Las siete medidas del Gobierno que se votan este miércoles: ayudas, dependencia, familias monoparentales y seguridad ferroviaria

La Diputación Permanente del Congreso decidirá si mantiene o deroga los decretos aprobados por el Ejecutivo sobre Ceuta, la DANA Adam, el accidente de Urda y varias reformas sociales

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | EuropaPress

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La Diputación Permanente del Congreso votará este miércoles 18 de noviembre siete reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno, con medidas que afectan a las víctimas del accidente ferroviario de Urda, los afectados por las inundaciones de octubre, las familias monoparentales y las personas dependientes. La sesión comenzará a las 9.00 horas y determinará qué normas continúan vigentes y cuáles quedan derogadas.

La votación se celebrará con las Cortes Generales disueltas por las elecciones del 29 de noviembre. En estas circunstancias, corresponde a la Diputación Permanente asumir las funciones de convalidación de los decretos-leyes, que deben recibir el respaldo parlamentario dentro de los 30 días siguientes a su promulgación.

Las siete normas que se someterán a votación

El orden del día incluye los siguientes reales decretos-leyes:

  • Ayudas extraordinarias a Ceuta: apoyo financiero por la crisis migratoria del pasado julio.
  • Medidas por la DANA Adam: ayudas y beneficios fiscales para los afectados por las inundaciones de octubre.
  • Indemnizaciones por el accidente de Urda: ayudas a las víctimas y medidas extraordinarias de protección a los consumidores.
  • Seguridad ferroviaria: nuevas medidas sobre tiempos de conducción, protección laboral y supervisión del transporte ferroviario.
  • Ampliación de prestaciones de la Seguridad Social: cambios relacionados con incapacidad temporal y prestaciones familiares.
  • Protección de familias monoparentales: reconocimiento oficial y ampliación de determinados beneficios.
  • Reforma de la dependencia: mejoras de financiación, prestaciones y procedimientos administrativos.

45,32 millones de euros para Ceuta

El primer decreto contempla una aportación extraordinaria de 45,32 millones de euros para la ciudad autónoma de Ceuta, destinada a financiar los gastos derivados de la crisis migratoria registrada durante el verano.

Los recursos se dirigen a servicios esenciales, incluidos ámbitos como atención social, sanidad, educación y seguridad.

Ayudas a los afectados por la DANA Adam

Otra de las normas sometidas a votación contiene medidas destinadas a las personas y empresas afectadas por los temporales ocurridos entre los días 17 y 19 de octubre.

El decreto incluye actuaciones en materia agraria, reparaciones de infraestructuras y medidas de apoyo para actividades económicas perjudicadas.

Entre los beneficios fiscales previstos se encuentran exenciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para determinados inmuebles y establecimientos afectados.

Las indemnizaciones por el accidente ferroviario de Urda

La Diputación Permanente también examinará el decreto con ayudas a las víctimas del accidente ferroviario del 28 de octubre en Urda (Toledo).

La norma prevé indemnizaciones que oscilan entre 2.404 y 84.141 euros, según las circunstancias y la gravedad de los daños sufridos.

Incluye asimismo medidas para proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas en los precios de determinados servicios de transporte durante situaciones de emergencia.

Nuevas medidas de seguridad ferroviaria

Un segundo decreto vinculado al accidente de Urda introduce cambios en la regulación de los tiempos de conducción ferroviaria y en determinadas condiciones de jubilación del personal del sector.

También modifica aspectos relacionados con la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el organismo público encargado de controlar el cumplimiento de las exigencias de seguridad en el sistema ferroviario.

Incapacidad temporal y nuevas prestaciones sociales

Otro de los textos amplía la protección de la Seguridad Social mediante nuevas previsiones para situaciones de incapacidad temporal.

Entre las medidas se encuentran el reconocimiento de determinados trastornos asociados a la menopausia y lesiones derivadas de la violencia de género, así como modificaciones de las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves.

El decreto también introduce cambios en el acceso a la pensión de viudedad para determinadas parejas de hecho.

El reconocimiento de las familias monoparentales

El Ejecutivo ha aprobado además una norma que crea un título oficial de ámbito estatal para reconocer a las familias monoparentales.

