Gambia celebra el histórico veredicto de la CIJ que condena a Birmania por genocidio contra los rohingyas

Gambia celebra el fallo “histórico” de la CIJ que declara a Birmania culpable de genocidio contra los rohingyas y ordena reparaciones.

El presidente de Gambia, Adama Barrow, durante un discurso ante Naciones Unidas en septiembre de 2024 (archivo) Li Rui / Xinhua News / Europa Press

El presidente de Gambia, Adama Barrow, durante un discurso ante Naciones Unidas en septiembre de 2024 (archivo) Li Rui / Xinhua News / Europa Press

Añadir DEMÓCRATA en Google

Pregunta a FREN

Publicado

3 minutos

Más leídas

Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 19 de noviembre de 2026 · 19 institutos

  • PP31,0 %
  • PSOE27,7 %
  • Vox19,0 %
  • Frente Amplio6,2 %
  • ERC2,6 %
01020304050ene 2024jul 2024ene 2025jul 2025ene 2026jul 2026

Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

Todas las encuestas

Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

Las autoridades de Gambia han celebrado el fallo calificado de “histórico” emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que declara a Birmania responsable de genocidio contra la minoría rohingya, poniendo fin al proceso abierto tras la demanda presentada por el propio país africano ante el alto tribunal de la ONU.

“El Gobierno y el pueblo de Gambia acogen con profunda satisfacción la sentencia dictada por la CIJ en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, ha indicado la oficina del presidente gambiano, Adama Barrow, en un comunicado difundido en redes sociales, donde subraya que se trata de “un día histórico para la justicia internacional”.

El comunicado destaca que, “por primera vez, el principal órgano judicial de Naciones Unidas ha declarado a un Estado responsable de cometer genocidio”. “La corte ha determinado que Birmania cometió genocidio contra los rohingyas, incumpliendo sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, y ha ordenado a Birmania que proceda al pago de reparaciones”, ha añadido la Presidencia gambiana.

Barrow ha rememorado que Gambia llevó el caso ante la CIJ en 2019, con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), y ha insistido en que “la obligación de prevenir y sancionar el genocidio es compartida por todos los Estados parte de la convención”. “Como nación que también ha buscado justicia tras sufrir graves abusos, no podíamos permanecer de brazos cruzados”, ha argumentado.

En este contexto, el presidente ha querido reconocer “la valentía de los supervivientes y testigos rohingyas, cuyo testimonio hizo posible este resultado”. “Su perseverancia ha sido reivindicada”, ha señalado, antes de recalcar que “la sentencia es definitiva y vinculante” y de instar a las autoridades birmanas a que “la cumplan plenamente y sin demora”.

“Hacemos un llamamiento a Naciones Unidas, a la OCI y a la comunidad internacional en su conjunto para que apoyen su plena aplicación”, ha añadido Barrow, que también ha elogiado el trabajo del ministro de Justicia de Gambia, Dawa Jallow, de su antecesor, Abubacarr Tambadou, y del equipo jurídico del país “por su competencia y dedicación inquebrantable a lo largo de los últimos siete años, llenando de orgullo a toda la nación”.

Para el mandatario, “Gambia mantiene firme su compromiso con el Derecho Internacional, la resolución pacífica de controversias y la rendición de cuentas por las atrocidades, dondequiera que estas ocurran”. El fallo de la CIJ declara a Birmania responsable de genocidio por las operaciones militares lanzadas en 2017 contra la comunidad musulmana rohingya en el estado de Rajine, ofensiva en la que murieron alrededor de 10.000 personas.

El tribunal considera probado que miles de civiles rohingyas fueron “asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza” en 2017, según expuso el juez Yuji Iwasawa, quien también reconoció ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos militares y civiles.

“Es razonable inferir que las fuerzas de Birmania actuaron con intención genocida”, afirmó el magistrado, que precisó que “el contexto que rodeó las operaciones de limpieza de 2017 creó un ambiente propicio para la violencia perpetrada durante dichas operaciones por las fuerzas de seguridad y constituyó la base de la intención de Birmania de destruir a una parte de este grupo”.

La decisión se adoptó con nueve votos a favor y seis en contra. Los jueces determinaron además que las autoridades que gobernaban entonces el país asiático “violaron sus obligaciones de evitar el genocidio” respecto a los rohingyas a manos de sus Fuerzas Armadas, y concluyeron que también se incumplió la obligación de “castigar el genocidio y otros actos recogidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.

Las operaciones examinadas por la CIJ se remontan a 2016, cuando el ARSA llevó a cabo varios ataques contra puestos fronterizos del Ejército birmano. En octubre de ese año, los militares iniciaron una primera gran ofensiva en el norte de Rajine, que originó denuncias de Naciones Unidas por graves violaciones de Derechos Humanos.

La espiral de violencia se intensificó hasta que, en agosto de 2017, las Fuerzas Armadas lanzaron una amplia campaña militar que dejó miles de muertos y provocó la huida de unas 700.000 personas hacia Bangladesh, donde actualmente viven más de 1 millón de refugiados rohingyas apátridas repartidos en más de una treintena de campos en el distrito de Cox's Bazar.