El Gobierno del Reino Unido está estudiando la opción de abrir una vía de comunicación con las autoridades del Gobierno talibán en Afganistán con el objetivo de hacer posible la devolución de solicitantes de asilo afganos cuyas peticiones hayan sido rechazadas. Este debate se produce en un contexto de creciente presión migratoria en Europa, donde varios países analizan posibles programas de retorno.
La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, ha indicado que el Ejecutivo observa de cerca las iniciativas puestas en marcha por otros Estados que ya exploran canales de diálogo con Kabul para tratar la repatriación de migrantes. “Estamos siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo con otros países, ya sean socios europeos u otros, y las conversaciones que mantienen con otros países, incluido Afganistán”, ha declarado ante los medios, según recoge el diario ‘The Guardian’.
Mahmood no ha llegado a confirmar si Londres iniciará negociaciones formales, pero ha dejado abierta esa posibilidad. “No voy a entrar en más debates que se estén llevando a cabo en el Gobierno --ya hablaremos de ello en el futuro--, pero por supuesto que seguimos de cerca la situación y trabajamos con nuestros socios en lo que respecta a los esfuerzos que todos debemos realizar colectivamente para intentar llegar a acuerdos. No lo descarto ni lo confirmo. No voy a hacer comentarios continuos sobre otras conversaciones que estén teniendo lugar”.
La puesta en marcha de un programa de retornos supondría un giro relevante respecto a la política actual británica, que prohíbe las deportaciones a Afganistán mientras Londres no reconozca al Ejecutivo talibán. Esta falta de reconocimiento ha sido hasta ahora un freno legal y diplomático para la repatriación de personas sin derecho a protección internacional.
Las palabras de la ministra coinciden con contactos exploratorios entre varios países europeos y las autoridades afganas. Suecia ha confirmado recientemente que actúa como facilitador de conversaciones entre Kabul y Bruselas, y en los últimos meses se han producido viajes de delegaciones europeas al país asiático para estudiar posibles fórmulas de devolución. Algunos Estados miembros de la UE han mostrado interés en este tipo de acuerdos y, en este marco, Alemania ha ejecutado deportaciones de más de un centenar de delincuentes afganos desde 2024.
El debate se agudiza mientras Afganistán continúa siendo uno de los principales países de origen de solicitantes de asilo en Reino Unido. En los doce meses previos a junio de 2025, los afganos encabezaron las llegadas en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha, con 6.360 personas, un incremento del 18% respecto al año anterior, según datos oficiales citados por el mismo medio. Entre 2022 y 2024, cerca de 29.600 ciudadanos afganos pidieron protección internacional en territorio británico.
La normativa actual impide que quienes ven rechazadas sus solicitudes sean devueltos por la fuerza a Afganistán, lo que en la práctica deja a muchos de ellos en Reino Unido sin estatus legal si no optan por una salida voluntaria.
Organizaciones humanitarias alertan de que cualquier modificación de esta política podría tener consecuencias graves, en un contexto de deterioro de los derechos humanos en Afganistán. Naciones Unidas ha descrito recientemente el país como un “cementerio de derechos humanos” que aplica un “apartheid de género”, con duras restricciones para mujeres y niñas, excluidas de la educación a partir de los 11 años y de la mayoría de empleos.
Informes recientes también señalan detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones, así como la desaparición progresiva de espacios públicos y derechos básicos, sobre todo para las mujeres, que no pueden viajar sin acompañante, deben cubrirse por completo en público y tienen prohibido hablar en determinados ámbitos.
En este contexto, especialistas remarcan que la devolución de solicitantes de asilo plantea dilemas legales y éticos. La directora del Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford, Madeleine Sumption, explica que, en teoría, la denegación del asilo implica que el Gobierno considera que la persona puede regresar con seguridad a su país de origen, aunque en la práctica muchos Estados evitan ejecutar retornos a Afganistán por la situación sobre el terreno.
Paralelamente, el Ejecutivo británico ha endurecido en los últimos meses su política migratoria, con medidas dirigidas a frenar las llegadas irregulares, entre ellas acuerdos de devolución con Francia y nuevas restricciones en los procedimientos de asilo y concesión de visados.