La organización Amnistía Internacional ha instado este lunes a que se abra una investigación exhaustiva sobre la posible implicación de Estados Unidos en un ataque ocurrido a comienzos de 2026 contra una embarcación ecuatoriana, incidente tras el cual siguen desaparecidos ocho de sus tripulantes. El suceso se enmarca en la política de Washington de bombardear barcos en el océano Pacífico y el mar Caribe bajo el argumento de que estarían vinculados al narcotráfico, una práctica que, desde septiembre de 2025, ha dejado ya más de 200 muertos.
Según ha detallado la ONG, “El 20 de enero 2026 el barco pesquero 'Fiorella' desapareció en aguas internacionales, tras haber zarpado del puerto de Jaramijó, Ecuador, siete días antes. Desde entonces se desconoce el paradero de ocho de sus diez tripulantes”, y ha subrayado que “los indicios apuntan a que Estados Unidos pudo haber asaltado la embarcación como parte de su más reciente política antidrogas 'Southern Spear' (Lanza del Sur), por la que más de 60 naves han sido atacadas en la región, y más de 200 personas han sido asesinadas desde septiembre de 2025”.
La reconstrucción del itinerario realizada por el laboratorio de evidencias de Amnistía concluye que “el 'Fiorella' salió del puerto de Jaramijó, en la provincia de Manabí, y navegó por aguas ecuatorianas en dirección a las Islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador”. Representantes de la entidad se desplazaron a Manta y Jaramijó para recoger testimonios de las familias de los ocho desaparecidos, que “buscan a sus seres queridos y exigen respuestas a las autoridades ecuatorianas desde enero”, y mantuvieron contactos con responsables oficiales, además de revisar “declaraciones extraídas del expediente administrativo elaborado por la Capitanía de Puerto de Manta (perteneciente a la Armada del Ecuador)”.
Tras zarpar la noche del 13 de enero con diez personas a bordo y alternar entre aguas internacionales y la Zona Económica Exclusiva de Ecuador y de las islas Galápagos, Amnistía sostiene que “en el cuarto día de navegación, la embarcación 'Fiorella' habría comenzado a ser objeto de un seguimiento sostenido por parte de aviones, patrullas y drones con simbología de Estados Unidos”. “El capitán de la nave, Juan Carlos Valencia, comunicó diariamente a su familia, a través de mensajes satelitales, su creciente preocupación por esta vigilancia”, ha señalado la organización, que indica que en los días siguientes el patrón avisó tanto a sus allegados como a los propietarios del barco de la presencia reiterada de aeronaves, drones y una patrullera estadounidense.
De acuerdo con el relato recopilado por Amnistía, el 19 de enero, jornada previa a la desaparición, la tripulación volvió a observar drones, aviones y una embarcación de patrulla. Uno de los dos supervivientes afirmó haber visto varios drones y “una embarcación grande con bandera americana”, mientras que el otro describió “una patrulla, dos aviones que pasaban bajito y que cargaban un símbolo azul parecido al de la NASA”.
En la madrugada del 20 de enero, día en que se pierde el rastro del barco, “dos lanchas pesqueras, cada una con dos tripulantes, se desprendieron del barco nodriza Fiorella para tender varios kilómetros de espinel con anzuelos cebados, una tarea habitual en la pesca artesanal de altura”. “Una de esas lanchas, la 'Primer Mandamiento', se mantuvo a una distancia considerablemente mayor del 'Fiorella' que la otra: unas 15 millas náuticas (casi 28 kilómetros). Alrededor de las 6.00 horas, la tripulación de la 'Primer Mandamiento' terminó de colocar el espinel y se dispuso a desayunar”, ha explicado la ONG, que precisa que, unas siete horas después, estos pescadores escucharon por la radio “gritos desde la otra lancha: '¡Capitán, capitán, capitán!'”. Acto seguido, cesaron todas las comunicaciones.
Los ocupantes de la 'Primer Mandamiento', “los únicos que lograron regresar con vida”, declararon ante la Capitanía de Puerto que observaron una gran columna de humo en la dirección donde se encontraba el 'Fiorella', sin poder confirmar si se trataba de un incendio en el barco nodriza. Amnistía alerta de que “del 'Fiorella' y de la segunda lancha desprendida no se ha vuelto a tener noticia”.
Amnistía exige rendición de cuentas por los ataques a barcos
Ante este escenario, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, ha señalado que “las familias de las ocho personas cuyo paradero se desconoce temen que se trate de una desaparición forzada a manos de Estados Unidos”. Ha reclamado que “las autoridades estadounidenses y ecuatorianas deben confirmar o desmentir si existió participación de agentes estatales de cualquiera de los dos países, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar con la suerte y paradero de las víctimas, y presentar evidencia fehaciente que demuestre qué fue lo que les pasó”.
Piquer ha criticado la falta de avances: “Es como si el barco se hubiera esfumado y a nadie le preocupara cómo lo hizo ni qué pasó con las personas a bordo. ¿Acaso se fue volando? A más de seis meses de lo sucedido las autoridades ecuatorianas deben responder con claridad qué acciones han realizado para establecer los hechos, qué saben, qué no y cómo piensan atender los válidos reclamos de las familias de los desaparecidos”, insistiendo en que “la investigación penal sobre estos hechos debe avanzar hasta identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia”.
Por su parte, el director de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, Daniel Noroña, ha subrayado que “la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, dos países estrechamente aliados bajo los respectivos gobiernos de Donald Trump y Daniel Noboa, “debe estar basada en la protección de los Derechos Humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho”. Ha añadido que “ambos países deben revisar los acuerdos bilaterales de seguridad existentes para garantizar que no contribuyen a la impunidad ni obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias”.
En relación con Washington, Piquer sostiene que “el Departamento de Justicia y las autoridades investigativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen la responsabilidad de investigar y establecer posibles responsabilidades penales, no sólo con relación al Fiorella, sino de todos los ataques a embarcaciones en alta mar”. Asimismo, ha pedido al Congreso estadounidense que promueva “una investigación legislativa sobre este grave incidente, con audiencias e informes que permitan esclarecer los hechos y determinar la posible participación de agencias públicas o entidades privadas bajo su mando”. Para concluir, ha reclamado que “además, todos los Estados deben suspender la cooperación internacional en materia de Inteligencia y equipamiento militar que pueda estar destinado a este tipo de operativos ilegales”.