El Tribunal de Cuentas ha vuelto a advertir este martes en el Congreso sobre el "uso excesivo" de la contratación menor detectado en 2022 en las universidades públicas de Cantabria, Murcia y Extremadura.
La presidenta del organismo fiscalizador, Enriqueta Chicano, ha intervenido ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para presentar el Informe de fiscalización de la contratación realizada por las universidades y sus entidades dependientes de comunidades autónomas sin órgano de control externo propio correspondiente al ejercicio 2022.
En dicho documento, el Tribunal constata un recurso intensivo a la contratación menor por parte de varias universidades públicas y de sus entidades vinculadas en territorios sin Órgano de Control Externo (OCEX) propio.
Esta conclusión forma parte del informe de fiscalización aprobado por el Pleno, relativo a 2022, en el que se examinan 198 contratos de cinco universidades públicas y otros 154 contratos de seis entidades dependientes.
Durante su comparecencia, Chicano ha subrayado que, en 2022, las universidades formalizaron más de 34.500 contratos por un importe global que supera los 67 millones de euros.
El informe precisa que la contratación menor representó un peso muy elevado sobre el total adjudicado en cuatro de las cinco universidades analizadas: llegó al 58 por ciento en la Universidad de Murcia, al 51 por ciento en la de Cantabria, al 37 por ciento en la Politécnica de Cartagena y al 30 por ciento en la Universidad de Extremadura. Solo la Universidad de La Rioja registró un porcentaje sensiblemente inferior, del 18 por ciento.
Esta modalidad contractual, aunque contemplada en la normativa vigente, "conlleva riesgos específicos derivados de la no exigencia de publicidad ni concurrencia", según advierte el Tribunal de Cuentas, lo que puede facilitar adjudicaciones fraccionadas o repetitivas.
El documento valora de forma favorable que las universidades hayan empezado a implantar medidas para planificar mejor su contratación y limitar el uso sistemático de los contratos menores.
Entre las actuaciones mencionadas figuran una mayor previsión de las necesidades, el refuerzo de los procedimientos internos y la posible apuesta por contratos de prestación sucesiva, más adecuados para servicios de carácter continuado.
Además del examen técnico, la fiscalización ha tenido un impacto directo en la mejora del cumplimiento de la normativa por parte de las entidades afectadas.
En concreto, ha logrado que las entidades dependientes que hasta ahora no remitían su información contractual al Tribunal de Cuentas —en ocasiones por desconocer esta obligación legal— hayan comenzado a enviarla.
El Tribunal de Cuentas ha emitido también un bloque de recomendaciones dirigidas tanto a las universidades como a sus entidades vinculadas.
Entre otras, insta a las universidades de Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia y Politécnica de Cartagena a adoptar las medidas necesarias, especialmente en el caso de la Universidad de Extremadura, para asegurar que el envío de la información sobre la contratación celebrada se efectúe en los términos fijados en la legislación aplicable y conforme a lo previsto en la Instrucción aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 28 de junio de 2018.
Asimismo, a todas las entidades dependientes fiscalizadas se les recomienda que adopten las medidas oportunas para garantizar que la remisión al organismo de la información contractual se realice de acuerdo con la normativa vigente y con la citada Instrucción de 28 de junio de 2018.
El Tribunal también aconseja que estas entidades lleven a cabo una planificación adecuada de la cobertura de sus necesidades recurrentes, evitando la sucesión de contratos destinados a atender servicios continuados, lo que "permitiría la contratación de los servicios y suministros necesarios a través de los procedimientos ordinarios de adjudicación, con plena garantía de los principios de publicidad y concurrencia".