La regulación contempla categorías especiales y medidas para ampliar el acceso a determinadas ayudas, becas y beneficios públicos.

También introduce modificaciones en la cobertura del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

Las nuevas cuantías mínimas de dependencia

La última norma del orden del día desarrolla la reforma del sistema de atención a la dependencia e introduce mejoras en las cuantías mínimas de protección.

El decreto establece importes mensuales de referencia de 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia.

También contempla una mayor financiación para las comunidades autónomas y cambios destinados a agilizar la tramitación de las prestaciones.

Qué pasa si el Congreso rechaza alguno de los decretos

Los reales decretos-leyes entran en vigor conforme a lo previsto en sus disposiciones, pero necesitan convalidación parlamentaria para continuar vigentes.

Si la Diputación Permanente rechaza una norma, esta queda derogada. La derogación tiene efectos sobre su continuidad, aunque las consecuencias jurídicas de los actos realizados durante su vigencia deben analizarse conforme a la legislación aplicable.

El órgano parlamentario cuenta con 69 miembros. Según la distribución actual, el voto del PNV puede resultar decisivo en varias de las convalidaciones.

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¿Qué trámites parlamentarios debe seguir un real decreto-ley tras su convalidación por la Diputación Permanente?

Tras su convalidación por la Diputación Permanente, un real decreto-ley no necesita una segunda convalidación del Pleno ni la aprobación del Senado para mantenerse vigente. El acuerdo debe publicarse en el BOE. Solo habrá un procedimiento legislativo posterior si se acuerda tramitarlo como proyecto de ley: es una decisión distinta y no automática.

1. Publicación y efectos de la convalidación

La convalidación confirma la continuidad del decreto-ley, pero no equivale a aprobar una nueva ley parlamentaria ni permite introducir modificaciones en su texto durante esa votación. El artículo 151.6 del Reglamento del Congreso exige publicar en el BOE el acuerdo de convalidación o derogación.

Si no se acuerda tramitarlo como proyecto de ley, ahí termina este procedimiento de control parlamentario. No hay que remitir el decreto-ley al Senado ni someterlo después a una ratificación del Congreso recién constituido.

2. Decisión separada sobre su tramitación como ley

El artículo 151.4 establece: «Convalidado un Real Decreto-ley, la Presidencia preguntará si algún Grupo Parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley». Si algún grupo lo solicita, se celebra una votación distinta para decidirlo.

Por tanto, votar a favor de convalidar no implica necesariamente apoyar esa tramitación posterior. Si se aprueba, el texto se tramita por el procedimiento de urgencia y pueden plantearse modificaciones. La especialidad es que no se admiten enmiendas de totalidad de devolución: propuestas para rechazar íntegramente el proyecto y devolverlo al Gobierno.

Además, el artículo 151.5 contempla expresamente que la Diputación Permanente pueda tramitar como proyectos de ley, por urgencia, los decretos-leyes dictados por el Gobierno durante los períodos entre legislaturas. No se limita, por tanto, a decidir su convalidación.

3. Qué supone abrir ese procedimiento

La tramitación como proyecto de ley abre una vía legislativa diferenciada, mientras el decreto-ley convalidado sigue produciendo efectos. El artículo 109 prevé la publicación del proyecto, la apertura del plazo de enmiendas y su envío a la comisión competente.

El procedimiento de urgencia reduce, con carácter general, los plazos parlamentarios a la mitad, conforme al artículo 94. Esto no significa que toda la ley deba aprobarse dentro de los treinta días previstos para resolver sobre el decreto-ley. Tampoco supone que el texto quede convertido automáticamente en ley por haber acordado iniciar su tramitación.

4. Qué debe hacer después el nuevo Pleno

Tras las elecciones, la Diputación Permanente debe dar cuenta al Pleno del Congreso, una vez constituido, de los asuntos tratados y las decisiones adoptadas. Así lo dispone el artículo 59.

Esta rendición de cuentas no es una nueva votación de convalidación. El nuevo Congreso conoce la actuación realizada, pero la vigencia del decreto-ley no queda suspendida hasta ese momento ni depende de que el Pleno reproduzca la decisión anterior.

