Vox presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) en la que el organismo arbitral sostiene que carece de competencias para intervenir frente a las nacionalizaciones de descendientes de españoles derivadas de la 'ley de nietos', pese a que una parte de sus miembros aprecia un "incremento irregular" del censo electoral.
La JEC había pedido a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre la aplicación de la 'ley de nietos' en la actualización del censo, con especial atención a si se revisan las declaraciones de los electores que piden inscribirse en un municipio distinto al de su última residencia en España. Al mismo tiempo, se declaró incompetente para actuar, alegando que el procedimiento de obtención de la nacionalidad por esta vía queda fuera de su ámbito de actuación.
Sin embargo, cuatro de los trece vocales que integran la JEC se desmarcaron de esa decisión y, en un voto particular, alertaron de que se ha producido un "incremento irregular" del censo electoral. A su juicio, la instrucción del Ministerio de Justicia para aplicar la 'ley de nietos' permitió acceder a la nacionalidad a más personas de las contempladas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar.
Fuentes de Vox comparten el criterio de esos vocales discrepantes y sostienen que la JEC sí está facultada para intervenir, puesto que esas nacionalizaciones impactan directamente en el censo electoral, una "alteración del censo electoral" que el partido insiste en calificar de "cacicada" y que motiva su recurso ante el Supremo.
En paralelo, Vox ha comunicado que este martes ha solicitado de forma directa al órgano de contratación la revisión y anulación de los contratos del Gobierno con las empresas PALCO (Cuba) y NEORIS (con sede en Miami), adjudicatarias de servicios para agilizar la tramitación de los expedientes de quienes solicitan la nacionalidad española.
MÁS ACCIONES CONTRA LA 'LEY DE NIETOS'
Las mismas fuentes de Vox avanzan que impulsarán nuevas iniciativas para tratar de frenar la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos'. Hasta ahora, entre otras actuaciones, han reclamado ante la Secretaría de Estado de Justicia la impugnación de la instrucción ministerial de 2022 que, a su juicio, amplía el acceso a la nacionalidad más allá de lo fijado en la Ley de Memoria Democrática, al extenderlo a descendientes de emigrados por motivos económicos y no sólo políticos.
Asimismo, han exigido auditar y suspender las inscripciones "masivas" en el CERA y que se prohíba el voto por correo desde el extranjero "sin garantías de identidad y custodia"; además, han puesto en marcha diversas iniciativas tanto en el Parlamento como en Bruselas.
Vox ha constituido un grupo de trabajo formado por la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís; el líder de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé; el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías; y el vicesecretario de Acción Política, Ignacio de Hoces.