El nuevo decreto de vivienda que preparan PSOE y Sumar llega a su recta final con una dificultad política evidente: el Gobierno puede aprobarlo en el Consejo de Ministros, pero después necesita reunir una mayoría suficiente en el Congreso para convalidarlo, y esa mayoría no está garantizada. Podemos y Junts, dos fuerzas imprescindibles en muchas votaciones de la legislatura, mantienen posiciones casi opuestas sobre algunos de los puntos centrales del texto, lo que deja al Ejecutivo ante una negociación especialmente delicada.
El acuerdo interno del Gobierno contempla una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler hasta el 30 de junio de 2028 y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, dos fórmulas que han ganado peso en el mercado y que, según el Ejecutivo, pueden utilizarse para esquivar las limitaciones previstas para la vivienda habitual en zonas tensionadas. La redacción final, sin embargo, todavía no está cerrada y será decisiva para saber qué contratos podrán acogerse a la extensión, en qué condiciones y con qué garantías para inquilinos y propietarios.
Podemos exige recuperar la suspensión de desahucios
Podemos reclama que el decreto incluya de nuevo la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, una medida que considera imprescindible si el objetivo real del texto es proteger a los inquilinos y evitar que familias sin alternativa habitacional puedan perder su vivienda. La formación de Ione Belarra sostiene que una norma dirigida a contener los efectos de la crisis de vivienda no puede limitarse a prorrogar contratos o regular nuevas modalidades de alquiler, sino que debe blindar a los hogares en situación más frágil.
El partido rechaza además que se utilicen recursos públicos para compensar fiscalmente a los propietarios. Su argumento es que un decreto pensado para frenar la presión sobre los inquilinos no debe incorporar beneficios para los caseros, especialmente en un contexto en el que los precios del alquiler siguen absorbiendo una parte creciente de los ingresos de muchas familias. Por eso, Podemos ha pedido separar las medidas en distintos textos, de manera que pueda apoyar las iniciativas que considera favorables a los inquilinos sin verse obligado a aceptar concesiones negociadas con otras formaciones.
Junts reclama incentivos para propietarios y medidas contra la ocupación
La posición de Junts va en sentido contrario. El partido considera que la propuesta del Gobierno es demasiado intervencionista y reclama beneficios fiscales para los propietarios, además de medidas contra la ocupación y garantías para que la prórroga extraordinaria de los contratos quede vinculada al cumplimiento del pago del alquiler por parte del inquilino.
La formación independentista quiere que cualquier ampliación de contratos tenga contrapesos claros para los propietarios y que el decreto no se convierta, a su juicio, en una imposición general que reduzca seguridad jurídica o desincentive la oferta de vivienda en alquiler. Esa exigencia choca frontalmente con las líneas rojas de Podemos, que ve en esos incentivos una cesión al sector propietario y un uso inadecuado de recursos públicos.
El Gobierno intenta conciliar exigencias difíciles
El problema para el Ejecutivo es que las dos demandas son difíciles de encajar en un mismo texto. Si el Gobierno se acerca a Podemos e introduce una protección más fuerte frente a desahucios, puede alejar a Junts y complicar la convalidación. Si, por el contrario, incorpora incentivos fiscales para propietarios o refuerza las condiciones exigidas al inquilino para acceder a la prórroga, puede provocar el voto contrario de Podemos.
La aritmética parlamentaria convierte cualquier matiz en decisivo. Los cuatro diputados de Podemos pueden ser determinantes si el Partido Popular, Vox y Junts rechazan el decreto, pero Junts también puede tumbar la norma si entiende que el texto final no recoge suficientes garantías para los propietarios. El Gobierno vuelve así a una dinámica conocida: cada socio parlamentario tiene capacidad para endurecer la negociación porque el margen de error en el Congreso es mínimo.
Qué contratos podrían prorrogarse hasta 2028
La medida central del decreto es la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler hasta el 30 de junio de 2028, aunque el alcance exacto dependerá de la redacción definitiva. Por ahora, no puede afirmarse que todos los alquileres vayan a quedar automáticamente prorrogados, ya que el texto deberá concretar qué contratos entran dentro de la medida, qué requisitos deberá cumplir el inquilino y qué supuestos permitirán al propietario oponerse a la extensión.
También deberá definirse qué ocurre en los casos de vulnerabilidad acreditada, cómo se articula la compensación si finalmente se mantiene algún mecanismo de equilibrio para los arrendadores y qué papel tendrán las comunidades autónomas o los servicios sociales a la hora de verificar cada situación. Esa letra pequeña será clave, porque de ella dependerá si la norma se percibe como una protección real para inquilinos o como una intervención que genera inseguridad en el mercado del alquiler.
Alquiler de temporada y habitaciones, el otro gran frente
El decreto también aborda la regulación de los alquileres de temporada y los contratos por habitaciones, dos modalidades que han crecido en los últimos años y que se han convertido en uno de los principales puntos de fricción del debate sobre vivienda. El Gobierno estudia aproximar su regulación a la de la vivienda habitual para evitar que estas fórmulas se utilicen como vía de escape frente a los límites de precios o las obligaciones aplicables en zonas tensionadas.
La cuestión no es menor. En muchas ciudades, el alquiler de temporada ha dejado de estar vinculado exclusivamente a estudiantes, trabajadores desplazados o estancias temporales reales, y se ha convertido en una fórmula utilizada para ofrecer vivienda durante menos tiempo, con menos estabilidad para el inquilino y precios más altos. Regular ese espacio permitiría cerrar una de las grietas del sistema, pero también aumenta la resistencia de propietarios y partidos que consideran que el Gobierno está interviniendo de forma excesiva en el mercado.
El recuerdo del fracaso de abril
La negociación llega marcada por un antecedente reciente: otra iniciativa sobre alquileres fue rechazada en abril por el Congreso. Ese fracaso pesa ahora sobre el Ejecutivo, que sabe que aprobar el decreto en el Consejo de Ministros no basta si después no consigue reunir los apoyos necesarios para salvar la convalidación parlamentaria.
El objetivo del Gobierno es llevar el texto al Consejo de Ministros del 28 de julio, pero hasta entonces las conversaciones siguen abiertas con Podemos, Junts, PNV y el resto de socios parlamentarios. La aprobación inicial serviría para fijar una posición política, aunque la votación definitiva en el Congreso será la prueba real de fuerza.
Una votación que medirá la mayoría del Gobierno
El decreto de vivienda se ha convertido en algo más que una norma sobre alquileres. También medirá la capacidad del Gobierno para sostener una mayoría parlamentaria fragmentada en uno de los asuntos sociales más sensibles de la legislatura. La vivienda atraviesa a jóvenes, familias, rentas medias, pequeños propietarios, grandes tenedores, comunidades autónomas y ayuntamientos, y cualquier decisión tiene costes políticos en varios frentes a la vez.
Sin un acuerdo de última hora, el texto puede repetir el desenlace de la propuesta rechazada en abril. El Gobierno necesita proteger a los inquilinos sin perder a Junts, ofrecer seguridad jurídica sin romper con Podemos y regular nuevas modalidades de alquiler sin provocar una mayoría de rechazo. Esa es la dificultad central del decreto: no solo debe resolver un problema de vivienda, sino sobrevivir a un Congreso donde cada voto llega con condiciones distintas.