El Tribunal de Cuentas ha revelado que el Gobierno se vio obligado en noviembre de 2024 a utilizar 2.389,4 millones de euros procedentes de fondos europeos para abonar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, debido a la falta de crédito presupuestario derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado vigentes desde 2023.
Esta es una de las principales conclusiones incluidas en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024. El órgano fiscalizador ha emitido una opinión favorable sobre la misma, si bien subraya diversas “salvedades o incidencias” que, a su juicio, deben ser corregidas por el Ejecutivo.
Entre estas observaciones, el Tribunal destaca que la carencia de crédito para hacer frente a obligaciones “ineludibles” de pensiones de clases pasivas y de complementos a pensiones mínimas llevó a que, en noviembre de 2024, se autorizaran dos modificaciones de crédito por un total de 2.389,4 millones de euros. Dichas modificaciones se financiaron con remanentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al entenderse que no ponían en riesgo el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos europeos.
Fundamento jurídico cuestionado y efecto de la prórroga
El Tribunal precisa que esta decisión del Gobierno se apoyó en unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, al considerar que existe “una incertidumbre” sobre si en 2024 resultaban aplicables las limitaciones al uso de los créditos sobrantes de fondos europeos para sufragar modificaciones presupuestarias ajenas al programa al que estaban adscritos.
En materia de pensiones, el órgano fiscalizador añade que la prórroga presupuestaria ha provocado que el presupuesto disponible continúe siendo el fijado para 2023. Esta circunstancia generó ya en 2024 una infravaloración neta de la partida de pensiones por importe de 1.008,4 millones de euros.
Asimismo, otro efecto de la prórroga es que los créditos definitivos terminaron superando en 77.341,9 millones de euros a los créditos iniciales. Según el informe, el 95% de este incremento tuvo que financiarse recurriendo a la variación del saldo vivo de la deuda pública. No obstante, el Tribunal matiza que la buena evolución de los ingresos evitó que dicha variación alcanzara la totalidad de esa cuantía.
Seguridad Social: deuda por encima de los 106.000 millones
Más allá de las operaciones vinculadas al pago de pensiones, el organismo que preside Enriqueta Chicano vuelve a alertar de que el patrimonio neto de la Seguridad Social continúa en negativo por octavo año consecutivo y ya rebasa los 106.000 millones de euros.
El documento detalla que el balance de la Seguridad Social se sostiene fundamentalmente mediante préstamos del Estado, cuyo volumen acumulado en 2024 se sitúa en 126.170,2 millones de euros, el equivalente al 7,91% del PIB. Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas insiste nuevamente en la urgencia de adoptar medidas que aseguren la viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.
El informe también recoge que el saldo principal de la Deuda del Estado se elevaba, a 31 de diciembre de 2024, a 1,46 billones de euros. Además, la institución pone el foco en la existencia de un “importante déficit estructural” en la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, que asciende a 2.677,3 millones de euros.
Sobrevaloraciones, pagos pendientes y otras incidencias
En el capítulo de otras salvedades, el Tribunal de Cuentas señala una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado de 4.090,3 millones de euros, originada por una imputación temporal incorrecta de obligaciones y derechos durante el ejercicio analizado.
Asimismo, advierte de la existencia de pagos a justificar pendientes de rendición o aprobación al cierre del ejercicio por un total de 1.627,1 millones de euros, que han excedido los plazos fijados por la normativa aplicable.
La fiscalización detecta también diversas incidencias relacionadas con los inventarios de inmovilizado de la Administración General del Estado, la ausencia de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas con recursos propios de la Seguridad Social y la incertidumbre sobre la valoración del inmovilizado material de Renfe Mercancías, cifrado en 371,6 millones de euros.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas constata que en la Cuenta General del Estado de 2024 persisten deficiencias en la contabilización de deudores y en sus correcciones valorativas, entre ellas la sobrevaloración de deudores tributarios y no tributarios por un importe de 11.263 millones de euros.
Deudores infravalorados y recomendaciones del Tribunal
El informe recoge también ejemplos de infravaloración de deudores de la Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa por 2.643,9 millones de euros, así como la falta de registro de los intereses de demora asociados a deudas por cuotas de la Seguridad Social por 781 millones de euros. Además, se mencionan “dudas razonables” sobre la posibilidad de cobro de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, sometidas a moratoria desde 1995, por un total de 672,3 millones de euros.
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que insten al Gobierno a corregir las salvedades e incidencias detectadas y a abordar el problema del endeudamiento de la Seguridad Social. De igual modo, recomienda modificar la normativa sobre los plazos de rendición de cuentas, con el fin de que la Declaración sobre la Cuenta General pueda elaborarse en un momento más próximo al ejercicio al que se refiere.
La Declaración, remitida ya a las Cortes Generales para su debate, ha sido aprobada con un voto particular en contra de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas y otros seis votos concurrentes explicativos, es decir, favorables al dictamen pero introduciendo matices.