El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reclamado este viernes una posición “clara y firme” por parte de los países mediadores frente a las “violaciones” atribuidas a Israel del acuerdo sellado en octubre de 2025 para poner en marcha la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de la Franja de Gaza.
“Las continuadas violaciones por parte de la ocupación requieren una postura clara y firme de los Estados mediadores y garantes en condena de estas políticas”, ha afirmado el grupo, que ha instado a estos Estados a que “asuman sus responsabilidades a la hora de garantizar la aplicación del acuerdo”.
En este sentido, Hamás ha insistido en la necesidad de que los mediadores “obliguen al Gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu --en referencia al primer ministro israelí-- a que cumpla con sus compromisos, que detenga la agresión contra el pueblo palestino y ponga fin al hambre y el sufrimiento humano”, tal y como ha informado el diario palestino ‘Filastin’.
El movimiento islamista ha recordado que, “pasados más de 200 días desde la firma del acuerdo de alto el fuego de Sharm el Sheij en Gaza y más de dos años de brutal guerra de exterminio (...) afirmamos que Hamás y las facciones palestinas de resistencia han mostrado un respeto total de todas las cláusulas del acuerdo”, incluidas las relativas a la entrega de todos los rehenes, vivos y muertos, que permanecían en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023.
No obstante, ha denunciado que, pese a este cumplimiento, Israel “viola sus obligaciones y continúa con su agresión bajo la cobertura del acuerdo”, mediante “violaciones diarias” que abarcan “el asesinato de cientos de niños, mujeres y civiles” y “la profundización de la catástrofe humanitaria a través de un endurecimiento del cerco y la política de hambre”.
Hamás ha señalado además las restricciones impuestas en el paso de Rafá, en la frontera con Egipto, y “el movimiento hacia el oeste de la llamada ‘línea amarilla’”, que ocupa cerca del 53% del enclave y delimita las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes en virtud del acuerdo mencionado. A su juicio, estas medidas constituyen “pruebas claras del desprecio del Gobierno del criminal de guerra Netanyahu a los esfuerzos de los mediadores”.
Por este motivo, el grupo ha recalcado que la situación actual “supone una extensión de la guerra de exterminio contra los civiles palestinos y representa una situación anormal a nivel humanitario, político y legal bajo las leyes y convenciones internacionales (...), con más de dos millones de personas secuestradas ante la voluntad de una máquina de asesinato, cerco y hambre”.