La ONG Amnistía Internacional (AI) ha hecho público este martes un informe en el que denuncia un repunte de los "abusos contra los Derechos Humanos" que constituyen "crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad" perpetrados por combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) contra la población civil en el este de República Democrática del Congo (RDC).
AI subraya que "la población civil de la región oriental de República Democrática del Congo sufre un aumento de los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", según recoge el nuevo documento sobre los ataques de las ADF en esta zona.
El grupo armado, surgido en Uganda en la década de 1990, juró lealtad a la organización terrorista Estado Islámico, que en 2019 aceptó formalmente ese juramento y lo integró como Provincia de Estado Islámico en África Central. En la misma región opera también el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, cuyo avance centró gran parte de la atención nacional e internacional a comienzos de 2025 en el marco de las conversaciones de paz entre la RDC, el propio M23 y el Gobierno ruandés, lo que habría permitido a las ADF aprovechar la desviación de tropas y recursos.
En este contexto, "la población civil de la región oriental de RDC viene sufriendo una brutalidad extrema a manos de los combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas en forma de homicidios, secuestros y torturas, en una campaña deshumanizadora de abusos", ha manifestado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
Según ha detallado, "los combatientes de las ADF han asaltado comunidades y fincas, han atacado centros médicos, y saqueado e incendiado viviendas", una dinámica que, de acuerdo con Callamard, está alimentando "la violencia de este grupo está contribuyendo a una intensificación de la crisis humanitaria", con más desplazamientos forzosos y graves interrupciones de "servicios básicos como el acceso a alimentos, atención médica y educación".
Por ello, la responsable de AI ha urgido "que el Gobierno y la comunidad internacional intensifiquen los esfuerzos para proteger a la población civil y llevar a los responsables ante la Justicia". Ha recalcado que "estos abusos constituyen crímenes de guerra que el mundo no debe seguir ignorando" y ha insistido en que, "como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, también constituyen crímenes de lesa humanidad".
El informe se basa en investigaciones realizadas por Amnistía Internacional en la provincia de Kivu Norte en noviembre de 2025, donde la organización llevó a cabo entrevistas con 71 personas, entre ellas testigos directos y supervivientes de ataques, representantes de la sociedad civil, efectivos militares y policiales, así como personal humanitario, incluso de la ONU.
Masacres, niños soldado y violencia contra mujeres
En este trabajo, AI ha identificado hasta ocho ataques atribuidos a las ADF. Aunque el grupo también se enfrenta a las fuerzas de seguridad, la ONG remarca que "su objetivo principal en los últimos años la población civil, a la que ataca deliberadamente no solo para robar comida, medicinas y otros suministros, sino también como represalia por operaciones militares". Además, "según testigos, las fuerzas de seguridad, incluidas las tropas de las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (FARDC) de bases próximas, no siempre respondieron o llegaron tarde al lugar de los ataques".
Uno de los episodios más sangrientos tuvo lugar el 8 de septiembre de 2025 en la aldea de Ntoyo, donde miembros de las ADF se infiltraron haciéndose pasar por civiles entre quienes asistían a un velatorio y, posteriormente, atacaron por sorpresa a los presentes. En esta matanza se utilizaron martillos, hachas, machetes y pistolas, y murieron más de 60 personas, sin que las fuerzas de seguridad estuvieran presentes en el momento del ataque.
"Nunca había visto tantos cadáveres", relató una testigo que encontró los cuerpos de sus padres a la mañana siguiente. Esta frase da nombre al informe, que se extiende a cerca de 60 páginas.
El documento también registra otras prácticas de las Fuerzas Democráticas Aliadas, como 46 casos de secuestro en los que las personas retenidas "sufrieron abusos y crímenes adicionales, como trabajo forzoso, tortura, esclavitud sexual y homicidios ilegítimos".
AI denuncia igualmente el "reclutamiento y utilización de niños y niñas" por parte de las ADF, señalado por Naciones Unidas como uno de los grupos más implicados en este delito en el país. Los menores son empleados "como combatientes y en trabajos de porteo, cocina y vigilancia, entre otros", y son objeto de "numerosos abusos, incluso tortura y otros malos tratos".
La organización documenta además numerosos episodios de violencia contra mujeres y niñas, entre ellos los de siete entrevistadas --dos de ellas menores-- "que fueron secuestradas por las ADF y obligadas a contraer 'matrimonio'".
"Las entrevistas indican que las ADF daban 'esposas' --a veces, muchas-- a combatientes como incentivo de reclutamiento, y que la práctica es sistemática en los campamentos del grupo", señala Amnistía, que denuncia "largos periodos de violencia sexual y física".
Exigencias al Gobierno congoleño y a la comunidad internacional
Ante esta situación, Amnistía Internacional sostiene que República Democrática del Congo "debe tomar más medidas para proteger a la población civil, lo que incluye trabajar con la ONU y las comunidades locales, mejorar los mecanismos de alerta temprana y permitir una respuesta rápida ante posibles ataques". Añade que "hacen falta un enfoque integral de seguridad, justicia y rendición de cuentas, así como programas significativos de reintegración, para abordar las necesidades de las comunidades y las personas sobrevivientes".
Agnès Callamard ha indicado que "las personas sobrevivientes nos dijeron que era urgente que se restablecieran la paz y la seguridad en la región oriental de RDC para poder reconstruir sus vidas", y ha reclamado "medidas mucho más contundentes" por parte de Kinshasa, junto con un apoyo decidido de la comunidad internacional al Estado congoleño, con el fin de "mejorar las iniciativas destinadas a proteger a la población civil, garantizar la justicia y proporcionar un apoyo a largo plazo y sostenible a víctimas y sobrevivientes".
Por último, ha advertido de que "el desinterés de la política internacional y los círculos de donantes respecto de las amenazas y crímenes generalizados de las ADF solo servirá para seguir socavando la seguridad y los Derechos Humanos en la región oriental de la RDC".