El PSOE someterá a debate y votación este jueves en el Pleno del Congreso una proposición de ley para modificar el Reglamento de la Cámara Baja, con el objetivo de que se pueda suspender temporalmente de funciones y sancionar con multas de hasta 2.000 euros a los diputados que alteren el orden en el hemiciclo y terminen siendo expulsados de una sesión parlamentaria.
El cambio normativo se plantea tras el incidente protagonizado hace unas semanas por el diputado de Vox José María Sánchez García, que fue finalmente expulsado del Pleno después de subir en dos ocasiones a la zona reservada a la Presidencia y encararse primero con una letrada y, posteriormente, con el vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento dirigía la sesión.
La proposición socialista, a la que ha tenido acceso Europa Press, propone retocar el artículo 101 del Reglamento para incorporar una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado, que se aplicaría cuando “con su conducta, de obra o de palabra, ejerciera en el recinto parlamentario, violencia o intimidación grave sobre la Presidencia o la Mesa, ya sea de la Cámara o de cualquier comisión, o sobre el cuerpo de letrados o ujieres que asiste a las mismas, ya sea en el transcurso de una sesión o fuera de ella”.
Asimismo, el texto plantea ampliar el contenido del artículo 104, que actualmente regula la expulsión del hemiciclo, para añadir una sanción económica a quienes sean expulsados tras las tres llamadas al orden preceptivas. Esta multa oscilaría entre 1.000 y 2.000 euros, en función del grado de resistencia a cumplir las indicaciones de la Presidencia.
En la actualidad, cuando un diputado es expulsado después de tres apercibimientos, la Presidencia puede decidir que no vuelva a participar en lo que resta de sesión. Con la reforma impulsada por el PSOE, esa expulsión llevaría aparejada una multa de 1.000 euros. Y si, pese a los requerimientos, el parlamentario se niega a abandonar el salón de plenos y se le veta la asistencia a la siguiente sesión, la sanción económica ascendería a 2.000 euros.
De acuerdo con los socialistas, la modificación pretende “proteger la integridad institucional del Congreso” y “salvaguardar la autoridad de sus órganos de gobierno” ante lo que califican como un “deterioro progresivo de las formas parlamentarias”.
Referencias a otros parlamentos y reformas en marcha
“La reiteración de conductas perturbadoras, aun cuando conlleven la expulsión temporal de la sesión, evidencia la necesidad de reforzar el carácter efectivo y disuasorio del régimen disciplinario”, sostienen en la exposición de motivos.
Por ello, el PSOE defiende dotar al Reglamento de “mayor capacidad preventiva y correctora” mediante el “mecanismo adicional” de la sanción pecuniaria, una herramienta que, recuerdan, ya se aplica en otros parlamentos como el Bundestag alemán.
Esta iniciativa se suma a alrededor de media docena de propuestas de reforma reglamentaria que ya se han registrado o están en tramitación en el Congreso. Entre ellas figura otra del propio Grupo Socialista que prevé sanciones para los diputados que vulneren el código ético. Lo que sí ha sido aprobado y se encuentra vigente es el régimen sancionador dirigido a los periodistas acreditados en la Cámara Baja.