El Senado de Argentina ha otorgado este jueves la aprobación definitiva a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Con estos cambios se restituye plenamente la vigencia de la Ley de Tierras de 2011 y se preservan las restricciones a la adquisición de campos rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, dejando sin efecto la derogación incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 promovido por el presidente Javier Milei.
La norma ha sido ratificada con 42 votos favorables y 26 en contra, después de que el oficialismo ajustara su estrategia legislativa para impedir que los bloques opositores consiguieran anular en el Congreso la totalidad del mencionado decreto presidencial, según ha detallado el diario argentino “La Nación”.
El texto finalmente consensuado incorpora dos disposiciones centrales al proyecto original: el artículo 38, que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 —por el que se suprimían las restricciones a la extranjerización de la tierra—, y el artículo 39, que restablece la Ley 26.737, la cual establece un máximo del 15% de tierras rurales en manos foráneas y fija un límite de 1.000 hectáreas por cada titular en las áreas agrícolas de mayor productividad.
Este cambio legislativo cierra varios meses de tensiones políticas y judiciales en torno a la regulación de la tierra. Tras un primer traspié en agosto en la Cámara Alta, en medio de un cruce sobre la soberanía nacional, el debate volvió a cobrar fuerza a finales de septiembre, cuando el Tribunal Supremo argentino dejó sin efecto una sentencia anterior al concluir que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) —entidad que había promovido el amparo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras— no tenía legitimación procesal, lo que abrió de forma temporal la puerta a la venta de campos sin tope a extranjeros.
No obstante, apenas nueve días más tarde, la propia Corte Suprema rectificó su postura y dictó una medida cautelar urgente —a partir de un amparo presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, con sede en Bariloche— que paralizó de manera provisional la aplicación del decreto hasta que la Justicia resuelva sobre el fondo del litigio.
Además de reimplantar la Ley de Tierras, la nueva legislación refuerza las condiciones exigidas para llevar a cabo expropiaciones, al requerir una declaración concreta de utilidad pública y el pago previo de una compensación calculada a valor de mercado que incluya el lucro cesante.