Naciones Unidas ha señalado este viernes que “toma nota” de la decisión de las autoridades de Birmania de trasladar a arresto domiciliario a la antigua líder 'de facto' y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, una medida anunciada el jueves junto a una rebaja de su condena y una amnistía que afecta a más de 1.500 reclusos.
El viceportavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha explicado que el secretario general, António Guterres, “ha tomado nota del traslado de la consejera de Estado Aung San Suu Kyi a una residencia designada”, y ha reiterado al mismo tiempo su petición de una “liberación rápida e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente”.
En este sentido, ha remarcado que dicha liberación sería “un paso fundamental para crear unas condiciones que lleven a un proceso político creíble” y ha indicado que Guterres “reitera que una solución política viable debe estar fundamentada en un cese inmediato de la violencia y un compromiso auténtico con el diálogo inclusivo”.
Haq ha añadido que el secretario general “subraya la importancia de que continúe el diálogo entre todas las partes interesadas pertinentes de Birmania y su enviado especial sobre cómo Naciones Unidas y sus socios, en particular la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), pueden ayudar a apoyar los esfuerzos para lograr una solución pacífica en interés del pueblo de Birmania, tal como lo solicitan el Consejo de Seguridad y la Asamblea General”.
La junta militar que controla Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 anunció el jueves una amnistía para más de 1.500 presos y una reducción de condena para varios de ellos, entre los que figura Suu Kyi. En su caso concreto, la pena ha sido acortada en una sexta parte del tiempo total que debía permanecer en prisión.
El nuevo presidente birmano y jefe de la junta, Min Aung Hlaing, precisó posteriormente que ha “conmutado el resto de la condena para que la cumpla en la residencia designada”. Suu Kyi, de 80 años, fue sentenciada inicialmente a 33 años de cárcel por múltiples cargos, desde corrupción hasta fraude electoral y violación de la ley de Secretos Oficiales, pena que posteriormente se redujo a 27 años.
El golpe militar de 2021 fue ejecutado por las Fuerzas Armadas para invalidar los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi obtuvo la mayoría parlamentaria, alegando un supuesto fraude electoral, una acusación cuestionada por observadores internacionales.
Tras la asonada, el país ha sufrido una intensa campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes, a la que se ha sumado un repunte de los combates entre el Ejército y distintos grupos rebeldes en varios estados, especialmente en áreas del noreste, próximas a la frontera con China, y en el estado de Rajine, en el oeste del país.