Le Conseil de Gouvernement s'est réuni de manière extraordinaire en raison des incendies dans la Sierra Oeste de la Communauté de Madrid.
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À partir de 13h00, il est prévu que la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fasse une déclaration depuis la Real Casa de Correos après une réunion extraordinaire du Conseil de Gouvernement.
L'intervention se produit en pleine vague de incendies en Espagne, qui sont particulièrement durs dans la Communauté de Madrid. La présidente a réuni son Exécutif en raison des feux dans la Sierra Oeste de la région, qui sont encore en cours de contrôle.
En el ordenamiento español, un presidente autonómico es la máxima autoridad política de protección civil en su comunidad, pero sus poderes en emergencias están encuadrados en un sistema compartido con el Estado. La Constitución reserva al Estado la seguridad pública y las bases de la protección civil, mientras que las comunidades asumen su gestión ordinaria y la organización de sus propios servicios. Sobre esa base, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa básica de desarrollo articulan la dirección política autonómica de las emergencias y su coordinación con el nivel estatal. Los detalles concretos se completan en cada Estatuto y en las leyes autonómicas de emergencias.
La Constitución, a través de la competencia estatal sobre seguridad pública (art. 149.1.29) y de las materias que pueden asumir las comunidades (incluida la protección civil), estructura un modelo en el que el Estado fija el marco y las comunidades gestionan la respuesta ordinaria. Ese esquema se refleja en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que configura un sistema cooperativo, integrado en la seguridad nacional, y reconoce el papel central de los órganos de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas.
El desarrollo reglamentario estatal, como la Norma Básica de Protección Civil, el Plan Estatal General de Emergencias y diversos planes y directrices de riesgo específico (incendios forestales, inundaciones, riesgo sísmico, riesgo radiológico, emergencias aeronáuticas, etc.) –publicados, entre otros, en normas como la resolución sobre incendios forestales, la de inundaciones o la de riesgo sísmico– fijan criterios comunes que deben seguir los planes territoriales autonómicos.
En el plano extraordinario, la Ley Orgánica 4/1981 regula los estados de alarma, excepción y sitio. Su aplicación en crisis recientes ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional en sentencias como la STC 183/2021 y la STC 148/2021, que analizan, entre otros aspectos, la designación de autoridades autonómicas como competentes delegadas.
La propia Ley 17/2015 reconoce que las comunidades autónomas han “desplegado sus competencias propias” en protección civil, creando servicios y órganos de coordinación de emergencias. Esos órganos autonómicos se integran como “elementos esenciales” del sistema y se conectan con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, que dirige las emergencias de interés nacional. La ley subraya que, aun cuando el Estado asume la dirección en esas emergencias de interés nacional, los centros autonómicos se integran operativamente en la coordinación y el Estado debe poner sus recursos a disposición de comunidades y entidades locales.
A partir de este marco, las leyes autonómicas concretan el rol del presidente. Por ejemplo, en Andalucía, la gestión de emergencias se ordena a través de la Ley 2/2002, modificada por la Ley 2/2023, y del entramado institucional regulado, entre otras, por el Decreto 270/2024 y normas dictadas durante la pandemia como el Decreto-ley 13/2020 y el Decreto-ley 12/2020. En la Comunidad de Madrid, la organización del sistema se recoge en la Ley 5/2023 y en el Plan Territorial de Protección Civil. En Cataluña, el marco institucional de la presidencia se define en la Ley 13/2008 de la presidencia y del Gobierno.
Sobre esa base constitucional, básica y autonómica, las competencias específicas del presidente autonómico en emergencias suelen articularse en torno a varios ejes:
Cuando se declara un estado de alarma con base en la Ley Orgánica 4/1981, la autoridad originariamente competente es el Gobierno de la Nación, aunque puede delegar en autoridades autonómicas. La jurisprudencia constitucional reciente –por ejemplo, las sentencias 183/2021 y 148/2021– ha examinado críticamente el alcance de estas delegaciones. En cualquier caso, incluso bajo estado de alarma, el presidente autonómico mantiene la dirección ordinaria de sus servicios de protección civil y sanitarios, pero sometida a las decisiones adoptadas por la autoridad estatal competente.