5. Una distinción importante: disolución y vacaciones parlamentarias

La Diputación Permanente asume las facultades del Congreso sobre decretos-leyes cuando la Cámara está disuelta o ha expirado su mandato, según el artículo 57.1 del Reglamento.

En cambio, durante los intervalos entre períodos de sesiones, su función es promover, cuando corresponda, una sesión extraordinaria. No debe confundirse esa situación con el período entre legislaturas: si el Congreso conserva su mandato, la convalidación corresponde al Pleno, convocado al efecto.

En definitiva: convalidar, publicar el acuerdo y dar cuenta al nuevo Congreso no equivale a aprobar una ley posterior. Esta última vía exige una decisión expresa y su correspondiente tramitación.

¿Cuáles son las competencias específicas de la Diputación Permanente del Congreso según la legislación española?

La Diputación Permanente del Congreso garantiza la continuidad de la institución parlamentaria cuando la Cámara no está reunida o ha terminado su mandato. No sustituye al Congreso en todas sus funciones: sus competencias están delimitadas por el artículo 78 de la Constitución y, especialmente, por los artículos 57, 151 y 165 del Reglamento del Congreso.

1. Velar por los poderes de la Cámara

Su función general consiste en «velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no esté reunida», según el artículo 57 del Reglamento. Se trata de proteger la posición institucional del Congreso y preservar sus atribuciones, no de ejercer automáticamente todas las competencias del Pleno.

Durante los períodos ordinarios de sesiones, la Diputación Permanente no desplaza a los órganos parlamentarios ordinarios. La aplicación de las reglas de funcionamiento del Pleno a sus sesiones, prevista en el artículo 58, tampoco amplía sus competencias materiales.

2. Solicitar sesiones extraordinarias

Entre los períodos ordinarios de sesiones puede solicitar la celebración de sesiones extraordinarias, conforme al artículo 73.2 de la Constitución y a los artículos 57.2 y 61 del Reglamento.

La solicitud debe incluir el orden del día propuesto. Corresponde a la Presidencia convocar la sesión, que concluye cuando se agota ese orden del día. Por tanto, en estos intervalos la Diputación Permanente puede activar la actividad del Congreso, sin sustituirlo en la decisión de los asuntos.

3. Resolver sobre reales decretos-leyes

Cuando el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato, asume las facultades que el artículo 86 de la Constitución atribuye a la Cámara respecto de los decretos-leyes:

  • Convalidarlos o derogarlos: debate y vota si mantiene o deja sin efecto estas normas del Gobierno, dentro del plazo de treinta días siguientes a su promulgación.
  • Intervenir en su tramitación legislativa: el artículo 151.5 permite, en su caso, tramitar como proyectos de ley, por el procedimiento de urgencia, los decretos-leyes dictados entre legislaturas.

Un miembro del Gobierno debe explicar las razones de su aprobación y el acuerdo de convalidación o derogación se publica en el BOE. Esta sustitución no procede por el simple hecho de estar entre períodos de sesiones: si el Congreso sigue constituido, debe reunirse el Pleno.

4. Actuar ante estados excepcionales

Disuelto el Congreso o terminado su mandato, asume también sus competencias sobre los estados de alarma, excepción y sitio, conforme al artículo 116 de la Constitución y a los artículos 57 y 165 del Reglamento:

  • Alarma: conocer su declaración y autorizar, cuando se solicite, su prórroga, con las condiciones correspondientes.
  • Excepción: autorizar previamente su declaración y su prórroga, determinando efectos, territorio y duración.
  • Sitio: declarar este estado, a propuesta del Gobierno, con la mayoría absoluta exigida y fijando su alcance.
5. Otras funciones y límites

El artículo 200 permite que el Defensor del Pueblo presente ante ella, cuando proceda, un resumen de sus informes anuales o extraordinarios, seguido de intervenciones de los grupos.

No dispone, en cambio, de una competencia general para continuar las sesiones ordinarias de control al Gobierno una vez disuelta la Cámara. La función de garantía no equivale a mantener íntegramente preguntas, interpelaciones y comparecencias ordinarias.

