El sábado 25 de abril, una cadena de ataques simultáneos y perfectamente coordinados en distintos puntos de Malí, ejecutados por los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y por los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA), pilló completamente desprevenida a la junta militar que dirige el país y conmocionó al exterior. Más de 72 horas después, el escenario sigue siendo confuso y las certezas son escasas, salvo la confirmación de que entre los muertos se encuentra el ministro de Defensa, Sadio Camara.
Uno de los blancos principales fue Kati, localidad próxima a la capital y sede de la junta surgida tras el segundo golpe de Estado de mayo de 2021. Allí, un camión bomba del JNIM, la rama de Al Qaeda en el Sahel, impactó contra la residencia de Camara y acabó con la vida de quien era considerado el 'número dos' del régimen y uno de los interlocutores clave con la comunidad internacional.
El otro gran objetivo de los atacantes fue la residencia del jefe de la junta, el coronel Assimi Goita, sobre el que no ha vuelto a haber noticias desde el sábado. Aunque los comunicados oficiales insisten en que Goita continúa al mando, circulan versiones que apuntan a que habría sido evacuado a un lugar seguro durante el asalto, pero también otras que sugieren que podría estar en manos de los yihadistas.
Ante la ausencia de una prueba de vida del hombre fuerte del país, fue el primer ministro, el general Abdoulaye Maiga, quien terminó compareciendo ante los medios para dar su versión de lo ocurrido, después de visitar en el hospital a parte de los heridos junto al presidente del Parlamento de transición, el coronel Malick Diaw, otra figura central de la junta y posible relevo en caso de que Goita quede definitivamente fuera de juego.
La junta habla de intento de golpe y señala a patrocinadores externos
“Más que simples incidentes terroristas, el objetivo del enemigo era conquistar el poder, desmantelando las instituciones de la república y poniendo fin al proceso de transición”, denunció Maiga, que aseguró que las fuerzas de seguridad malienses han neutralizado a “cientos de terroristas” en todo el país y sugirió la existencia de “patrocinadores” extranjeros detrás de la ofensiva.
El primer ministro responsabilizó directamente a JNIM y al FLA, aliados desde el año pasado en una cooperación que esta operación conjunta ha confirmado, de tratar de derrocar a la junta militar. El régimen sale seriamente tocado tras ver cómo los rebeldes tuareg recuperaban sin oposición Kidal, su feudo del norte arrebatado en 2023 por el Ejército maliense con apoyo de mercenarios rusos, y cómo ambos grupos golpeaban instalaciones militares en Gao, Sévaré o Kati, además del aeropuerto de Bamako.
Queda por comprobar ahora si esta alianza de conveniencia, cimentada en la enemistad común hacia la junta, se mantendrá y si esta ofensiva coordinada desembocará en la caída del régimen. Analistas subrayan que la meta inmediata sería consolidar las zonas de influencia: el FLA en el norte, que aspira a independizar, y JNIM en el centro y hacia el sur, sobre todo en áreas rurales donde ya ejerce control y obtiene recursos.
El éxito inesperado de la operación podría servir a ambos actores como baza para negociar, ya sea con las actuales autoridades militares o con un eventual nuevo poder. De fondo planea el temor a un nuevo golpe dentro del golpe, similar al que protagonizó Goita en mayo de 2021 al deshacerse de las autoridades de transición surgidas del primer levantamiento de agosto de 2020, esta vez impulsado por sectores descontentos dentro de las propias Fuerzas Armadas.
Sin rescate de sus socios del Sahel ni de Rusia
La continuidad de la junta depende en buena medida de sus socios más cercanos, Rusia y los vecinos Burkina Faso y Níger, con los que integra la Alianza de Estados del Sahel (AES). Sin embargo, por ahora nada indica que alguno de ellos esté dispuesto a intervenir directamente para sostener al régimen.
Moscú, presente en Malí mediante el despliegue del Africa Corps --herederos de los mercenarios del Grupo Wagner--, ha visto cuestionada su capacidad de influencia, dado que sus efectivos no evitaron los ataques y, de hecho, se retiraron de la base de Kidal donde se habían refugiado tras pactar con el FLA. También habrían abandonado otras posiciones, dejando atrás material militar, en un contexto en el que Rusia ya venía reduciendo recursos en el país africano al priorizar la guerra en Ucrania.
En cuanto a los aliados regionales, la confederación de la AES emitió este lunes un comunicado en el que, más allá de expresar su solidaridad con Malí y afirmar que estos “actos cobardes” no quebrarán la determinación de los pueblos del Sahel de “vivir en libertad y paz”, no anunció ningún tipo de apoyo militar concreto.
Con toda probabilidad, los dirigentes golpistas de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, y de Níger, Abdourahamane Tchiani, siguen con atención lo que sucede en Malí, conscientes de que JNIM también opera en sus territorios --especialmente en el primero-- y de que en el segundo existen igualmente reivindicaciones separatistas tuareg en el norte.
¿Un camino similar al de Afganistán y Siria?
Al mismo tiempo, crecen las especulaciones sobre si Malí podría reproducir dinámicas vistas en Afganistán, donde los talibán tomaron el poder en agosto de 2021, o en Siria, donde el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham --heredero de la antigua filial de Al Qaeda en el país-- derrocó a Bashar al Assad en diciembre de 2024.
JNIM, coalición de varias facciones yihadistas creada en 2017 y liderada por Iyad ag Ghali --antiguo rebelde tuareg--, se ha consolidado en los últimos años como el principal grupo terrorista de África, extendiendo su radio de acción desde el norte de Malí hacia el sur y también hacia Burkina Faso y el oeste de Níger.
La rama de Al Qaeda ya había exhibido su fuerza meses atrás al imponer un bloqueo de combustible en Bamako en el marco de su “yihad económica”, con la que busca aumentar la presión sobre la junta.
No obstante, como subrayaba Crisis Group en un informe reciente, la dirección de JNIM parece más interesada en afianzar el control de los territorios donde ya se ha implantado --sobre todo áreas rurales donde recauda impuestos y se comporta como autoridad paralela-- que en expandirse sin límite, algo que dispersaría sus recursos y lo expondría más a la acción de las fuerzas de seguridad.
Así, pese a su posición de fuerza --reafirmada por los últimos ataques-- y a ciertos paralelismos con los talibán y con HTS, Liam Karr, especialista en el Sahel, advertía en un análisis publicado por Hudson Institute de las enormes dificultades logísticas y políticas para gobernar un país del tamaño de Malí.
Si JNIM cuenta con unos 6.000 combatientes, esto implica, según sus cálculos, un combatiente por cada 8.000 habitantes en las zonas que controla en Malí y Burkina Faso, frente a la ratio de uno por cada 820 en el caso de HTS y de uno por cada 710 en el de los talibán. Karr ya apuntaba a que el objetivo final del grupo sería forzar una negociación con la junta o su caída para sentarse a hablar con un nuevo poder.
A su entender, “JNIM está más interesado en algún tipo de arreglo de reparto de poder que garantice un mayor control sobre las áreas rurales dejando Bamako y otras zonas bajo el control del Estado, aunque con influencia” del grupo yihadista, que en imponer la 'sharia' a escala nacional.
Mientras tanto, en Bamako, tras registrarse en la noche del lunes algunas explosiones y disparos en las inmediaciones del aeropuerto, no se han vuelto a producir incidentes y la población mantiene su rutina diaria, como viene haciendo desde el sábado, pese a la sensación de incertidumbre sobre el futuro inmediato del país.