Las comisiones de investigación creadas por el Gobierno de Indonesia tras las protestas contra el Ejecutivo registradas en 2025 han concluido este miércoles que existen indicios sólidos de múltiples vulneraciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas episodios de violencia sexual cometida contra menores de edad.
Estos organismos, entre los que figuran la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional sobre la Violencia Contra las Mujeres y la Defensoría del Pueblo de Indonesia, entre otros, han señalado que alrededor de 5.000 personas fueron arrestadas durante las movilizaciones desarrolladas entre agosto y septiembre del año pasado.
Las protestas, desencadenadas por la muerte de un repartidor atropellado por un vehículo policial, acabaron con once fallecidos y una decena de personas dadas por desaparecidas. Numerosos detenidos denunciaron haber sufrido malos tratos, agresiones físicas e incluso torturas a manos de los agentes encargados del operativo.
Las comisiones —que, aunque promovidas por el Gobierno, han actuado con carácter independiente— sostienen que hay pruebas preliminares de la comisión de estas violaciones. “Hay indicios de que se han producido violaciones de los Derechos Humanos en masa”, ha aclarado Saurlin Siagian, miembro de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.
Las manifestaciones, que arrancaron de forma pacífica, derivaron más tarde en graves disturbios ante el incremento de la presencia y actuación policial. Miles de estudiantes, trabajadores y activistas salieron a la calle para reclamar la disolución del Parlamento y la aprobación de una Ley de Embargo de Activos, una propuesta normativa destinada a permitir el embargo de bienes en el contexto de investigaciones penales y de corrupción.
Asimismo, los manifestantes expresaron su indignación al conocerse que el Gobierno había autorizado una dieta por vivienda para los diputados de unas 50 millones de rupias (unos 2.640 euros) al mes, una cifra que contrasta con los 380 euros mensuales de ingresos per cápita de media entre la población del país.