De Morant a Marlaska: las reacciones políticas al eclipse total que ha paralizado España

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades es, según la normativa española, la máxima responsable de la política gubernamental en materia de ciencia, desarrollo tecnológico, innovación y universidades, con amplias funciones de dirección, impulso normativo y gestión presupuestaria. Su estatuto general viene definido por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, mientras que el contenido material de su cartera se fija en el Real Decreto 829/2023, de reestructuración de departamentos ministeriales (modificado por el Real Decreto 1230/2023) y, a nivel interno, por el desarrollo de estructura del Ministerio (Real Decreto 1009/2023 y Real Decreto 472/2024) y la Orden CNU/670/2024, de delegación de competencias. En conjunto, estos textos configuran un departamento encargado de la política científica, tecnológica, de innovación y universitaria, y atribuyen a su titular la dirección política, la potestad de propuesta normativa y la alta gestión del sector.

Marco general: Ley 50/1997, del Gobierno

La Ley 50/1997, del Gobierno establece el estatuto común de todos los ministros. Entre sus funciones generales (arts. 4, 5, 6 y concordantes) se incluyen, en síntesis:

• Dirección del departamento: ejerce la jefatura superior del Ministerio, fija objetivos, prioridades y directrices internas y responde políticamente ante el Congreso.
• Potestad de iniciativa normativa: eleva al Consejo de Ministros anteproyectos de ley, proyectos de real decreto y otras disposiciones en materias de su competencia.
• Gestión administrativa y presupuestaria: impulsa y controla la ejecución del presupuesto del departamento y de sus organismos dependientes, dentro del marco fijado por Hacienda.
• Nombramientos y organización interna: propone y, en su caso, nombra altos cargos y directivos, y organiza los servicios del Ministerio en el marco de los reales decretos de estructura.
• Representación institucional: representa al Ministerio ante otros departamentos, comunidades autónomas, instituciones internacionales y agentes del sistema de ciencia, innovación y universidades.
• Delegación de competencias: puede delegar funciones en secretarías de Estado, subsecretaría, direcciones generales, etc., con los límites establecidos en la propia Ley 50/1997.

Ámbito material del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y su modificación por el Real Decreto 1230/2023, incluyen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades entre los departamentos de la Administración General del Estado.

Según se recoge en la exposición de motivos de la Orden CNU/670/2024, el Ministerio se define como el departamento encargado de:

• La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores.
• La política del Gobierno en materia de universidades y las actividades que les son propias.

Esta doble vertiente (sistema de I+D+i y sistema universitario) delimita el campo de actuación material de la ministra.

Funciones específicas por grandes bloques

1. Política científica y de investigación

En el ámbito de la ciencia y la investigación, la ministra asume, con carácter general:

• Impulsar y coordinar la política estatal de I+D+i, incluidos los planes estatales de investigación científica, técnica y de innovación.
• Dirigir la actuación de los organismos públicos de investigación estatales adscritos al Ministerio (como el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, etc., según la normativa orgánica específica).
• Proponer y gestionar programas de fomento del talento investigador, ayudas, becas y contratos de investigación, en el marco de las bases reguladoras aprobadas por el propio departamento.
• Coordinarse con comunidades autónomas y otros departamentos a través de órganos colegiados como el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (cuyo reglamento se publica por resolución de la Secretaría de Estado, citada en el BOE).

2. Innovación y desarrollo tecnológico

En materia de innovación, de acuerdo con el encuadre del departamento en la Orden CNU/670/2024 y otras normas sectoriales:

• Dirige la política de innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento hacia empresas y sociedad.
• Ordena y financia, mediante subvenciones y otros instrumentos, programas gestionados por entidades como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), cuyas bases reguladoras se aprueban por orden ministerial.
• Participa en la definición de posiciones españolas en programas europeos e internacionales de I+D+i.

