La FP virtual ante un aumento de costes que el proyecto de RD de Educación no vincula a mejoras educativas cuantificadas

El Ministerio de Educación calcula que reducir el alumnado por docente elevaría de 429 a 772 euros el coste de profesorado por estudiante y curso. Educación prevé una atención más personalizada, mientras las objeciones del sector piden justificar los límites y evaluar sus efectos sobre precios y oferta

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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Mejorar la atención al alumnado es uno de los objetivos del proyecto de real decreto de garantía de calidad de los centros privados de FP. Para conseguirlo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes plantea reducir el número de estudiantes que puede atender cada profesor y exigir una dedicación docente mínima en las modalidades virtual y semipresencial equivalente a la presencial.

El Gobierno cree que existe la necesidad de garantizar al alumnado profesorado suficiente, tutorías y evaluación. Fuentes del sector, consultadas por DEMÓCRATA, aseguran coincidir en esta necesidad. La discrepancia surge en cómo organizar esos recursos y qué obligaciones resultan necesarias para mejorar la formación.

El ministerio reconoce que reducir las ratios aumentará los costes docentes y defiende que ese esfuerzo permitirá un seguimiento más individualizado y mejores resultados de aprendizaje. Sin embargo, no cuantifica cuánto mejorarían esos resultados con cada reducción ni compara esa opción con otras formas de reforzar la atención.

El proyecto del departamento de Milagros Tolón está en tramitación y el Consejo de Ministros del 10 de noviembre solicitó un dictamen urgente al Consejo de Estado, con fecha límite del 19 de noviembre. 

Qué exige el proyecto al profesorado de FP virtual

La propuesta de Educación combina dos cambios que afectan a la organización de las plantillas.

El primero es una reducción progresiva del máximo de estudiantes por profesor y módulo profesional en las ofertas virtuales de grados D y E: 80 al inicio del curso 2028-2029, 65 en 2029-2030 y 50 en 2030-2031. Para la modalidad semipresencial, el texto examinado establece un máximo de 25.

El módulo profesional es la unidad de referencia: el límite no se calcula sobre todos los estudiantes matriculados en el centro. Además, las actividades presenciales de una oferta virtual deben respetar las ratios de la enseñanza presencial correspondiente.

El segundo cambio figura en el artículo 6.3. Establece que el total de horas lectivas y de tutoría atribuidas al profesorado virtual y semipresencial no podrá ser inferior al previsto para los mismos grados en presencial, sin perjuicio de las condiciones específicas de cada modalidad.

Son exigencias distintas. Una determina cuántos estudiantes puede atender un docente; la otra fija un mínimo de horas de docencia y tutoría tomando como referencia la enseñanza presencial.

El Ministerio calcula un aumento del 80% en el coste de profesorado por alumno

Atender a menos estudiantes por docente elevará el coste de la FP virtual. Así lo recoge la memoria del Ministerio: en su cálculo, pasar de 90 a 50 alumnos por profesor aumenta el gasto docente de 429 a 772 euros por estudiante y curso.

Son 343 euros más por alumno, aproximadamente un 80%. La explicación es sencilla: para mantener el mismo número de estudiantes con grupos más pequeños, los centros necesitan dedicar más recursos de profesorado.

El cálculo utiliza una remuneración de referencia de 25.750 euros anuales y una dotación de 1,5 docentes por curso. Los 90 alumnos son el punto de partida elegido para la estimación, no la situación acreditada de todos los centros.

Ese 80% no es una previsión de subida de las matrículas. Se refiere exclusivamente al coste de profesorado estimado por el Ministerio. Cuánto repercutiría en el precio que paga el estudiante dependerá de los demás gastos y de las decisiones de cada centro.

Educación prevé mejores resultados, pero no mide cuánto mejorarían

La justificación del Gobierno es que un profesor con menos estudiantes puede dedicar más atención a cada uno, detectar dificultades y seguir mejor su aprendizaje. La memoria considera que el refuerzo contribuirá a mejorar la calidad y no prevé una reducción significativa de la capacidad del sistema para atender la demanda.

También señala que el calendario de implantación permitirá a los centros planificar sus plantillas durante tres cursos académicos.

La cuestión que queda abierta es por qué el límite final debe ser de 50 estudiantes y qué mejora concreta se espera obtener con ese número. La memoria presenta una previsión de beneficios, pero el análisis económico examinado no los traduce en objetivos medibles de reducción del abandono, aumento de la titulación o mejora de la atención.

Hay, además, una limitación en los datos de partida: el documento reconoce que no dispone de información consolidada y homogénea sobre las ratios por ciclo virtual en los centros privados. Por tanto, los 90 alumnos empleados como referencia no representan una situación comprobada para todos los centros. El esfuerzo de adaptación será diferente según cómo trabaje actualmente cada uno.

La objeción del sector: no todas las tareas necesitan el mismo grupo

Fuentes del sector coinciden con el Ministerio en la necesidad de garantizar tutoría y seguimiento. Lo que cuestionan es utilizar una cifra uniforme para actividades con necesidades diferentes.

Explicar contenidos comunes, corregir trabajos, supervisar prácticas y atender una dificultad individual no requieren necesariamente la misma organización. Por ello, proponen permitir grupos y desdoblamientos distintos según la actividad, siempre que el centro pueda demostrar que ofrece una atención suficiente.

La crítica no consiste en defender que un profesor pueda asumir cualquier número de estudiantes. Reclama que el límite se justifique teniendo en cuenta la metodología, la complejidad del módulo, los recursos disponibles y el trabajo efectivo de evaluación y tutoría.

Por qué también se cuestiona la equiparación de horas

La otra objeción del sector a la propuesta del ministerio se refiere a tomar las horas de la enseñanza presencial como mínimo para organizar la virtual.

En una clase presencial, buena parte del trabajo se desarrolla con el profesor y el grupo reunidos a una hora determinada. La formación virtual combina sesiones en directo con materiales que el estudiante consulta en otro momento, actividades autónomas, correcciones, tutorías y seguimiento mediante la plataforma.

Las observaciones sostienen que esas diferencias deben reflejarse en la distribución del trabajo docente. Proponen sustituir la equivalencia automática por una dedicación suficiente y comprobable, adaptada al número de estudiantes y a las características de cada enseñanza.

Esto no implica que los recursos digitales sustituyan al profesorado. Preparar contenidos, actualizarlos, corregir y acompañar al alumnado también exige trabajo. La discusión es si la calidad debe comprobarse mediante una equivalencia de horas con la presencial o mediante criterios que midan la atención realmente prestada.

Tampoco debe confundirse esta obligación con las horas de conexión del estudiante: el artículo se refiere a la dedicación del profesorado, no a que todo el aprendizaje virtual deba desarrollarse en directo.

Quién asume el coste y qué ocurre con las plazas

El Ministerio sostiene que la reducción de ratios no limita las admisiones: obliga a reforzar los recursos para atenderlas. El sector advierte de otra posibilidad: que algunos centros repercutan parte del aumento de costes en las matrículas o dejen de ofrecer determinados grupos.

Ninguno de esos efectos sobre precios y plazas puede darse por demostrado con la documentación disponible. Pero que la norma no establezca un máximo global de estudiantes tampoco permite asegurar que todos los centros puedan mantener su oferta después de adaptarse a lo que pretende el Gobierno.

Para valorar ese riesgo hacen falta datos de matrícula, plantilla y costes por enseñanza. También habría que analizar conjuntamente las dos exigencias docentes: el profesorado adicional necesario para cumplir una ratio puede cubrir parte de las nuevas horas, por lo que no sería correcto sumar ambos costes sin comprobar los posibles solapamientos.

La controversia se centra, así, en una pregunta concreta: qué refuerzo necesita cada oferta para mejorar la atención y cómo financiarlo sin dificultar el acceso.

El Gobierno considera que menos estudiantes por docente y una dedicación mínima reforzada mejorarán la calidad. El sector reclama demostrar por qué esos parámetros son los adecuados antes de convertirlos en obligaciones generales. El punto pendiente es conectar el esfuerzo económico previsto con resultados educativos que puedan comprobarse.