La Ley de startups apura su tramitación en las Cortes. El proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes superó la semana pasada sus votaciones en el Senado y este jueves el Congreso vota los cambios realizados por la Cámara Alta.
La reforma ofrece una serie de ventajas, especialmente fiscales, para promover la creación de nuevas empresas. Por ejemplo, una tributación del 15% durante los cuatro primeros años de vida de la empresa, exenciones para la retribución en acciones de la empresa o mayores deducciones por la inversión en estas empresas.
También introduce cambios en la normativa para la contratación de personas extranjeras, modificando para ello la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Esta norma, en la que el Gobierno de Mariano Rajoy reguló las polémicas golden visa para inversores y empresarios extranjeros, se modifica ahora para regular un visado específico para atraer a personas que decidan teletrabajar para una empresa extranjera. También para modificar la normativa sobre captación de trabajadores de alta cualificación.
Fin de los requisitos exigidos a las empresas
La regulación ahora se simplifica, eliminando cualquier requisito referido a las empresas que deseen solicitar una autorización de residencia para un nuevo trabajador, y abre el acceso a este permiso a personas tituladas de formación profesional de grado superior, o «especialistas con una experiencia profesional de un nivel comparable de al menos tres años».
La autorización de residencia será de tres años o equivalente a la duración del contrato en caso de ser inferior, con la opción de prorrogarla otros dos años y obtener la residencia permanente a los cinco años.
Aceptada la solicitud, se facilitará un Número de Identidad de Extranjero (NIE), para lo cual deberá habilitarse una página web específica en la que solicitar citas en línea y se podrá contar con otras administraciones y organismos para su expedición presencial.
Se exigirá un determinado nivel de recursos
Los requisitos para acceder a esta pasarela no quedan definidos en la propia Ley de Startups, sino que se encomiendan a un trabajo posterior del Gobierno. La ley emplaza al Ejecutivo a constituir un grupo de trabajo con los ministerios competentes y aprobar las instrucciones antes del próximo 31 de marzo.
Estas deberán contener requisitos específicos adaptados para los solicitantes de visados y autorizaciones de residencia, y en ellos se prevén umbrales de importes económicos para evaluar los recursos económicos de los solicitantes, ya que la disposición establece que estos mismos estarán referenciados al salario mínimo interprofesional (SMI).
Hasta ahora, la Ley 14/2013 habilita este tipo de permisos distinguiendo supuestos de contratación para personal directivo o altamente cualificado, y graduados y postgraduados de universidades y escuelas de negocios de reconocido prestigio.
Para los dos primeros casos, se exigía que la empresa cumpliera, al menos, uno de estos requisitos: tener 250 trabajadores en España, facturación de 50 millones de euros, un patrimonio neto o en fondos propios de 43 millones, una inversión bruta media anual de al menos un millón o pertenecer a un sector considerado estratégico.
Otra vía era la justificación de esta contratación en base de supuestos tales como el mantenimiento del empleo, un aumento «significativo» del número de puestos de trabajo, razones de interés para la política comercial y de inversión del país, impacto socioeconómico de relevancia o en la innovación científica y tecnológica.