El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha salido en defensa de su actuación ante los escándalos de corrupción destapados el año pasado, que desencadenaron protestas en todo el país al implicar a decenas de parlamentarios, altos cargos y contratistas, muchos de ellos acusados de recibir sobornos vinculados a proyectos de control de inundaciones.
“Fiel a mi promesa, llevamos a cabo una investigación exhaustiva y profunda, sin prejuicios hacia nadie. Examinamos minuciosamente los hechos y seguimos el rastro adondequiera que condujeran las pruebas. Hicimos todo lo necesario para llegar al fondo del asunto”, ha señalado en un mensaje a la nación.
El jefe del Estado ha subrayado que hay “contratistas, altos funcionarios y legisladores” ya procesados por su presunta implicación en esta red corrupta, y ha insistido en que el Ejecutivo somete cada iniciativa pública a un “escrutinio riguroso”, desde la fase de diseño y el cálculo de costes hasta su ejecución sobre el terreno.
Ferdinand ha añadido que, según el Defensor del Pueblo, “se está cerca de presentar múltiples cargos” contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Martín Romualdez, pariente del mandatario —es su primo—, quien ha rechazado haber incurrido en cualquier conducta ilícita.
“Todo lo recuperado de los individuos corruptos implicados se reintegrará sin demora a las arcas públicas”, ha afirmado el presidente, después de que una comisión independiente encargada de esclarecer los hechos informara hace meses de la recuperación de efectivo, vehículos de alta gama y otros activos en manos de contratistas y funcionarios señalados por corrupción.
El montante global de los fondos y bienes recuperados ronda los 25.000 millones de pesos filipinos (356 millones de euros). “Hemos incorporado a recién graduados, así como a personal honesto y confiable, bajo modalidades de contratación por orden de trabajo y prestación de servicios”, ha precisado.
Marcos ha sido acusado por la oposición de emplear esa comisión independiente, creada para esclarecer el caso, como escudo para proteger sus propios intereses, así como a su familia y a sus aliados políticos, en particular ante las críticas por la ausencia de medidas cautelares contra Romualdez.
A comienzos de junio, el senador Jinggoy Estrada se presentó voluntariamente ante la Policía tras ser imputado por supuestamente haber recibido mordidas por 573 millones de pesos filipinos, algo menos de ocho millones de euros, en relación con un contrato de infraestructuras.
En el núcleo de la trama se sitúa una batería de proyectos de defensa frente a inundaciones, financiados con fondos públicos y valorados en torno a 9.000 millones de euros. Parte de ese dinero habría sido desviado por contratistas privados mediante “proyectos fantasma” y obras deficientes en múltiples áreas que terminaron anegadas por el impacto de los tifones ‘Kalmaegi’ y ‘Fung-wong’, que causaron más de 250 fallecidos.