La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha mostrado su rechazo a la modificación de la Ley Agraria que plantea posponer las elecciones al campo en la comunidad. Según ha explicado, dicho cambio se incluye "de tapadillo" dentro del decreto ley de ayudas a cereceros, al cereal y a la apicultura que la Junta aprobó la pasada semana en el Consejo de Gobierno autonómico.
Gil Rosiña ha denunciado que, mediante una disposición transitoria única y "por decreto", se altera la normativa agraria para que no se celebren las elecciones al campo en el año que corresponde, algo que considera "muy grave" y con lo que el PSOE discrepa frontalmente.
"¿Dónde está escrito que las elecciones al campo en Extremadura son incompatibles con las elecciones municipales?", ha planteado la portavoz socialista, que ha exigido a la Junta que explique cuál es el "objetivo político" que persigue con esta iniciativa.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este martes en la Asamblea, ha criticado que "no tiene razón de ser que aproveche ese decreto ley para meter en las disposiciones una modificación de la Ley Agraria para quedar sine die la celebración de las elecciones al campo".
El PP defiende el aplazamiento para no solaparlas con las municipales
Desde el Grupo Popular, su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha respondido a la diputada socialista recordando que durante los 36 años de gobiernos del PSOE en Extremadura "estuvieron quince años sin convocar las elecciones al campo" y que ahora "pone el grito en el cielo" por una reforma de la Ley Agraria que, a su juicio, no debería generar controversia.
Ha detallado que la modificación propuesta prevé, en primer término, el aplazamiento de los comicios al campo "por cuestiones organizativas" para evitar que coincidan con las elecciones municipales, con el propósito de que "se hable de campo y no se hable de política".
El portavoz 'popular' ha añadido que este planteamiento se ha comunicado a las organizaciones agrarias y que, una vez trasladadas las explicaciones, "han visto que las consideraciones que se realizan son justas". "Fin de la polémica", ha zanjado, subrayando además que algunas de las organizaciones que inicialmente protestaron han admitido que lo hicieron antes de conocer todos los detalles.
Exigencia de explicaciones por el "hackeo" de datos del SES
En otro orden de cosas, Gil Rosiña ha reclamado "luz y taquígrafo" al Ejecutivo regional sobre el "hackeo" de datos de 18.000 usuarios del SES conocido recientemente en Extremadura, y ha avanzado que el PSOE pedirá aclaraciones mediante una pregunta en el pleno de la Asamblea del próximo jueves.
La dirigente socialista ha señalado que "desde el día 5 que se produce el robo de los datos no se conoce por los propios afectados hasta el día 29 cuando tiene lugar la detención por parte de la Policía Nacional del presunto autor de los hechos", algo que, ha recalcado, "no es una cuestión menor".
"No es una cuestión menor. Es que aquí ahora pasan cosas graves y la Junta parece que es como si no va con ellos", ha censurado. "Se han robado los datos de 18.000 usuarios del SES y esto no es ninguna broma", ha insistido, reprochando la gestión que, a su entender, ha hecho el Gobierno regional.
La Junta defiende su actuación y apela a las directrices policiales
Por su parte, el portavoz del PP ha criticado que el Grupo Socialista pretenda "generar miedo" con este asunto y ha defendido que la Junta de Extremadura ha actuado "con diligencia y con responsabilidad", ya que los sistemas de seguridad del Servicio Extremeño de Salud "funcionaron".
Según ha explicado Sánchez Juliá, "el ataque fue detectado e interceptado de forma inmediata, y eso consiguió que únicamente se viese afectado el 1 % de los usuarios del Servicio Extremeño de Salud". Ha añadido que la denuncia se presentó ante la Policía Nacional en cuanto se tuvo conocimiento del incidente, lo que permitió abrir una investigación que ha culminado con la detención del presunto responsable.
Asimismo, ha subrayado que se informó a todos los afectados en el momento en que las autoridades judiciales y policiales lo autorizaron, dado que el caso está sometido a una investigación judicial y policial cuyas directrices, ha asegurado, ha seguido en todo momento el Ejecutivo autonómico.