No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre el detalle de cada Estatuto y de cada ley autonómica, por lo que las competencias concretas (por ejemplo, firma de órdenes de evacuación, cierres de actividades o uso obligatorio de determinados recursos) dependerán de la regulación específica de cada comunidad dentro del marco básico descrito.
Entre otras normas relacionadas con la gestión de emergencias y su impacto figuran el Real Decreto 264/2021, el Real Decreto 837/2020, planes estatales como los aprobados por los reales decretos 1054/2015 y 1053/2015, la regulación de la red radio de emergencias (Orden INT/1149/2018), la estrategia y planes sectoriales posteriores (Estrategia 2019, acuerdo sobre radiaciones, Ley 8/2011 de infraestructuras críticas, Real Decreto 307/2005, etc.), así como la abundante jurisprudencia constitucional en materia competencial (por ejemplo, STC 87/2016, 128/2016, 52/2017 o el conflicto 197/1981), que perfila los límites entre el poder estatal y las competencias autonómicas de las que trae causa la posición del presidente de cada comunidad en materia de emergencias.
Finalmente, en el ámbito educativo y de autoprotección, también se insertan piezas como el plan de formación ante emergencias en centros educativos o normas sectoriales sobre riesgo de inundación, radiaciones y otras (gestión del riesgo de inundación), que condicionan la planificación autonómica. Otras referencias sectoriales y autonómicas complementarias son, por ejemplo, la Ley catalana 3/2010 sobre incendios, la normativa institucional de Cataluña (Ley 2/2009, Ley 17/2009, Ley 2/2022), así como otras disposiciones madrileñas (Ley 10/2022, Ley 11/2017, publicación autonómica de la Ley 5/2023) y andaluzas (Decreto 8/2022), todas ellas dentro del marco básico estatal descrito.
Isabel Díaz Ayuso milita en el Partido Popular y es, a día de hoy, la principal dirigente de esta formación en la Comunidad de Madrid. Según su ficha política, pertenece a la aglomeración denominada “Popular”, encuadrada en el Grupo Parlamentario Popular en Madrid. Es presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019 y preside también el PP de Madrid, consolidando un liderazgo autonómico con fuerte proyección nacional. Su trayectoria se ha desarrollado íntegramente en el espacio institucional y orgánico del PP madrileño, con un perfil ideológico claramente de derechas y muy confrontativo.
Las bases de datos parlamentarias la sitúan en el partido Popular, formando parte del Grupo Parlamentario Popular en Madrid. En el ámbito orgánico, figura como presidenta del PP Comunidad de Madrid, un rol clave que la convierte en la máxima responsable del partido en la región.
En el plano institucional, ejerce como presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid y forma parte de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid como miembro titular. Diversas informaciones de Demócrata refuerzan esta doble condición: se la menciona de forma recurrente como “presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid”, por ejemplo en el análisis sobre poder digital territorial en Madrid, donde se la sitúa en cabeza del ranking autonómico (poder digital en Madrid) y en el listado de mujeres con más poder digital, donde aparece como “Isabel Díaz Ayuso (PP, presidenta de la Comunidad de Madrid)” (mujeres con más poder digital).
La biografía sintética disponible indica que Isabel Díaz Ayuso nació en Madrid en 1978. Está licenciada en Periodismo y cuenta con un máster en comunicación política. Estos estudios la sitúan en el ámbito de la comunicación, algo coherente con el fuerte componente mediático de su liderazgo y con el protagonismo que tiene en redes sociales, donde, según los distintos rankings de poder digital publicados por el periódico Demócrata, figura entre las figuras políticas más influyentes de España (diez líderes con más poder digital y barones del PP y relato digital).
La trayectoria política de Ayuso arranca institucionalmente en la Asamblea de Madrid en 2011, donde comienza su carrera parlamentaria autonómica. Las fuentes internas sintetizan su progresión indicando que, tras su entrada en la Cámara regional, pasó por responsabilidades de portavoz adjunta y de viceconsejera dentro del Gobierno autonómico madrileño. No se detallan en estas fuentes las áreas concretas de esas viceconsejerías, pero sí se subraya que esos pasos sirvieron de plataforma para su salto a la presidencia.
