El parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, reclamará al Departamento de Salud que haga público el acuerdo que permitió emplear imágenes de Osakidetza para entrenar una herramienta de inteligencia artificial, cuyo código fuente y modelo entrenado pertenecen a Transmural Biotech, empresa integrada en el grupo asegurador Asisa. Su objetivo es despejar si esta compañía privada “hace negocio” con una IA construida a partir de mamografías realizadas en la sanidad pública.
A través de un comunicado, Hernández ha señalado que la documentación oficial del Gobierno Vasco recoge que esta herramienta, concebida para ayudar al personal de radiología a priorizar la lectura de mamografías, se entrenó con parte de las 12.960 imágenes de Osakidetza obtenidas mediante un acuerdo de colaboración con Biodonostia.
El parlamentario ha subrayado que las mamografías “se hicieron en Osakidetza, con recursos públicos y con el trabajo de sus profesionales”, y ha criticado que esas imágenes “han contribuido a crear un producto que hoy es propiedad de una empresa de un grupo asegurador privado”.
En su opinión, el Gobierno Vasco “tiene que explicar qué derechos le ha dado a esa empresa para hacer negocio con el modelo y qué ha obtenido a cambio la sanidad pública”. Por ello, Sumar ha solicitado copia del acuerdo de colaboración con Biodonostia y del contrato adjudicado a Transmural Biotech para el desarrollo e implantación de algoritmos de imagen médica.
Información sobre los derechos y condiciones de uso
Hernández pedirá además las cláusulas que determinan el uso de las imágenes y la explotación del modelo, así como la documentación necesaria para conocer cuánto ha abonado Osakidetza por esta herramienta y bajo qué condiciones podrá seguir utilizándola, auditándola y manteniéndola una vez finalice el contrato.
“Cuando la sanidad pública aporta los datos y el trabajo que hacen posible una tecnología, debe tener capacidad para decidir cómo se utiliza y para seguir usándola con autonomía”, ha manifestado el parlamentario, quien ha añadido que es imprescindible aclarar si el Gobierno Vasco “garantizó esos derechos o si Osakidetza tendrá que volver a pagar a una empresa del grupo Asisa para utilizar una herramienta que ayudó a desarrollar”.