El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto-ley de ayudas a las víctimas por los siniestros de la dana y otras situaciones de emergencia.
Una norma impulsada por el Gobierno el pasado abril que combina ayudas fiscales y financieras para los afectados por la dana de valencia con una medida inédita: la exención tributaria de las indemnizaciones que la Iglesia católica abone a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesiástico.
La convalidación ha salido adelante con un respaldo casi unánime. 315 diputados han votado a favor, ninguno en contra y 32 (Vox) se han abstenido. Además, todos los grupos parlamentarios han apoyado su tramitación como proyecto de ley, lo que permitirá introducir enmiendas y modificaciones en las próximas semanas.
Emergencias, financiación autonómica y reparación a víctimas
El texto aprobado reúne medidas de muy distinta naturaleza, aunque todas con un denominador común: responder a situaciones extraordinarias que han provocado daños personales y materiales en los últimos años.
El Gobierno justifica la norma por la necesidad de “minimizar desde una perspectiva tributaria los efectos de dichos sucesos y acontecimientos”, entre los que cita la dana que afectó especialmente a la Comunitat Valenciana, accidentes ferroviarios como los de Adamuz y Gelida, y las consecuencias derivadas de la crisis en Oriente Medio.
Ventajas fiscales para los afectados por la dana
Uno de los ejes del decreto consiste en equiparar el tratamiento fiscal de las ayudas autonómicas y privadas recibidas por los damnificados por la dana.
En concreto, la norma aprobada determina que no se integrarán en la base imponible del IRPF ni en la del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas concedidas por la Comunidad Valenciana a raíz de la dana. A la vez, se declaran exentas en el IRPF ciertas ayudas por daños personales derivados de incendios forestales y otras prestaciones abonadas por entidades sin ánimo de lucro a personas damnificadas por la dana.
El mismo tratamiento se aplica a las indemnizaciones satisfechas por la iglesia católica por daños personales causados por abusos.
Con esta medida, el Ejecutivo busca evitar que los beneficiarios tengan que tributar por unas ayudas concebidas precisamente para compensar pérdidas derivadas de la catástrofe.
Más margen de endeudamiento para la Comunitat Valenciana y Extremadura
El decreto incorpora además medidas para flexibilizar el marco presupuestario de las comunidades autónomas.
El Estado podrá autorizar en 2026 a la Comunitat Valenciana a concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la dana. Asimismo, Extremadura recibirá recursos adicionales para afrontar los costes ocasionados por diversos fenómenos meteorológicos adversos.
También se introducen mecanismos para aliviar las restricciones financieras de las entidades locales.
Reconocimiento laboral para las víctimas de accidentes ferroviarios
La norma declara como situación asimilada a accidente de trabajo los procesos de incapacidad temporal y las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia de las personas afectadas por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Se trata de una medida con impacto directo en las prestaciones que pueden percibir las víctimas y sus familias.
Exentas de impuestos las indemnizaciones de la Iglesia a víctimas de abusos
La disposición final más relevante modifica la Ley del IRPF para declarar exentas las cantidades que la Iglesia católica pague a las víctimas de abusos sexuales cometidos dentro de instituciones eclesiásticas.
La decisión evita que los afectados tengan que tributar por unas compensaciones que buscan reparar el daño sufrido y constituye un paso significativo en el reconocimiento institucional de estas víctimas.
Reforma de la devolución del gasóleo profesional
Entre las medidas incluidas figura también un ajuste en el sistema de devolución parcial del gasóleo de uso profesional, inicialmente regulado mediante el decreto aprobado para mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, cuya redacción original podía ocasionar un perjuicio a los colectivos a los que pretendía favorecer.
Así, el decreto convalidado restablece desde junio el derecho a la devolución de 49 euros por cada 1.000 litros, siempre que la variación del IPC de los carburantes en abril no supere en más de un 15% la inflación registrada en el mismo mes del año anterior.
La norma, defendida en la Cámara por el ministro de Hacienda, Arcadi España, introduce igualmente una corrección técnica sobre la rebaja al 10% del IVA en electricidad, gas y carburantes incluida en el decreto de Irán, prorrogando este tipo reducido hasta el 30 de junio salvo que concurra alguna circunstancia excepcional.
En particular, se amplía el ámbito de aplicación de la medida y se permite que la potencia contratada para acogerse al tipo reducido sea igual a 10 kilovatios (KW), y no únicamente inferior a esa cifra como se había establecido inicialmente.
Habilitación al Ministerio de Exteriores y refuerzo de fondos
Asimismo, se pone en marcha un mecanismo de compensación mediante el cual el Ministerio de Exteriores, a través de su servicio exterior, podrá transferir parte de sus excedentes de fondos consulares en efectivo a otros servicios de la Administración General del Estado en el exterior, reduciendo así el impacto de no poder recibir a tiempo los libramientos de fondos desde España para atender las obligaciones de pago.
El decreto también autoriza un crédito extraordinario de 11,33 millones de euros para sufragar actuaciones realizadas por Tragsatec en virtud de encargos formalizados por la vía de emergencia en 2025, destinadas a atender a los afectados por la dana y a la peritación y cuantificación de los daños ocasionados.