Palestina abre las municipales con la primera votación en Gaza en más de veinte años

Palestina celebra elecciones locales con la primera votación en Gaza en más de veinte años, en plena tensión bélica y bajo un frágil alto el fuego.

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Preparativos en la ciudad de Deir al Balá, en la Franja de Gaza, de cara a las elecciones municipales palestinas del 25 de abril de 2026 (archivo) Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim

Preparativos en la ciudad de Deir al Balá, en la Franja de Gaza, de cara a las elecciones municipales palestinas del 25 de abril de 2026 (archivo) Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim

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Palestina ha dado inicio este sábado a unas elecciones locales para renovar los consejos municipales, una cita en la que, en el caso de la Franja de Gaza, solo se votará en Deir al Balá (centro). Esta convocatoria supone la primera vez en más de dos décadas que se abren las urnas en el enclave, donde rige un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, tras más de dos años de ofensiva militar israelí.

La Comisión Electoral Central (CEC) de Palestina ha precisado que más de un millón de ciudadanos están llamados a participar para escoger a sus representantes en 184 de los 421 consejos locales. Entre ellos figuran cerca de 70.500 electores en Deir al Balá, única circunscripción gazatí incluida en estos comicios, después de una campaña de catorce días.

Según la CEC, otras 197 municipalidades y consejos quedarán constituidos por “aclamación”, al haberse presentado un único aspirante por cada puesto. En paralelo, en 40 entidades locales no se han registrado listas ni candidatos, sin que el organismo haya detallado todavía cómo se conformarán estos órganos.

Este viernes se celebra una jornada de reflexión que, de acuerdo con la comisión, pretende “generar un clima neutral y de calma que permita a los votantes adoptar una decisión de forma totalmente libre, lejos de cualquier influencia o presión de campaña”, con la finalidad de “potenciar la integridad” del proceso y garantizar “las mismas oportunidades a todas las listas y candidatos”.

La cita con las urnas se desarrolla en un escenario de gran tensión, marcado por los incesantes ataques de Israel contra Gaza —que han dejado ya cerca de 800 fallecidos desde la entrada en vigor del alto el fuego, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás— y por el incremento de las agresiones de colonos e incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.

La participación en Gaza se limita a Deir al Balá porque se trata de un área que no está ocupada por las tropas israelíes —desplegadas en la conocida como ‘línea amarilla’, que cubre más del 50% del territorio del enclave— y porque ha sufrido una destrucción material menor que otras zonas de la Franja, sumida en una grave crisis humanitaria a raíz de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

No obstante, el censo solo incluye a quienes residían en la ciudad antes del inicio de la ofensiva, de modo que los miles de desplazados internos que han llegado desde otros puntos de Gaza huyendo de los bombardeos no tendrán derecho a voto. Se trata de los primeros comicios en el enclave desde las controvertidas elecciones celebradas en enero de 2006 en los Territorios Palestinos Ocupados.

Aquella cita electoral concluyó con el triunfo de la lista Cambio y Reforma, integrada por candidatos de Hamás, tanto en Gaza como en Cisjordania —incluida Jerusalén Este—, lo que llevó a Israel y Estados Unidos a rechazar el resultado —una posición respaldada por la Autoridad Palestina— y desembocó posteriormente en una ruptura administrativa y territorial tras un conflicto interno palestino.

Quince años de bloqueo político y reformas electorales

Desde 2006 no se habían organizado elecciones en Gaza, ya que Hamás optó por realizar designaciones administrativas directas en el enclave bajo su control. En Cisjordania sí se han celebrado procesos locales —en 2012, 2017 y 2022—, mientras que las presidenciales y legislativas han sido pospuestas en repetidas ocasiones, alimentando las dudas sobre la legitimidad del mandato del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

La disolución ‘de facto’ en 2007 del Consejo Legislativo Palestino —el Parlamento— dejó en manos del presidente la capacidad de modificar la normativa electoral mediante decretos. A través de estas órdenes se ha implantado un nuevo sistema de votación y se han ampliado las cuotas reservadas a mujeres para ocupar cargos en las instituciones públicas.

Entre las medidas más polémicas figura la exigencia de que todos los aspirantes suscriban un compromiso para “ceñirse al programa político y nacional de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)”, dominada por Al Fatá, el partido de Abbas, y de la que no forman parte Hamás ni otras facciones como Yihad Islámica. Este requisito ha sido visto como un mecanismo que dificulta la participación de sus listas.

En la práctica, esta situación ha dejado fuera a dichas formaciones, que no concurren bajo sus siglas, mientras las autoridades de Gaza han insistido en reclamar la entrada del equipo de tecnócratas encargado de asumir la administración de la Franja —el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)—, previsto en la propuesta impulsada por Estados Unidos sobre el futuro del enclave.

El CNAG, dirigido por Alí Shaath, se constituyó en paralelo a la creación de la Junta de Paz, encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para poner en marcha dicha iniciativa. El plan recibió el aval del Consejo de Seguridad de la ONU y permitió declarar el alto el fuego, aunque persisten dudas sobre la activación de la segunda fase del pacto por presuntos incumplimientos en la primera.

Por este motivo, numerosos analistas cuestionan el alcance real que puedan tener los resultados en Gaza, especialmente ante las críticas por la falta de representatividad y el contexto bélico que sigue marcando la vida en el enclave. La incógnita es si el proceso político logrará consolidarse o si Israel optará por reanudar una ofensiva a gran escala, en medio de denuncias internacionales de un posible genocidio en Gaza.

La ONU ve una “oportunidad importante” y alerta sobre la seguridad

El vicecoordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Ramiz Alakbarov, ha subrayado que “las elecciones de este sábado representan una importante oportunidad para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos durante un período excepcionalmente difícil”, y ha elogiado a la CEC por sus “constantes esfuerzos para preparar un proceso creíble, dados los importantes desafíos que existen en Cisjordania y las condiciones extraordinariamente difíciles que prevalecen en Gaza”.

La ONU ha instado a todas las partes a garantizar que la votación se desarrolla “de forma pacífica, ordenada e inclusiva” y que “los votantes pueden ejercer su derecho a participar de forma libre y sin intimidación”. También ha pedido que cualquier disputa posterior a la jornada electoral “sea resuelta a través de los canales legales establecidos”.

Asimismo, el organismo ha reiterado su respaldo al “fortalecimiento de las instituciones palestinas y la promoción de la gobernanza democrática”, enmarcado en “los esfuerzos más amplios para impulsar una paz justa y duradera de conformidad con el Derecho Internacional, las resoluciones pertinentes de la ONU, los acuerdos previos y en busca de una solución viable de dos Estados”.

Estos comicios se consideran un test clave de cara a las legislativas previstas para el 1 de noviembre, aunque persisten serias dudas sobre la capacidad de organizarlas ante la ausencia de un acuerdo político entre Al Fatá y Hamás y los obstáculos técnicos, especialmente en Jerusalén Este, donde Israel bloqueó la votación en 2021, lo que obligó a aplazar aquellas elecciones.

A todo ello se suma el deterioro de la seguridad en Cisjordania, donde decenas de palestinos han muerto en ataques de colonos y de las fuerzas de seguridad israelíes. Paralelamente, el Gobierno israelí ha seguido ampliando los asentamientos y expropiando tierras palestinas, pese a las críticas de la comunidad internacional, que considera que estas políticas vulneran el Derecho Internacional y erosionan la viabilidad de la solución de dos Estados.