3. Universidades y sistema universitario

En el campo universitario, la ministra ejerce la dirección de la política del Gobierno en relación con:

• La ordenación general del sistema universitario estatal, en coordinación con las comunidades autónomas y de acuerdo con la legislación universitaria básica.
• La regulación de títulos, acreditación de enseñanzas y evaluación de la calidad, a través de órganos como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), sobre la que dicta órdenes de organización y bases de actuación.
• La política de becas, ayudas y premios universitarios de ámbito estatal (por ejemplo, la Orden CNU/1116/2025 regula los Premios Nacionales de Fin de Carrera, citada en el BOE aunque no sea objeto central de tu pregunta).

4. Funciones de coordinación internacional y representación

Derivado tanto de la Ley 50/1997 como del encuadre material del departamento, corresponde a la ministra:

• Representar a España en foros internacionales de ciencia, innovación y universidades, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores u otros departamentos cuando proceda.
• Impulsar y firmar, en nombre del Gobierno (o proponer al Consejo de Ministros), acuerdos y programas internacionales de cooperación científica y académica, en el marco de la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

5. Delegación de competencias y gestión interna

La Orden CNU/670/2024, de 25 de junio, sobre delegación de competencias, desarrolla de forma muy detallada cómo la ministra delega una parte significativa de sus competencias en la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, la Subsecretaría y otros órganos directivos:

• Delegación en materia de gasto y gestión presupuestaria hasta determinados límites (por ejemplo, hasta 12.000.000 de euros en algunos casos para aprobar y comprometer gasto y reconocer obligaciones).
• Delegaciones en materia de convocatoria y concesión de ayudas, subvenciones y premios de investigación y de innovación.
• Delegaciones para la gestión de personal y de indemnizaciones por razón del servicio.

Estas delegaciones no alteran la responsabilidad política última de la ministra, pero sí distribuyen funcionalmente la gestión diaria dentro del departamento.

Milagros Tolón Jaime (Toledo, 1968) es una política del PSOE con una trayectoria ligada principalmente al ámbito municipal y autonómico castellanomanchego antes de su llegada al Consejo de Ministros. Licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Magisterio, trabajó como profesora antes de dedicarse plenamente a la política. Fue concejala en el Ayuntamiento de Toledo, diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y, desde 2015 hasta 2023, alcaldesa de la capital regional, etapa en la que se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo y que revalidó en 2019. Tras perder la Alcaldía por un pacto PP–Vox en 2023, pasó a liderar el Grupo Municipal Socialista, fue elegida diputada nacional por Toledo y posteriormente nombrada delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, cargo desde el que sería propuesta más tarde como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Formación académica y primeros pasos profesionales

Según la ficha parlamentaria sintetizada en bases de datos políticas, Tolón es licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Magisterio. Antes de entrar en la primera línea institucional desarrolló actividad como profesora, experiencia que posteriormente se utilizaría como uno de los elementos de su perfil cuando fue nombrada ministra.

Trayectoria municipal en Toledo

Su carrera política arranca en el Ayuntamiento de Toledo, donde fue concejala por el PSOE (las fuentes no precisan las fechas exactas, pero sitúan esta etapa antes de 2015). A partir de ahí da el salto a la Alcaldía: en 2015 se convierte en la primera alcaldesa de Toledo y revalida el cargo en las elecciones de 2019, acumulando en total ocho años al frente del Consistorio. Diversas informaciones de Demócrata recuerdan de forma reiterada que Tolón “fue alcaldesa de Toledo durante ocho años”, entre ellas las piezas sobre su nombramiento como ministra y las reacciones del PSOE (asume Educación, el PSOE celebra los nombramientos, jura ante Felipe VI, nueva ministra de Educación, designación inicial).

Durante esta etapa municipal compatibiliza la Alcaldía con un papel relevante en el municipalismo español como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cargo que también recogen las crónicas de Demócrata sobre su perfil político (perfil del PSOE, ampliación biográfica).