Sus miembros continúan en funciones hasta constituirse la nueva Cámara. Después de las elecciones, debe rendir cuentas al nuevo Pleno de los asuntos tratados y las decisiones adoptadas, según el artículo 59. Así se conecta su actuación excepcional con el Congreso surgido de las elecciones.

¿Qué requisitos legales existen para que una familia pueda ser reconocida oficialmente como monoparental en España?

Para obtener el reconocimiento oficial como familia monoparental hay que acreditar una situación familiar prevista legalmente, la convivencia y dependencia económica de los hijos y solicitar el título o certificado correspondiente. No basta con estar soltero, separado o divorciado. Además, hay que distinguir el nuevo marco estatal de las normas autonómicas y de los requisitos propios de cada ayuda.

1. El nuevo marco estatal

El Real Decreto-ley 35/2026, de 10 de noviembre, publicado el 11 de noviembre, crea un título de familia monoparental y establece criterios comunes. Prevé seis meses para la adaptación autonómica y sitúa el ejercicio de sus beneficios y derechos a partir del 1 de enero de 2027. Por tanto, conviene diferenciar esa previsión del reconocimiento que ya pueda solicitarse conforme a la regulación autonómica.

El texto estatal incluye, entre otras, estas situaciones:

  • Una única persona que ejerce la tutela exclusiva de menores, el acogimiento familiar permanente o la guarda con fines de adopción.
  • Una persona con descendientes mayores de edad sujetos a curatela representativa, es decir, una medida judicial de apoyo que permite actuar en su representación.
  • Dos progenitores, pero uno tiene la guarda y custodia exclusiva sin derecho a percibir alimentos.
  • Una madre víctima de violencia de género del otro progenitor que ejerce las responsabilidades familiares previstas en la norma.
  • Ausencia forzada de un progenitor por prisión, ingreso sanitario u otra causa análoga, durante un período previsible de al menos un año.
2. Requisitos de los hijos y mantenimiento

Para la protección estatal, el artículo 3 exige:

  • Edad y estado civil: ser solteros y menores de 21 años. El límite se amplía hasta cumplir 26 si estudian en los términos legales y en familias con una única madre víctima de violencia de género. No existe límite de edad cuando hay discapacidad de al menos el 33 % o incapacidad para trabajar.
  • Convivencia: vivir con la persona responsable. Las separaciones temporales por estudios, trabajo, tratamiento médico o causas similares no la interrumpen.
  • Dependencia económica: como regla general, los ingresos individuales del hijo no pueden superar el IPREM anual, incluidas pagas extraordinarias. El IPREM es el indicador público utilizado para determinar el acceso a determinadas ayudas; existen excepciones específicas.

Nadie puede pertenecer simultáneamente a dos unidades familiares a estos efectos. El matrimonio o la constitución de una pareja de hecho por la persona responsable, o dejar de reunir los requisitos, determina la pérdida de la condición.

3. Las diferencias autonómicas importan

Los requisitos territoriales no son idénticos. Estos ejemplos muestran por qué hay que consultar la comunidad de residencia:

  • Cataluña: el Decreto 151/2009 contempla viudedad, abandono, violencia y determinados casos de impago o insuficiencia de alimentos. Exige residencia, convivencia y dependencia económica; admite convivir con otras personas sin relación matrimonial o de pareja estable.
  • País Vasco: el Decreto 232/2025 exige residencia legal efectiva y doce meses de empadronamiento previo. Algunos supuestos, como la custodia exclusiva, están sujetos a límites de ingresos.
  • Andalucía: el Decreto 78/2026 exige, como regla general, seis meses de residencia previa, con excepciones para personas beneficiarias de protección internacional y mujeres víctimas de violencia de género.
4. Cómo acreditar la situación

La solicitud debe presentarse ante el órgano autonómico competente en familias. Habrá que acreditar los hechos exigidos: filiación, residencia, convivencia, ingresos y, cuando corresponda, custodia, fallecimiento, discapacidad, violencia o impago de alimentos. El título no concede automáticamente todas las ayudas: cada prestación puede añadir sus propios límites económicos y condiciones.

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