El Gobierno había recibido varias advertencias sobre el deterioro de la situación migratoria en Ceuta antes de la avalancha de finales de julio, pero las medidas de refuerzo no llegaron hasta que la frontera quedó desbordada.
Sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil habían alertado durante semanas del incremento de personas que trataban de alcanzar la ciudad autónoma por mar. También avisaron de que una reciente resolución judicial, unida a la actividad de las mafias y a la difusión de mensajes en redes sociales, podía favorecer nuevas llegadas.
La situación terminó estallando los días 29 y 30 de julio, cuando más de 70.000 personas intentaron entrar en Ceuta. Las autoridades españolas contabilizaron 80 fallecidos y Marruecos recuperó otros 14 cadáveres en su territorio. El balance confirmado asciende así a 94 muertos, aunque organizaciones humanitarias temen que pueda ser mayor.
Una sentencia que modificó las reglas en la frontera
El punto de inflexión llegó después de una resolución judicial publicada a finales de junio. La sentencia limitaba las devoluciones inmediatas a quienes hubieran cruzado una barrera física, lo que complicaba su aplicación en el caso de las personas que llegaban nadando hasta territorio español.
La interpretación del fallo comenzó a circular rápidamente. Vídeos y mensajes que mostraban entradas exitosas por mar se extendieron por redes sociales y, según los agentes destinados en la frontera, contribuyeron a multiplicar los intentos.
El Ejecutivo ha defendido que las redes dedicadas al tráfico de personas aprovecharon la resolución para difundir información engañosa y estimular las llegadas.
Los sindicatos pidieron medidas con antelación
Los avisos, sin embargo, habían llegado antes del colapso. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) advirtió a comienzos de julio de que la sentencia generaba una situación jurídica difícil de gestionar y reclamó protocolos claros para los agentes que vigilaban la frontera.
Días después, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) insistió en la necesidad de aumentar los efectivos y reforzar la respuesta administrativa. Su temor era que las organizaciones criminales adaptaran rápidamente sus métodos a cualquier cambio legal que dificultara las devoluciones.
La presión continuó aumentando y, apenas una semana antes de la avalancha, el sindicato policial volvió a comunicar que las entradas marítimas eran constantes y estaban sobrecargando unas instalaciones que no tenían capacidad para afrontar una llegada masiva.
Entre las propuestas figuraba habilitar un espacio provisional para atender a los recién llegados.
Interior defiende su actuación
El Ministerio del Interior sostiene que las autoridades estudiaron distintas soluciones desde que se conoció la sentencia.
La respuesta más visible llegó después de la crisis, con la instalación de una barrera flotante en el mar el 1 de agosto. Interior asegura que los trabajos de análisis realizados previamente permitieron poner en marcha el dispositivo con rapidez una vez tomada la decisión.
Desde la Delegación del Gobierno en Ceuta también rechazan que pueda establecerse una relación directa entre las llegadas registradas durante las semanas anteriores y la avalancha de finales de julio.
Los sindicatos, por el contrario, aseguran que sus comunicaciones no se tradujeron en nuevas órdenes ni en cambios operativos relevantes antes de que la situación se descontrolara.
Marruecos también reaccionó cuando la presión ya era máxima
La gestión marroquí es otra de las cuestiones que deja el episodio. España depende en buena medida de la colaboración de Rabat para frenar los movimientos migratorios hacia Ceuta y Melilla. La Unión Europea destina además importantes cantidades de dinero a Marruecos para reforzar el control de sus fronteras.
Pese a que desde mediados de julio ya se había detectado un mayor número de intentos de entrada, los controles más intensos en territorio marroquí no comenzaron hasta los días inmediatamente anteriores a la avalancha.
Los grandes refuerzos de seguridad llegaron cuando miles de personas ya se estaban desplazando hacia Ceuta. Un alto responsable marroquí ha defendido que Rabat había preguntado previamente a España por las posibles consecuencias de la sentencia y considera que correspondía a las autoridades españolas gestionar sus efectos.
La crisis reabre el debate sobre la política migratoria europea
La tragedia vuelve a poner bajo presión el modelo europeo de control de fronteras y la dependencia de países del norte de África para contener las salidas.
España y Marruecos han defendido su cooperación pese a lo ocurrido, mientras la Comisión Europea ha mostrado su disposición a seguir financiando medidas destinadas a reforzar la frontera.
Desde Rabat, sin embargo, también reclaman mayor coherencia a los países europeos. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha cuestionado que España facilite la integración laboral de migrantes mientras Marruecos dedica recursos a impedir que esas mismas personas alcancen territorio español.
El episodio deja así una cuestión abierta: si las señales de alarma estaban sobre la mesa desde semanas antes, por qué las medidas decisivas no llegaron hasta después de una avalancha que dejó decenas de muertos y desbordó por completo la frontera de Ceuta.