El Gobierno sudanés ha señalado este martes a Etiopía y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) como responsables de un ataque con drones perpetrado el lunes contra el aeropuerto internacional de Jartum. La ofensiva, que se enmarca en la guerra iniciada en abril de 2023 entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), provocó daños materiales en un edificio administrativo anexo, sin dejar víctimas mortales.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, Asim Auad Abdeluahab, ha insistido en que Jartum dispone de pruebas que vinculan a EAU y Etiopía con el ataque contra el aeródromo de la capital. Según ha explicado, desde el 1 de marzo se han detectado vuelos de drones lanzados desde el aeropuerto etíope de Bahir Dar contra zonas de los estados de Nilo Blanco, Nilo Azul, Kordofán Norte y Kordofán Sur.
Abdeluahab ha indicado que uno de estos aparatos no tripulados fue abatido el 17 de marzo y ha apuntado que el análisis de los datos de vuelo y las comunicaciones con el fabricante permitieron concluir que pertenecía a EAU y que operó desde territorio etíope. Asimismo, ha relatado que entre el 1 y el 4 de mayo se identificó otro dron despegando desde Bahir Dar que penetró hasta Yebel Aulia y desde allí habría atacado el aeropuerto de Jartum antes de ser interceptado.
En este contexto, ha subrayado que las actuaciones de EAU y Etiopía “suponen una agresión directa contra Sudán”, de acuerdo con un comunicado difundido por el Ejército en redes sociales. “Las Fuerzas Armadas de Sudán están totalmente preparadas para hacer frente a cualquier amenaza en defensa de la soberanía, la dignidad y la seguridad del país”, ha añadido, mientras Adís Abeba y Abu Dabi guardan silencio por ahora ante las acusaciones.
El ministro de Exteriores, Mohiedin Salim, ha informado de la llamada a consultas del embajador sudanés en Etiopía y ha asegurado que las autoridades cuentan con “pruebas concluyentes” de que el ataque se lanzó desde suelo etíope, “que debería ser un Estado hermano”. Se trata de una de las críticas más contundentes contra Adís Abeba desde el inicio de la guerra, en la que Jartum ha acusado en varias ocasiones al país vecino de apoyar a las RSF.
Salim ha remarcado que el aeropuerto de la capital es una infraestructura civil y que cualquier ataque contra la instalación constituye “una violación del Derecho Internacional”. Al mismo tiempo, ha expresado su inquietud por la “ausencia de condenas internacionales” tras lo sucedido y ha asegurado que tanto EAU como Etiopía “han elegido el camino equivocado” y “lamentarán” su respaldo al grupo paramilitar.
El jefe de la diplomacia sudanesa ha recalcado que, aunque Sudán “extiende su mano de buena voluntad” al pueblo etíope, considera que el Gobierno de Etiopía se ha alineado con el bando equivocado en el conflicto. Ha recalcado que Sudán “está preparado para responder” y que “tiene derecho legal a determinar la forma y tipo de respuesta”, según ha informado la agencia estatal SUNA.
“No buscamos iniciar una agresión contra ningún país, pero cualquier agresión contra nosotros tendrá una respuesta”, ha advertido. También ha avanzado que presentarán “pruebas adicionales” ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que ya han remitido anteriormente documentación para denunciar el presunto apoyo emiratí a las RSF, dirigidas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti'.
Etiopía rechaza las acusaciones y pide una tregua
Más tarde, el Ministerio de Exteriores etíope ha calificado de “infundadas” las acusaciones de Jartum, ha instado a las partes “beligerantes” sudanesas a entablar diálogo y ha pedido “una tregua humanitaria inmediata, seguida de un alto el fuego sostenido y un proceso de diálogo y transición independiente, inclusivo y transparente”, liderado por civiles, con el objetivo de “sentar las bases de una paz duradera y el restablecimiento de un gobierno civil”.
El comunicado subraya que “los pueblos de Etiopía y Sudán comparten un vínculo histórico y duradero de amistad” y que, en reconocimiento de esos lazos, el Ejecutivo etíope ha actuado con contención y se ha abstenido de hacer públicas “las graves violaciones a la integridad territorial y la seguridad nacional de Etiopía cometidas por algunos beligerantes en la guerra civil sudanesa”.
Entre esas vulneraciones, Etiopía menciona “el uso generalizado de mercenarios” del Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT) y el apoyo financiero y armamentístico que, según Adís Abeba, les habrían proporcionado las Fuerzas Armadas sudanesas para llevar a cabo “incursiones a lo largo de la frontera occidental de Etiopía”.
“Las actividades de los mercenarios del FLPT en Sudán son de dominio público, y existen pruebas abundantes y creíbles que demuestran que Sudán sirve de base para diversas fuerzas antietíopes. Es evidente que estas acciones hostiles, así como la reciente y anterior serie de acusaciones por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas sudanesas, se llevan a cabo a instancias de patrocinadores externos que buscan promover su vil agenda”, ha añadido el ministerio.
Impacto del ataque y contexto de la guerra
Imágenes difundidas en redes sociales tras el bombardeo muestran columnas de humo elevándose desde el aeropuerto de Jartum después de los ataques del lunes, lo que obligó a evacuar al personal y a cancelar un vuelo procedente de Puerto Sudán, en el este del país, según el portal Sudan Tribune. Ese mismo día también se registraron ataques con drones contra Jartum Norte y Omdurmán, ciudades vecinas a la capital, sin que se hayan reportado víctimas.
El Aeropuerto Internacional de Jartum reanudó sus operaciones en octubre de 2025, tras un largo periodo de reparaciones por los desperfectos causados por la guerra y después de que el Ejército recuperara el control de la capital meses antes. El aeródromo había permanecido bajo dominio de las RSF desde los primeros momentos del conflicto, lo que obligó al Gobierno reconocido internacionalmente a trasladarse a Puerto Sudán, en la costa del mar Rojo.
La guerra estalló el 15 de abril de 2023 por las profundas discrepancias sobre la integración de las RSF en las Fuerzas Armadas regulares, lo que descarriló la transición abierta tras la caída en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir. Ese proceso ya se encontraba debilitado tras el golpe de 2021 que forzó la salida del entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, en el que han intervenido diversos actores externos en apoyo de las partes enfrentadas, ha sumido a Sudán en una de las peores crisis humanitarias del planeta. Millones de personas se han visto obligadas a desplazarse dentro y fuera del país, mientras crece la alarma internacional por la expansión de enfermedades y la destrucción de infraestructuras esenciales, que impide atender a cientos de miles de afectados.