El Gobierno de Estados Unidos ha pedido formalmente a un tribunal federal de Florida que reconozca a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, su “inmunidad” frente a una demanda civil presentada contra varias autoridades venezolanas. La querella fue interpuesta por tres ciudadanos estadounidenses que estuvieron encarcelados durante meses por el Ejecutivo de Nicolás Maduro y que finalmente fueron liberados en un canje con la Administración de Joe Biden.
Según el escrito registrado por el Departamento de Justicia ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, “Estados Unidos informa respetuosamente a este Honorable Tribunal del interés del Gobierno de Estados Unidos en la demanda pendiente contra la presidenta Delcy Rodríguez, actual jefa de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, y por medio del presente solicitan al Tribunal que le reconozca inmunidad frente a esta demanda”. Este documento, denominado sugerencia de inmunidad, insta al juez a aceptar que la condición de Rodríguez como jefa de Estado la coloca fuera del alcance de la jurisdicción estadounidense mientras continúe en el cargo.
En la exposición de motivos, la Administración de Donald Trump deja claro su interés en el litigio “porque la demandada Delcy Rodríguez es la actual jefa de un Estado extranjero, Venezuela, quien goza de inmunidad frente a la jurisdicción de este Tribunal mientras permanezca en el cargo”. El Gobierno estadounidense sostiene que la doctrina de inmunidad de Estado protege a los mandatarios en ejercicio frente a procedimientos judiciales en tribunales de Estados Unidos.
El fiscal general adjunto Brett A. Shumate subraya en la carta remitida al juzgado que “en este caso, dado que el Poder Ejecutivo ha determinado que la presidenta Rodríguez, como jefa de Estado de Venezuela, goza de inmunidad de Estado frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses en virtud de su cargo actual, la presidenta Rodríguez tiene derecho a la inmunidad de la jurisdicción de este Tribunal sobre esta demanda mientras ocupe dicho cargo”. De este modo, el Ejecutivo norteamericano respalda que la causa no pueda proseguir contra ella mientras mantenga su posición institucional.
En la misma línea, y a modo de cierre, el Departamento de Justicia concluye que “la presidenta Delcy Rodríguez goza de inmunidad en esta acción y que todas las demandas en su contra deben ser desestimadas sin perjuicio”. Esta fórmula jurídica implica que el archivo de las reclamaciones no impediría que, en otras circunstancias, se pudieran volver a presentar si desaparecieran las condiciones actuales de inmunidad.
El procedimiento se origina en la demanda de tres estadounidenses —Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval— que exigen una compensación económica por el tiempo que permanecieron detenidos en Venezuela, donde denuncian haber sufrido torturas, hasta que un intercambio acordado entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden permitió su liberación. El caso se dirige contra altos cargos del chavismo y estructuras vinculadas al poder venezolano.
El juez Darrin P. Gayles había fijado inicialmente una indemnización de 314 millones de dólares (unos 275 millones de euros) contra los demandados, entre los que figuran siete personas —incluidos Maduro, Rodríguez y el empresario y exministro de Industria venezolano Alex Naim Saab Morán—, así como el Cártel de los Soles. La solicitud de inmunidad presentada ahora por Washington busca que, al menos en lo que respecta a Rodríguez, esa responsabilidad quede sin efecto mientras continúe como jefa de Estado.