Los jefes de Estado y de Gobierno de 22 países de la Unión Europea han alertado de que decisiones como la regularización de un "número muy elevado" de personas migrantes pueden convertirse en "factores de atracción" y han relacionado la reciente crisis en Ceuta con el fallo del Tribunal Supremo que ratificó que la normativa española de extranjería no permite las llamadas devoluciones en caliente. Según exponen, esta resolución habría sido utilizada para "desencadenar este ataque" y "abusar" del sistema europeo de migración y asilo.
En una carta remitida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, así como al primer ministro irlandés, --presidencia---, los firmantes solicitan la convocatoria urgente de una videoconferencia de los ministros de Interior de la UE. Además, advierten de que están preparados para "reforzar o reintroducir controles temporales" en las fronteras interiores con el fin de hacer frente al riesgo de movimientos secundarios, pese a que aún no se ha constatado ningún desplazamiento no autorizado desde Ceuta hacia otros países europeos.
"No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea", sostienen los dirigentes en la misiva, subrayando el peligro de que cale la idea de que "la entrada ilegal de un migrante puede convertirse en una estancia legal".
En su opinión, esta percepción podría incentivar nuevos intentos de entrada, minar la confianza en la política migratoria común y acarrear "repercusiones para todos los Estados miembro". Por este motivo, insisten en que la Unión Europea tiene la obligación de "disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal", mediante una actuación coordinada, el refuerzo de las fronteras exteriores y la revisión de "todas las políticas que puedan servir como factores de atracción".
La carta está firmada por los líderes de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Muchos de estos gobiernos ya habían reclamado previamente una postura más dura a nivel europeo; algunos, como el Ejecutivo de Giorgia Meloni, han llegado incluso a plantear el restablecimiento de controles fronterizos internos o que se analizara la posible suspensión de España del espacio Schengen.