El Congreso de Brasil ha dejado sin efecto este jueves el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un proyecto de ley que contempla rebajar las condenas impuestas a los implicados en el intento de golpe de Estado encabezado por el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien afronta actualmente una pena superior a los 27 años de prisión.
En la Cámara Alta, el resultado ha sido de 49 votos favorables a tumbar el veto y 24 en contra, superando con holgura el mínimo de 41 apoyos requerido. En la Cámara de Diputados el respaldo ha sido aún más amplio: 318 parlamentarios han votado a favor, frente a los 257 necesarios y los 144 que se han posicionado en contra, según datos de agencia Brasil.
El representante del Ejecutivo en la Cámara, Pedro Uczai, ha tratado de frenar la votación planteando una cuestión de orden. Ha defendido que otros de los más de 50 vetos parciales o totales aún pendientes de análisis deberían ser revisados con anterioridad al proyecto conocido como “Dosimetría”, llamado así por el recálculo de las penas que introduce.
Al mismo tiempo, ha avisado a los diputados de que el asunto iba más allá de una simple rebaja de las condenas dictadas por el Tribunal Supremo, sino que afectaba “sobre la cuestión de la democracia y, por lo tanto, sobre el futuro de nuevos intentos de golpe de Estado”. “No se trata de izquierda o derecha. Se trata de si queremos democracia, un golpe de Estado o una dictadura”, ha remarcado.
En el Senado, el ponente del texto, Espiridião Amim, del partido derechista Progresistas, ha defendido la revocación del veto argumentando que el proceso judicial por la conspiración golpista no habría sido equitativo. “Este es un día que puede permitirnos avanzar, o incluso superar, el primer paso hacia la justicia y la armonía política en Brasil”, ha sostenido antes de que la mayoría respaldara su informe.
La ley de Dosimetría fija que las penas por los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no se apliquen de forma acumulativa cuando se produzcan en un mismo contexto. Además, prevé una rebaja de entre uno y dos tercios para los delitos de intento de golpe o abolición cuando se ejecuten de manera colectiva, siempre que el condenado no haya financiado la acción ni ejercido funciones de liderazgo.
Esta reforma favorecería a los sentenciados por la trama golpista contra el actual jefe de Estado, Lula da Silva. Entre ellos figuran el expresidente Jair Bolsonaro, el excomandante de la Marina Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) Augusto Heleno.
La decisión del Legislativo supone un nuevo revés para Lula, que el pasado 8 de enero vetó la iniciativa al considerar que “incrementaría la incidencia de delitos contra el orden democrático e indicaría un retroceso en el proceso histórico de redemocratización que dio origen a la Nueva República”.
“El 8 de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia”, proclamó entonces el presidente, al declarar la fecha “una victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, haciendo caso omiso de la voluntad popular expresada en las urnas”.
Aquel día se cumplía el tercer aniversario del asalto a la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, el punto culminante de una conspiración que buscaba bloquear la investidura de Lula tras su triunfo en las urnas y detener a figuras clave del poder judicial, entre ellas el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, entre otros objetivos.