La Comisión del Estatuto del Diputado tiene previsto dar luz verde este lunes al suplicatorio del parlamentario de Sumar Félix Alonso Cantorné, al que el Tribunal Supremo pretende investigar por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación de contratos durante su etapa como alcalde. No obstante, la decisión definitiva sobre la autorización solicitada por el tribunal recaerá en el Pleno del Congreso, que deberá pronunciarse la semana siguiente.
Según el auto del alto tribunal, se aprecian “indicios de que durante el periodo” en el que Alonso ejerció como alcalde de Altafulla (Tarragona), “y con su participación”, se llevaron a cabo adjudicaciones públicas mediante contratos menores, un mecanismo que habría permitido, siempre según el Supremo, “realizar contratos sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública”.
El diputado de Sumar ya compareció de forma voluntaria ante el Supremo el pasado 15 de junio, donde defendió “la legitimidad de las contrataciones” y negó haber incurrido en irregularidades. Posteriormente, el 14 de julio, el tribunal remitió el suplicatorio al Congreso para que se procediera a la suspensión de su inmunidad parlamentaria.
La Mesa de la Cámara Baja acusó recibo de la petición y la trasladó a la Comisión del Estatuto del Diputado, órgano competente para realizar un primer examen del caso. Con el arranque del periodo ordinario de sesiones en septiembre, este órgano, presidido por el ‘popular’ Manuel Cobo, abrió un plazo para que Alonso presentara alegaciones, pero el afectado ha optado por no hacerlo, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Tramitación interna y votación secreta
En estas circunstancias, la previsión es que la comisión, integrada por un representante de cada grupo parlamentario y que se reúne siempre a puerta cerrada, acuerde la suspensión de la inmunidad del diputado y deje preparado el expediente para que, la próxima semana, el Pleno ratifique la concesión del suplicatorio y se comunique formalmente al Supremo.
El debate y la votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso también se desarrollan a puerta cerrada, sin publicidad ni retransmisión. Además, los diputados no están obligados a seguir la disciplina de partido, ya que el voto es secreto y únicamente se hace público el resultado final.
En el plazo de ocho días desde que el Pleno adopte el acuerdo de conceder o denegar la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá comunicarlo a la autoridad judicial, recordándole la obligación de informar a la Cámara de todos los autos y sentencias que se dicten y que afecten personalmente al diputado.
Por el contrario, si la Cámara no se pronunciara en el plazo de sesenta días naturales, computados en periodo de sesiones desde el día siguiente a la recepción del suplicatorio, se entenderá que la petición queda desestimada.
Segundo suplicatorio de la legislatura
El caso de Alonso Cantorné es el segundo suplicatorio que se procesa en la actual legislatura. El anterior se aprobó en enero de 2025 y afectó al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, al que el Tribunal Supremo quería investigar por presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Finalmente, el Alto Tribunal acabó condenándole a 24 años de prisión por su participación en el denominado ‘caso mascarillas’.
Hasta la fecha, el Congreso ha dado luz verde a 34 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos referidos al mismo diputado). La última negativa se remonta a 1988 y tiene que ver con un litigio por derecho al honor en el que estaban enfrentados el exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa), a raíz de la inclusión de sus fotografías en carteles del Ministerio del Interior.
En la legislatura anterior, la Cámara autorizó al Supremo a investigar al exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación vinculados a contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres); a la expresidenta de Junts Laura Borrás, posteriormente condenada por fraccionar contratos en beneficio de un amigo durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC); y a Alberto Rodríguez, entonces diputado de Podemos.
El Supremo condenó a Rodríguez por haber propinado una patada a un agente de policía en una manifestación anterior a su etapa como diputado. Se le impuso una multa y se le inhabilitó para concurrir a elecciones, lo que le costó el escaño. Más tarde, el Tribunal Constitucional anuló la condena, aunque ya no pudo recuperar su acta.
En legislaturas previas se permitió juzgar a tres diputados del PP —Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte— que habían dado positivo en controles de alcoholemia al volante, y también se autorizó la investigación del ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, implicado en la causa de los ERE, quedó sin completar debido a su dimisión.
Entre los suplicatorios concedidos figuran asimismo los del exministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ y los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren, a raíz de los incidentes registrados en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto presidido por los Reyes.