El Parlamento de Marruecos ha dado su visto bueno por mayoría absoluta al programa del nuevo Ejecutivo liderado por la primera ministra Fátima Zahra el Mansuri, que pasa a ser la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno en el país magrebí, al frente de una alianza formada por cuatro partidos.
El plan de Gobierno presentado por El Mansuri ha salido adelante con 204 votos favorables y 127 en contra, lo que supone un refrendo claro de la Cámara de Representantes al nuevo gabinete, surgido de las legislativas del 23 de septiembre, en las que se impuso el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), formación que encabeza la nueva jefa del Ejecutivo.
Con esta votación, el nuevo Gobierno queda formalmente investido tras una sesión en la que El Mansuri ha defendido un proyecto “nuevo y ambicioso” que apuesta por una “ruptura” en los métodos de gestión y en la ejecución de las políticas públicas, según ha informado la agencia estatal marroquí MAP.
La dirigente ha subrayado además que el programa gubernamental fue elaborado y consensuado tras “debates” y un “examen minucioso” de la coyuntura del país, teniendo en cuenta que el PAM ya integraba el anterior tripartito en el poder durante el mandato encabezado por la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), ahora excluida de la coalición.
La primera ministra ha reiterado su disposición a colaborar con las formaciones de la oposición para definir el rumbo político del país mediante el diálogo, recalcando que “los ciudadanos esperan resultados y que el Gobierno estará a la altura”. En este sentido, ha insistido en la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía, especialmente tras la baja participación registrada en los últimos comicios.
En los últimos días, El Mansuri ha señalado el control de Sáhara Occidental como una de las prioridades centrales de su mandato, avanzando que su gabinete trabajará para recabar un mayor respaldo internacional al plan marroquí de soberanía sobre el territorio, frente al rechazo firme del Frente Polisario a esta propuesta.
Los comicios legislativos en Marruecos, con una participación por debajo del 40%, estuvieron marcados por el creciente malestar social ante la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivadas de la crisis desatada a finales de julio, cuando se produjo la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta.