La Mesa del Congreso empezará a partir de ahora a detallar de forma expresa las razones que avalan cada una de las prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas a los proyectos de ley. Con este cambio, el órgano rector de la Cámara se adapta a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que advierte de que alargar esos plazos de manera automática, reiterada y sin una motivación concreta vulnera el derecho de los diputados a desarrollar plenamente sus funciones parlamentarias.
El Tribunal Constitucional adoptó esta resolución al estimar un recurso de amparo interpuesto por el PP contra un acuerdo de la Mesa del Congreso que decidió extender hasta en 71 ocasiones, y sin explicación alguna, el periodo de enmiendas de un proyecto de ley que el Pleno había acordado tramitar por el procedimiento de urgencia, lo que implica reducir a la mitad los tiempos ordinarios.
Esta iniciativa legislativa fue admitida a trámite por la Cámara Baja en la pasada legislatura, en 2020. Sin embargo, la cadena de ampliaciones sucesivas del plazo de enmiendas terminó provocando que la propuesta decayera al cierre de la legislatura en mayo de 2023, cuando se convocaron las elecciones generales y caducaron los textos que seguían en tramitación.
Armengol asume el criterio del Constitucional
La Mesa del Congreso, encabezada por la socialista Francina Armengol, ha tomado nota de la sentencia del Constitucional y, como es habitual con este tipo de resoluciones, la ha remitido a los servicios jurídicos de la Cámara para su análisis y conocimiento.
De este modo, y siguiendo la recomendación expresada por el TC, la Mesa del Congreso pasará a motivar de forma explícita cada prórroga de los plazos de enmiendas de las distintas iniciativas legislativas, según han confirmado fuentes parlamentarias consultadas.
Las mismas fuentes han subrayado que la resolución del Constitucional no corrige el Reglamento del Congreso, ya que lo que se venía aplicando era la doctrina fijada por la Mesa que presidió la 'popular' Ana Pastor. No obstante, el fallo sí establece con claridad que los sucesivos aplazamientos de los plazos de enmiendas deben estar debidamente justificados y sustentados en razones concretas.