La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, afirmó este jueves en la Junta General que “jamás va a utilizar experiencias personales en el debate público político”. Lo hizo tras la comparecencia, a petición de Vox, de tres madres cuyos hijos están o estuvieron tutelados en centros de menores dependientes de la Administración autonómica.
Estas tres mujeres, vinculadas a la Asociación Tutela Bajo Sospecha, entidad que aún se encuentra en proceso de constitución, lanzaron duras críticas a la gestión que el Principado realiza en los centros de protección de menores, incluyendo reproches directos tanto al personal de dichos recursos como a la propia Administración. Durante la sesión, solo las diputadas de Vox, Sara Álvarez Rouco —impulsora de las comparecencias— y la parlamentaria del PP, Beatriz Polledo, formularon preguntas a las intervinientes.
La “falta de comida en los centros, el robo de niños, la manipulación de las cámaras de seguridad por parte de la Administración o la suspensión de visitas”, fueron sólo algunas de las cuestiones denunciadas por las tres intervinientes.
Tras escuchar estos testimonios y ante la cuestión planteada por la diputada de Vox sobre la situación de los centros de menores, Del Arco recordó que “la tutela administrativa de un menor no es una decisión ni ideológica ni discrecional, sino una obligación legal que se activa exclusivamente cuando existe una situación de desamparo, tal y como establece el artículo 172 del Código Civil y la ley 196 de protección jurídica del menor”.
“No lo pierda de vista”, replicó la consejera a la representante de Vox, subrayando además que “las decisiones adoptadas por la consejería a través de la Dirección General de Infancia y Familias tienen fundamento técnico fundado, empírico y el acuerdo de un órgano colegiado, que es la Comisión del Menor”.
Del Arco remarcó igualmente que “las medidas y todas las decisiones que adopta la consejería, la Dirección General, se adoptan por resolución administrativa motivada que puede ser recurrida judicialmente. Son notificadas a las personas interesadas, incluidas los menores, y a la Fiscalía de Menores, que es el órgano que tiene el control y la inspección sobre el sistema de protección de los menores”.
En esta línea, la titular de Derechos Sociales insistió en que “todas las resoluciones pueden ser recurridas judicialmente, en primera instancia a los juzgados de familia y apeladas en la Audiencia Provincial” y precisó que, de hecho, se recurre el 97% de las sentencias, resultando favorables a la Consejería en el 95% de los casos.
La consejera hizo hincapié, además, en el carácter temporal y revisable de las intervenciones administrativas sobre los menores. “Ninguna tutela es permanente. Son todas revisables, la ley lo indica, tres meses y seis meses en función de la edad, en función de la evolución del caso y de los compromisos de las personas, compromisos de mejora, para los que se ponen programas de apoyo, como el de reunificación familiar, que ya le he explicado en reiteradas ocasiones, o el de apoyo. Las medidas las supervisa en todos los casos, insisto, en todos, absolutamente en todos”, reiteró, respondiendo así a las acusaciones de Vox.
Por su parte, la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, sostuvo que “para los que viven ajenos a la realidad de la tutela, la creencia generalizada, es que el Principado de Asturias garantiza el bienestar, garantiza la seguridad y también el desarrollo del menor y eso no es así”.
“Cuando se profundiza mínimamente tanto en el entorno de las familias como en el que manifiestan los menores, la realidad no tiene ningún parecido con lo que se considera que está pasando”, añadió la parlamentaria de Vox, que reclamó “explicaciones” a la consejera sobre lo que definió como una realidad cotidiana de “abandono de menores”.