La concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García, ha expresado su inquietud por el proyecto de ley de bibliotecas y fomento de la lectura del Principado de Asturias, al considerar que no concreta de forma suficiente cómo se financiarán las nuevas obligaciones que recaerían sobre las Administraciones locales.
En su intervención en la Junta General del Principado de Asturias, García ha señalado que “Lo que no comparto es que, según este proyecto de ley, se establezcan nuevas obligaciones para las Administraciones locales sin aclarar suficientemente cómo se van a cumplir y, sobre todo, quién las va a pagar”.
Durante su comparecencia, ha puesto en valor la red municipal de lectura pública de Oviedo, a la que ha descrito como “una de las más potentes de la región”, recordando que la capital asturiana dispone actualmente de “11 bibliotecas municipales, 25 profesionales, un presupuesto propio de más de 1.650.000 euros y más de 200.000 ejemplares a disposición de los ciudadanos, desarrollando una actividad incansable”.
La edil ha resaltado también la entrega del personal de las bibliotecas ovetenses, remarcando que se trata de profesionales que afrontan su labor con auténtica vocación, implicándose en su día a día y logrando que las bibliotecas “sean espacios vivos, abiertos y cercanos a la ciudadanía”. Ha incidido en que toda esta actividad se sostiene desde la propia estructura municipal, con medios y plantilla propios, sin recurrir a ayudas externas ni subvenciones autonómicas.
García ha recalcado que los municipios ya llevan años impulsando la lectura y que los consistorios son plenamente conscientes de su relevancia, de modo que no precisan que se les recuerde la necesidad de promoverla. A su juicio, la incorporación al sistema autonómico que plantea la norma les sitúa en una situación difícilmente asumible, al supeditar dicha integración a requisitos de personal, colecciones, horarios e infraestructuras, “diciendo con detalle qué tenemos que hacer, pero omitiendo con qué recursos vamos a hacerlo”.
Para concluir, la concejala ha recordado que los ayuntamientos llevan “demasiado tiempo asumiendo cargas derivadas de decisiones autonómicas o de competencias impropias que terminan tensionando nuestros presupuestos”, y ha advertido de que “no podemos aceptar que la aspiración lógica de integrarnos en un sistema autonómico se convierta en una imposición de nuevas cargas financieras encubiertas”.