La Fiscalía de Bolivia ha dictado este miércoles una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales por la supuesta comisión de seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado, en relación con los bloqueos que se extendieron por todo el país durante más de 50 días como protesta contra la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz.
La decisión figura en un documento firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, a raíz de la denuncia interpuesta a comienzos de julio por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro Santa Cruz, del departamento del mismo nombre, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno.
En el escrito se detalla que al exmandatario se le atribuyen los delitos de “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos”.
Morales, por su parte, responsabiliza al actual Ejecutivo de impulsar esta orden de captura y sostiene que “buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.
El ex jefe de Estado ha insistido en que está “del lado de quienes sufren” y ha subrayado que “con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado”.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, ha recalcado además: “Solo intentan desviar la atención con un nuevo titular. No nos van a intimidar”.
La querella del Comité Cívico Pro Santa Cruz también alcanza al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, según informa el diario boliviano ‘El Deber’.
Un informe de la Defensoría del Pueblo presentado a inicios de julio cifró el “coste” humano de estos bloqueos en 22 fallecidos y 88 heridos, aunque precisó que “se han manejado muchas cifras” y recordó que corresponde a la Fiscalía ofrecer los datos oficiales e impulsar los procesos penales “que correspondan”.