Según su biografía institucional, Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019. Fue elegida tras las elecciones autonómicas de ese año y desde entonces ha ido reforzando su posición:
Demócrata recoge de forma constante este dominio electoral. En encuestas autonómicas recientes, se describe a Ayuso como dirigente que consolidaría e incluso ampliaría su mayoría absoluta si se celebraran elecciones, situando al PP madrileño claramente por delante del bloque de izquierdas (encuesta Data10 para Madrid).
Su biografía resumida destaca que Ayuso lidera la Comunidad de Madrid con un “marcado perfil de derecha”. Se señala que su gestión “ha estado marcada por controversias, especialmente durante la pandemia”, etapa en la que la Comunidad de Madrid fue uno de los focos de debate político y mediático. También se subraya que es conocida por un estilo confrontativo y por propuestas polémicas, algo que encaja con la cobertura habitual que le dedica Demócrata: desde sus choques con otros partidos nacionales, como Vox o el PSOE, hasta sus enfrentamientos con líderes internacionales como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum (polémica con Sheinbaum).
En el plano interno del PP, distintos análisis de Demócrata la sitúan como una de las baronesas más poderosas del partido, con un peso que en ocasiones ha tensionado la dirección nacional. En el artículo que repasa la caída de Pablo Casado, se recuerda cómo el conflicto por la investigación interna sobre Ayuso y su entorno fue uno de los detonantes de aquella crisis de liderazgo en Génova (crónica sobre la caída de Casado).
Además de su papel autonómico, Ayuso es uno de los rostros con mayor proyección nacional dentro del PP. Demócrata la incluye de forma recurrente en los rankings de poder digital, tanto en listados generales como en los específicamente centrados en barones territoriales del PP, donde se indica que es la líder con mejor marca del partido y que incluso supera al propio presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, en capacidad de influencia en redes (barones del PP y relato digital).
En conjunto, las fuentes la retratan como una dirigente del Partido Popular cuya carrera se ha construido en torno a la Comunidad de Madrid, combinando cargos orgánicos (presidenta del PP madrileño) e institucionales (presidenta del Gobierno regional) y proyectando su figura más allá del ámbito autonómico gracias a un discurso de fuerte confrontación ideológica y a una presencia muy cuidada en el espacio mediático y digital.
En los últimos años, las comunidades autónomas han respondido a los grandes incendios forestales combinando tres grandes líneas: refuerzo de medios de extinción, más prevención y gestión del territorio, y regulación más estricta del uso del fuego y del monte, junto con campañas de sensibilización ciudadana. Galicia, Andalucía, Madrid, Asturias o Extremadura ofrecen ejemplos claros de este giro hacia la “prevención estructural” y no solo la extinción. Además, muchas medidas se inscriben en planes autonómicos específicos (Pladiga en Galicia, INFOMA en Madrid, planes gallegos y extremeños, etc.) y en una coordinación creciente con el Estado y entre comunidades.
Galicia es uno de los casos más avanzados. Su Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga) se ha ido reforzando con más personal y tecnología: la Xunta destaca un operativo de más de 7.000 personas, la ampliación de su red de vigilancia hasta 177 cámaras que cubren más del 85% del territorio y la incorporación de nuevas bases aéreas, motobombas y maquinaria pesada, según la nota oficial sobre Pladiga 2024 (coordinación Xunta–Gobierno central). Otra nota prevé 13,7 millones de euros hasta 2026 para infraestructuras contra incendios (puntos de agua, pistas, etc.) dentro de cuatro planes (prevención, detección, extinción y formación) (inversión en infraestructuras).
Además, Galicia ha reforzado medios aéreos, brigadas, drones, cámaras y directores de extinción, según recoge el periódico Demócrata en la pieza sobre el Pladiga 2026 (nuevos medios aéreos en Galicia), y mantiene convenios específicos con Defensa para la campaña de prevención (convenio Defensa–Xunta). La coordinación con Fiscalía y cuerpos de seguridad para investigar delitos incendiarios también se ha reforzado (coordinación con Fiscalía).
Madrid ha aprobado el programa “Madrid Forestal”, con 160 millones hasta 2030 para “blindar los montes y frenar los incendios”, incluyendo apoyo a municipios para redactar planes municipales de incendios y un fuerte impulso al aprovechamiento de la madera como herramienta de gestión del combustible (Madrid Forestal). Durante emergencias como la actual, su Plan Especial INFOMA llega a nivel 3, lo que implica activar todos los medios regionales y estatales (nivel 3 del INFOMA).
