El Gobierno ya ha puesto sus cartas sobre la mesa. Esta semana, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan Anual Normativo (PAN) que recoge 179 iniciativas: compromisos, deseos, anhelos de un Ejecutivo que afronta su último año de legislatura.
El PAN es un instrumento de planificación donde se detalla, con antelación, las leyes y reglamentos que planea aprobar el Gobierno durante el ejercicio. Unas siglas, cuya sombra marca la gestión y bajo cuyo paraguas se puede maquillar la falta de acción legislativa: dado que el PAN se limita a las propuestas en el marco del Consejo de Ministros, si el proyecto de ley luego se atasca o decae en fase de tramitación parlamentaria, el Gobierno puede excusarse en que "lo intentó".
Los orígenes de este mecanismo de transparencia se remontan a la LPAC (Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y a la LRJP (Régimen Jurídico del Sector Público), otra sopa de siglas que forma parte del día a día de todo aquel que se relaciona con la administración desde 2015. Ambas leyes fueron impulsadas durante la primera legislatura de Mariano Rajoy fruto de los trabajos realizados por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) liderada por Soraya Saénz de Santamaría y Cristóbal Montoro.
A año vista
Tras su presentación, hubo que esperar dos años hasta que el Gobierno diera encaje legal a la materialización del PAN. Lo hizo en 2017 vía real decreto en el que también se creó la Junta de Planificación y Evaluación Normativa y se concretó cómo debía ser el informe evaluativo posterior.
Sobre el papel, los distintos ministerios deben remitir a la Junta las iniciativas normativas que deseen incorporar antes del 1 de marzo. Posteriormente, el ministro con las competencias de Presidencia (en este caso, Félix Bolaños) eleva el proyecto al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril del año anterior a su vigencia. Sin embargo, el documento para 2026 ha visto la luz cuando ya han transcurrido cinco meses del año al que hace referencia.
¿Carta en la mesa, presa?
El incumplimiento de las iniciativas recogidas en el PAN no conlleva ninguna sanción, pues se trata de una mera previsión. A lo sumo, puede comportar el reproche de la opinión pública o el castigo posterior en las urnas.
Aunque es un documento cerrado, los ministros pueden elevar al Consejo de Ministros propuestas que no figuren justificándolo adecuadamente en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, siempre que después sea sometido a evaluación «ex post». Por otro lado, solo en circunstancias especiales (multiplicidad de proyectos o formación de un nuevo Gobierno), se puede solicitar al ministro de la Presidencia que proponga al Gobierno la modificación del PAN. También es habitual que las iniciativas que no son aprobadas un año sean "heredadas" por el siguiente documento.
Evaluando, que es gerundio
El primer PAN que vio la luz fue el de 2018. Se aprobó en diciembre de 2017 con el Gobierno de Rajoy e incluyó 287 normas. Sin embargo, el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez meses después propició la paradoja de un ejecutivo con la hoja de ruta del anterior (lo mismo ocurrió con los PGE).
Por su parte, el primer PAN del Gobierno de coalición llegó en 2020, pues en 2019 la parálisis institucional fruto de la repetición electoral impidió su elaboración. Desde 2020 el PAN no solo se ha aprobado de forma anual, sino que también se ha elaborado un informe evaluativo sobre su cumplimiento. En el momento de presentar cada uno de los análisis, coincidiendo normalmente con la presentación del nuevo PAN, este fue el grado de cumplimiento:
- 2020 – Aprobadas el 51% de las iniciativas previstas, y un 36% en tramitación.
- 2021 – Aprobadas el 57%, y un 37% en tramitación.
- 2022 – Aprobadas el 53%, y un 26% en tramitación.
- 2023 – Aprobadas el 40%, y un 12% en tramitación.
- 2024 – Aprobadas el 44,95%, y un 15,66% en tramitación.
- 2025 – Aprobadas el 36,18%, y un 46,23% en tramitación.