnicas del operador.

Por tanto, que un turista pueda comprar presencialmente no significa que pueda abrir una cuenta online en idénticas condiciones. Antes de registrarse, debe revisar las condiciones del servicio concreto; tampoco debe presumirse que los tres sorteos utilizan el mismo sistema de cuenta.

5. Apuesta válida y cobro del premio

La apuesta debe quedar correctamente registrada dentro del plazo del sorteo mediante los sistemas del operador autorizado. Comprar fuera de plazo o utilizar una vía no autorizada no equivale a disponer de una participación válida.

Para cobrar, especialmente premios elevados, pueden solicitarse DNI, NIE o pasaporte y datos bancarios. Estos son requisitos de identificación y pago, distintos de los exigidos al comprar. En definitiva: ser mayor de edad es indispensable, pero también hay que respetar las prohibiciones personales y las condiciones del canal utilizado.