Andalucía ha impulsado un cambio normativo de calado: un decreto ley para usar el pastoreo controlado (usos silvopastorales) como herramienta de prevención, reduciendo la carga de combustible vegetal en montes públicos mediante ganadería extensiva, especialmente ante una campaña 2026 de alto riesgo (decreto de pastoreo controlado, desarrollado y aprobado sin votos en contra según otra crónica: aprobación del decreto).
En el conjunto de España, Demócrata señala que Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Galicia encabezan la inversión autonómica en prevención y extinción en 2026 (ranking de gasto autonómico). Otras medidas estructurales pasan por fomentar “paisajes mosaico” con agricultura y ganadería extensiva, algo que organizaciones como Greenpeace reclaman a las comunidades para reforzar la planificación preventiva y la gestión forestal (posicionamiento de Greenpeace).
Varias comunidades han endurecido la normativa de uso del fuego y de actividades en el monte. Demócrata recuerda que todas deben elaborar planes de prevención, vigilancia y extinción, y que regulan con detalle quemas, trabajos forestales y restricciones en épocas de máximo riesgo (análisis legal sobre limpiar el monte). En Extremadura, por ejemplo, la Ley 5/2004 y el Decreto 52/2010 limitan y condicionan las quemas de rastrojos y pastos, que solo se permiten por motivos fitosanitarios y con informe previo de la consejería competente (normativa extremeña).
Cantabria, que vive un 2026 “especialmente negro” con más de 1.000 incendios provocados, ha puesto el foco en reforzar la formación de sus bomberos forestales: el Parlamento exige planes formativos de al menos 100 horas y el Gobierno regional ha iniciado un programa de refuerzo para todo el personal antes de que acabe el año (situación en Cantabria, formación en Cantabria).
Las campañas de concienciación se han intensificado. El Principado de Asturias ha lanzado en 2026 la campaña “Querida o quemada, pregúntate cómo quieres Asturias”, con mensajes que apelan a la responsabilidad individual, ponen en valor el trabajo de los equipos de extinción y recuerdan la importancia de avisar al 112 ante cualquier indicio de fuego; el Gobierno asturiano liga esta campaña a una inversión récord de 100 millones en lucha contra incendios en 2026 (campaña de Asturias).
En la Comunidad Valenciana, ante incendios como el de la Vall d’Uixó, la Generalitat utiliza el sistema Es-Alert para enviar recomendaciones masivas de confinamiento, cierre de ventanas y sistemas de ventilación, mostrando cómo Protección Civil autonómica integra la comunicación de riesgo y salud pública en la gestión de incendios (mensajes Es-Alert).
Otra constante es la cooperación interterritorial. Galicia ha movilizado más de 60 efectivos y medios aéreos y terrestres de su servicio SPIF para apoyar a Madrid y Castilla y León durante la actual emergencia, manteniendo esos efectivos desplegados tras nueva petición de la Junta castellanoleonesa (apoyo gallego a otros territorios, mantenimiento de medios en Castilla y León). Al mismo tiempo, el Gobierno central ha reforzado la coordinación estatal mediante un nuevo real decreto para mejorar la interoperabilidad de medios y la cooperación entre administraciones (real decreto estatal de coordinación), y adelanta de forma reiterada la campaña estatal contra incendios, coordinando medios como BRIF, hidroaviones o UME con las autonomías (adelanto campaña 2024, nota de Interior 2024, adelanto campaña 2025, adelanto campaña 2026, referencia de Moncloa 2026).
En paralelo, el Ministerio del Interior mantiene campañas y recomendaciones generales, insistiendo en respetar las normas autonómicas sobre quemas y uso del monte (alerta por altas temperaturas 2024, riesgo extremo 2024, alerta 2025, campaña hasta 31 de octubre), y coordina fases de preemergencia y asignación de medios cuando varias comunidades se ven afectadas simultáneamente (fase de preemergencia 2025, coordinación de medios 2025, nota paralela de Moncloa).
Todo ello configura un patrón claro: más inversión autonómica, más gestión activa del paisaje, normas más estrictas sobre el uso del fuego y un esfuerzo creciente por formar, informar y coordinar, aunque organizaciones como Greenpeace siguen reclamando a las comunidades una planificación preventiva aún más ambiciosa.
Jouer
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