Este lunes 4 de mayo se cumplen tres décadas de la investidura del primer Ejecutivo de José María Aznar, que en 1996 puso fin a casi 14 años de mandato de Felipe González y encarriló a España hacia la adopción del euro, con el lema "España va bien" como seña de identidad y dos mandatos consecutivos que mantuvieron al líder del PP en La Moncloa durante ocho años, hasta el 17 de abril de 2004.
Los gobiernos de Aznar estuvieron condicionados desde el arranque por los acuerdos con las formaciones nacionalistas, la incorporación a la moneda única europea en 2002 y la participación en la Guerra de Irak en 2003. Sobre este último punto, Aznar ha evitado reconocer fallos en la serie documental de Movistar Plus+ 'La última llamada', donde también sostiene que en los atentados del 11M su gabinete dijo "la verdad en todo momento" y que "la decisión" fue que los comicios de 2004 se celebraran "por encima de todo".
"España no está condenada a extraviarse. España fue bien y volverá a ir bien", proclamó la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por Aznar, en un editorial con motivo del 30 aniversario de su triunfo en las urnas.
Tras las elecciones del 3 de marzo de 1996, en las que el PP logró una mayoría simple de 156 diputados --en coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Navarra y con el Partido Aragonés (PAR) en las tres provincias aragonesas--, Aznar selló con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC) los apoyos imprescindibles para su investidura.
Los acuerdos de investidura con los nacionalismos
El respaldo de los cinco parlamentarios del PNV se concretó el 30 de abril en torno a las figuras de Aznar y del entonces presidente del partido, Xabier Arzalluz, con un papel relevante en las conversaciones de Jaime Mayor Oreja, que acabaría al frente de Interior, y de Mariano Rajoy, a quien se confió el Ministerio de Administraciones Públicas.
Los nacionalistas vascos aspiraban a un mayor desarrollo del Estatuto de Autonomía con traspasos en materia de Seguridad Social, margen en impuestos especiales y otras competencias que finalmente se redujeron a un acuerdo de mínimos. Este incluía el compromiso del Gobierno de abrir un proceso negociador sobre la normativa básica de la comunidad.
En la mesa se pusieron también cuestiones como la reforma del concierto económico y la revisión de la financiación en el siguiente Presupuesto, a través del ministerio correspondiente o del INEM, el Acuerdo Interprofesional Vasco para la Formación Continua y la devolución a los partidos del patrimonio requisado durante la dictadura franquista.
En paralelo, el pacto definitivo con los nacionalistas catalanes, cerrado en el Hotel Majestic de Barcelona el 28 de abril, fue suscrito entre el PP y la federación de CiU encabezada por el entonces president de la Generalitat, Jordi Pujol.
Entre otros aspectos, el acuerdo contemplaba la transferencia de competencias a la Generalitat en materia de tráfico laboral y varios cambios de alcance estatal, entre ellos un nuevo modelo de financiación autonómica que se convirtió en el punto más controvertido de los entendimientos.
Aquel esquema financiero preveía otorgar a las comunidades autónomas una participación del 30% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), porcentaje que se determinaría según su "nivel competencial y del volumen de recursos". El compromiso se concretó a finales de ese mismo año en el Proyecto de Ley de cesión de tributos del Estado a las CCAA y en la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
El documento recogía además el compromiso de Aznar y Pujol de analizar el traspaso de instituciones penitenciarias y el desarrollo del modelo policial, así como competencias en los ámbitos de Trabajo, Empleo y Formación.
El apoyo de los cuatro diputados de Coalición Canaria se cerró apenas un día antes de que Aznar acudiera al Palacio de la Zarzuela para ser recibido por el rey Juan Carlos I. Un texto de seis folios, firmado en una sala del Congreso junto al entonces presidente canario Manuel Hermoso, asumía las condiciones que ya habían pactado CiU y PNV y despejaba el camino a la VI Legislatura de la democracia.
Ministros en la sombra y causas por corrupción
En la imagen de aquella primera toma de posesión, junto a José María Aznar aparecían 14 ministros, de los que casi la mitad acabarían pasando por los tribunales --como testigos o como imputados-- en causas vinculadas a escándalos de corrupción como la trama Gürtel, el caso de las 'tarjetas Black' de Bankia, la supuesta caja B del PP y los presuntos sobresueldos.
Rodrigo Rato fue designado vicepresidente segundo y titular de Economía y Hacienda durante las dos legislaturas de Aznar. Después dirigió el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2005 y 2007 y más tarde presidió Bankia, donde se destapó un sistema de uso irregular de tarjetas de empresa, las conocidas 'tarjetas black', por el que fue condenado a prisión en 2017.
En el marco de la comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis de Bankia, Rato dejó una frase que quedó para la hemeroteca: "Esto no es un saqueo, es el mercado, amigo".
Mariano Rajoy, que años después llegaría a la Presidencia del Gobierno entre 2011 y 2008, ocupó en el primer gabinete de Aznar la cartera de Administraciones Públicas. La semana pasada declaró como testigo en el caso 'Kitchen', la presunta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas ligada a la supuesta financiación irregular del partido y a la "caja B".
Francisco Álvarez-Cascos fue vicepresidente primero y ministro de la Presidencia antes de fundar Foro Asturias, formación con la que llegó a presidir el Principado. Fue investigado por una posible apropiación indebida de fondos de su propio partido, causa de la que resultó absuelto el año pasado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores recayó en Abel Matutes Juan; Justicia en Margarita Mariscal de Gante y Mirón; Defensa en Eduardo Serra Rexach; Interior en Jaime Mayor Oreja; Fomento en Rafael Arias-Salgado; Educación y Cultura en Esperanza Aguirre --que posteriormente sería presidenta de la Comunidad de Madrid--; Industria y Energía en Josep Piqué i Camps; Agricultura, Pesca y Alimentación en Loyola de Palacio; Sanidad y Consumo en José Manuel Romay Beccaría, e Isabel Tocino asumió Medio Ambiente.
En la segunda legislatura, Aznar contó igualmente con responsables ministeriales que terminarían imputados, e incluso condenados, en procedimientos por corrupción.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, está actualmente investigado por una supuesta trama que habría impulsado cambios normativos favorables a compañías gasísticas que eran clientes de la consultora fundada por él mismo, Equipo Económico.
También Eduardo Zaplana, que dirigió Trabajo y Administraciones Públicas a partir de 2002, fue detenido e imputado en la 'Operación Erial' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.
Por su parte, Jaume Matas, responsable de Medio Ambiente entre 2000 y 2003 y expresident balear, acumula varias condenas de prisión por una red de sobrecostes en la construcción de un velódromo, el caso 'Palma Arena', que desembocó en la investigación del 'caso Nóos', por el que Iñaki Urdangarin fue condenado a prisión en 2008.
Otros exministros afectados por investigaciones han sido Ángel Acebes --titular de Justicia e Interior--, investigado por la salida a bolsa de Bankia y por la presunta compra de acciones con la "caja B" del PP; y Federico Trillo --Defensa--, señalado en el caso de los sobresueldos y por el accidente del Yak-42 en 2003, en el que murieron 62 militares.
Miguel Arias Cañete --Agricultura-- apareció vinculado a pesquisas sobre el 'caso Acuamed', una presunta trama de fraude y corrupción en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas, así como a los sobresueldos en el partido.