La declaración de las zonas afectadas por los incendios como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, conocida popularmente como "zona catastrófica", es uno de los principales instrumentos con los que cuenta el Estado para responder a las consecuencias de una gran emergencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes esta medida para los territorios dañados por los incendios que afectan a Madrid, Ávila y Toledo.
La declaración no implica que las ayudas lleguen de forma automática ni que todos los afectados reciban una indemnización directa. Su principal función es abrir el marco legal que permite al Gobierno aprobar un paquete extraordinario de medidas económicas, fiscales y administrativas para facilitar la recuperación de los municipios, los vecinos y las empresas afectadas, tal y como prevé la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.
¿Quién puede declarar una zona gravemente afectada?
La declaración corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios competentes, principalmente Interior y Hacienda. También puede ser solicitada por las comunidades autónomas o los ayuntamientos afectados, aunque la decisión final corresponde al Gobierno. Además, el acuerdo delimita expresamente qué municipios o territorios quedan incluidos.
La ley establece que esta figura puede utilizarse cuando una catástrofe haya provocado daños personales o materiales de especial gravedad o haya alterado de forma significativa las condiciones de vida de la población o el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
¿Qué ayudas pueden aprobarse?
La declaración habilita al Gobierno para aprobar distintas medidas de apoyo. Entre ellas figuran ayudas económicas para viviendas habituales y enseres de primera necesidad dañados, compensaciones a los ayuntamientos por los gastos extraordinarios asumidos durante la emergencia y subvenciones para reparar infraestructuras municipales y carreteras.
También pueden aprobarse ayudas para empresas, comercios e industrias afectadas, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, así como líneas de financiación preferente a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, la ley contempla la posibilidad de establecer beneficios fiscales, como exenciones o reducciones en determinados impuestos, cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros.
No todas las ayudas son automáticas
Uno de los aspectos más importantes es que la declaración no supone el pago inmediato de indemnizaciones. Tras su aprobación comienza un proceso de evaluación de daños para determinar qué personas, empresas o administraciones cumplen los requisitos para acceder a cada una de las medidas.
En la práctica, los afectados deberán acreditar los daños sufridos y presentar la documentación exigida en las convocatorias que apruebe el Gobierno o las administraciones competentes. Las ayudas públicas tampoco sustituyen automáticamente a los seguros privados, sino que pueden complementarlos en los términos establecidos por la normativa aplicable.
El objetivo es acelerar la recuperación
Con esta declaración, el Gobierno pretende facilitar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales una vez concluya la fase de emergencia. Además de reparar viviendas, infraestructuras y servicios públicos, las medidas buscan ayudar a que agricultores, ganaderos, empresas y ayuntamientos puedan recuperar cuanto antes su actividad.
La figura de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se ha utilizado en los últimos años tras grandes incendios, inundaciones y otros fenómenos naturales de especial impacto. En todos los casos, el objetivo es dotar de un marco jurídico que permita movilizar recursos extraordinarios y coordinar la respuesta de las distintas administraciones una vez superada la fase más crítica de la emergencia.