Actividad autonómica y orgánica en el PSOE

Antes de alcanzar la Alcaldía, la biografía resumida en bases de datos indica que Tolón fue diputada regional en las Cortes de Castilla-La Mancha, aunque no se especifican legislaturas ni responsabilidades concretas. En paralelo a sus cargos institucionales, “ha ocupado cargos relevantes en la FEMP y la Ejecutiva Federal del PSOE”, lo que la sitúa como dirigente con peso interno en el partido más allá del ámbito local.

Su papel en el socialismo castellanomanchego y en el PSOE federal aparece de fondo en varias informaciones políticas donde se interpreta su ascenso como parte de los equilibrios internos del partido. Así, una pieza de Demócrata recoge que el PP ve su promoción a nivel estatal como un movimiento de Pedro Sánchez de cara a la futura sucesión de Emiliano García-Page en la región (acusaciones del PP).

Del Ayuntamiento de Toledo a la Delegación del Gobierno

En las municipales de 2023, Tolón vuelve a ser la candidata más votada en Toledo, pero un pacto entre PP y Vox lleva a la Alcaldía a Carlos Velázquez. La biografía institucional destaca que, tras este vuelco, pasa a liderar el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. Desde esa posición, y manteniendo una fuerte presencia pública en la ciudad —como muestran múltiples referencias posteriores a su condición de “exalcaldesa” en piezas locales sobre Toledo (reforma del Estatuto, críticas de Vox, relevo en la Delegación)—, da el salto a la política estatal.

Posteriormente es elegida diputada en el Congreso por la provincia de Toledo y nombrada delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Esta última responsabilidad aparece reiterada en noticias sobre su gestión y en informaciones de La Moncloa y otros medios, donde se la cita como delegada en actos institucionales y visitas con miembros del Gobierno central (acto sobre el Estatuto, declaraciones en una DANA, visita a Joma, acto de radio escolar, nota de Vivienda).

Proyección nacional previa al Ministerio

En esta última fase previa a su nombramiento como ministra, Tolón consolida su perfil nacional combinando su escaño en el Congreso con la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y su historial como alcaldesa de una capital autonómica. El periódico Demócrata, en sus crónicas del 22 de diciembre de 2025, la presenta como “diputada en el Congreso por la provincia de Toledo” y “delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha” cuando Pedro Sánchez anuncia que asumirá la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes (anuncio en Moncloa, ampliación, reacción del PSOE, acto con el Rey).

En conjunto, antes de su entrada en el Consejo de Ministros, su trayectoria combina experiencia docente, largos años de gestión municipal en Toledo, responsabilidad autonómica como diputada regional y un papel clave como representante del Gobierno central en Castilla-La Mancha, además de su integración en los órganos de dirección del PSOE y en el municipalismo organizado a través de la FEMP.

Otras informaciones de contexto político y parlamentario donde aparece citada Milagros Tolón, ya en su etapa posterior, se pueden consultar en el periódico Demócrata y otros medios: Caso Kitchen, Trump y Meloni, eventual candidatura en Toledo, debate sobre el calor en las aulas, posicionamiento sobre el caso Koldo, declaraciones sobre Toledo, opinión sobre cambios económicos, polémica por la visita de Leire Díez, asistencia a la misa del Papa, así como en la agenda oficial del Gobierno en La Moncloa (romería del Valle, Corpus en Toledo, Pleno del Congreso, reunión en la Delegación, Pleno y acto en el CEIP Alfonso VI, Comisión de Educación en el Senado, entrevista en TVE, encuentro de oratoria).

En España no existe una norma específica sobre eclipses, pero sí un marco jurídico general que permite establecer zonas de exclusión o restricciones temporales de acceso en espacios públicos cuando lo exigen la seguridad ciudadana, la protección civil o la seguridad vial. Estas potestades se reparten entre el Estado (Delegación del Gobierno y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), las comunidades autónomas y, de forma muy relevante, los ayuntamientos. Las decisiones deben ser siempre proporcionadas, limitadas en el tiempo y justificadas por un riesgo objetivo para las personas o el orden público.

