El PSOE y Sumar han presentado este martes en el Congreso una proposición de ley destinada a regular por primera vez de forma global el ejercicio profesional de la Criminología en España. El texto busca reconocer sus funciones, ordenar el acceso a la profesión, exigir la colegiación para intervenir ante juzgados y tribunales y crear un Consejo General de Colegios y un Registro Nacional de Criminología, entre otros aspectos.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, pretende dar respuesta a la falta de una regulación estatal específica para una disciplina que ya cuenta con titulación universitaria, pero cuyo ejercicio profesional sigue sin un marco jurídico propio. Esta carencia provoca inseguridad jurídica, trabas para acceder al empleo público y privado y dificultades para garantizar que quienes ejercen cuenten con la cualificación adecuada.
El documento fue registrado en la Cámara Baja esta semana con la presencia del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Joaquín Martínez Salmerón, así como de los portavoces de PSOE y Sumar en dicho órgano, Francisco Aranda y Enrique Santiago, entre otros diputados. En representación de los colegios profesionales acudieron el vicedecano y el secretario del Colegio madrileño, Abel González y Ramón Chippirrás.
La iniciativa toma como base la proposición registrada hace unos meses por el Grupo de Sumar, pero la amplía al incorporar el trabajo técnico desarrollado por representantes de todos los Colegios Profesionales de Criminología de España en la Mesa constituida con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para avanzar en la regulación profesional de esta disciplina, según han explicado a Europa Press fuentes colegiales.
Estas mismas fuentes han señalado que mantienen conversaciones con los distintos grupos parlamentarios con la intención de alcanzar el mayor respaldo posible durante la tramitación y que la futura regulación profesional de la Criminología pueda salir adelante con apoyo unánime.
Título universitario obligatorio para ejercer
El articulado fija que el ejercicio profesional de las funciones propias de la Criminología corresponderá exclusivamente a quienes posean un título universitario oficial en Criminología o un título extranjero homologado. Esta exigencia será de obligado cumplimiento para los sectores público, privado y social, así como para las entidades que contraten profesionales para desempeñar estas tareas.
Entre las funciones asignadas a los criminólogos se incluyen diseñar y ejecutar investigaciones sobre el fenómeno criminal, aplicar teorías criminológicas al comportamiento delictivo, diseñar y evaluar políticas de prevención del delito y de la victimización, atender y asesorar a víctimas, elaborar informes y dictámenes técnicos y participar en programas de tratamiento, reinserción y ejecución de medidas judiciales.
La proposición también ordena el ejercicio profesional en diferentes ámbitos, como el análisis e investigación criminológica, la prevención del delito y la seguridad, la ejecución penal, la reinserción y la justicia restaurativa, así como la atención a víctimas y la protección de colectivos especialmente vulnerables.
Mayor presencia en las administraciones públicas
El texto contempla que las administraciones públicas puedan incorporar la figura del criminólogo en sus relaciones de puestos de trabajo y en sus ofertas de empleo público cuando las funciones del puesto lo requieran, mediante los procedimientos establecidos y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Asimismo, fija un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley para que las administraciones adapten sus relaciones de puestos de trabajo a lo previsto en la nueva normativa.
La proposición prevé también impulsar la participación de criminólogos en órganos consultivos, comisiones técnicas y órganos de evaluación y diseño de políticas públicas en materias como seguridad, convivencia, justicia, protección de menores o igualdad.
Otro de los elementos clave del texto es que la colegiación será obligatoria para los criminólogos que actúen ante juzgados y tribunales, salvo en el caso de quienes lo hagan al servicio de administraciones o entidades públicas por razón de dependencia funcional o laboral.
Consejo General y Registro Nacional de Criminología
La iniciativa contempla la creación del Consejo General de Colegios de Criminología como órgano estatal de representación, coordinación y gobierno de la profesión, en el que se integrarán los colegios existentes y los que puedan crearse en el futuro. Entre sus funciones estarán la representación institucional de la profesión, la coordinación de los colegios territoriales, la armonización de las condiciones de colegiación y la fijación de los requisitos mínimos para ejercer la actividad pericial.
Asimismo, se prevé la puesta en marcha de un Registro Nacional de Criminología, de carácter público, en el que figurarán los profesionales habilitados conforme a la ley. Este registro será gestionado por el Consejo General en colaboración con las administraciones competentes.
La proposición incluye también entre los deberes de los criminólogos el secreto profesional y la confidencialidad, y contempla la elaboración de un código deontológico obligatorio para los colegiados, junto con un régimen disciplinario y sancionador.