Seguridad ciudadana y orden público

La pieza central es la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana (texto en el BOE). De acuerdo con los fragmentos consultados:

• Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad “en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración”, y solo “por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento”.
• Las autoridades competentes pueden acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la prohibición del paso y la evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados, “en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana”. Estas medidas pueden adoptarse incluso de forma urgente por los agentes.
• La ley también tipifica como infracción el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o de itinerario con ocasión de un acto público, lo que refuerza jurídicamente los perímetros o desvíos impuestos en eventos multitudinarios.

En esta misma ley se reconoce que los alcaldes pueden imponer sanciones y adoptar las medidas previstas cuando las infracciones se cometan en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que tengan competencia material, lo que se coordina con el régimen local.

Protección civil y situaciones de emergencia

La gestión de emergencias se articula a través de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil (texto en el BOE). Esta norma permite a las autoridades competentes:

• Adoptar medidas restrictivas de derechos (por ejemplo, limitar accesos, ordenar evacuaciones o confinamientos) y prestaciones personales o materiales, siempre con “vigencia limitada al tiempo estrictamente necesario” y adecuadas a la entidad de la emergencia.
• Proceder a la requisa temporal de bienes, a la intervención u ocupación transitoria de los necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades, con el consiguiente derecho a indemnización por los perjuicios sufridos.

Aunque la ley se centra en emergencias (incendios, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, etc.), el esquema es aplicable a cualquier situación de riesgo relevante para la integridad de las personas, y se complementa con la Norma Básica de Protección CivilReal Decreto 524/2023), y con la Norma Básica de AutoprotecciónReal Decreto 393/2007 (texto en el BOE).

Esta última obliga a elaborar planes de autoprotección en grandes espectáculos y eventos al aire libre, incluyendo actividades recreativas con aforo igual o superior a 20.000 personas, y prevé procedimientos de alarma, evacuación, sectorización de zonas de riesgo y control de accesos, que son el soporte técnico-jurídico de las zonas de exclusión en eventos multitudinarios.

Competencias municipales y uso del espacio público

La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (texto en el BOE) establece que los municipios tienen competencias propias, entre otras, en:

• Policía local, protección civil, tráfico y estacionamiento en vías urbanas.
• Gestión de espacios y bienes de dominio público municipal y aprobación de ordenanzas que regulan su uso.

El alcalde puede, “en caso de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos”, adoptar personalmente y bajo su responsabilidad las medidas necesarias y adecuadas, lo que ampara cierres preventivos de parques, miradores o playas ante riesgos específicos (incluido un aumento muy extraordinario de afluencia por un fenómeno singular).

Tráfico y restricciones de circulación

En materia de circulación, el Real Decreto Legislativo 6/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial (texto en el BOE), atribuye a los municipios, entre otras funciones:

• La regulación y ordenación del tráfico en vías urbanas.
• La retirada de vehículos y, de forma expresa, el cierre de vías urbanas cuando sea necesario, así como la restricción de la circulación a determinados vehículos por motivos, entre otros, de seguridad o medioambientales.

Sobre esta base, un ayuntamiento puede establecer cortes y desvíos de tráfico, peatonalizar temporalmente calles o delimitar áreas de acceso restringido durante un eclipse u otro evento que concentre grandes multitudes, siempre coordinado con Delegación del Gobierno y, en su caso, con la comunidad autónoma.

Espectáculos públicos y normativa autonómica

No existe una ley estatal única de espectáculos públicos: la regulación detallada es autonómica, mientras que a nivel básico opera la normativa de protección civil y autoprotección. El propio Real Decreto 393/2007 remite a la “normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas”, lo que significa que cada comunidad autónoma concreta aforos, planes de emergencia y capacidad de establecer perímetros de seguridad y control de accesos en grandes eventos.

En conjunto, este entramado normativo permite que, ante un eclipse o fenómeno análogo, las autoridades competentes establezcan legalmente zonas de exclusión temporales en espacio público, con tres condiciones clave: que haya una justificación de seguridad ciudadana o protección civil, que la medida sea proporcionada al riesgo y que se limite al tiempo estrictamente necesario.