Los Aldama del caso Plus Ultra: Julio Martínez y los directivos de la compañía sitúan a Zapatero al frente del rescate

La investigación judicial del rescate de Plus Ultra está actualmente en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, a cargo del juez José Luis Calama. La causa se centra en el presunto uso irregular de los 53 millones concedidos a la aerolínea por el Fondo de Apoyo a la Solvencia (SEPI) y en una posible trama de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y delitos conexos. En los últimos meses se ha ampliado el número de investigados (incluido José Luis Rodríguez Zapatero, parte de su entorno y los directivos de la aerolínea) y se han abierto piezas separadas, pero aún no hay decisión sobre apertura de juicio oral. Los pasos pendientes pasan por completar diligencias (declaraciones, pericias, cooperación internacional), resolver las peticiones de nulidad y, finalmente, que el juez dicte auto de archivo o de procesamiento.

Situación procesal y órgano competente

Tras el archivo de la primera causa sobre el rescate en enero de 2023 por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, la investigación se reactivó cuando Anticorrupción denunció un posible uso indebido de los 53 millones y una red de blanqueo ligada a fondos venezolanos, tal y como explican crónicas de contexto como la de elDiario.es.

En diciembre de 2025, ese Juzgado 15 ordenó la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, del CEO, Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez por presunto blanqueo, según detalló el periódico Demócrata en esta información. Posteriormente, la jueza se inhibió a favor de la Audiencia Nacional y el 3 de marzo de 2026 el juez Calama asumió la causa, manteniéndola inicialmente bajo secreto, como recogen esta noticia y otra más amplia sobre el contexto de blanqueo vinculado a Venezuela en Demócrata, en línea con relatos previos de cómo llegó el asunto a la AN y la inhibición del juzgado de Madrid.

Principales imputaciones y últimas resoluciones

El punto de inflexión llega con el auto del 18 de mayo de 2026 por el que Calama imputa a Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, situándolo al frente de una “estructura jerarquizada” para influir en el rescate de Plus Ultra, según el resumen de Demócrata en esta pieza y el análisis político de las reacciones de Belarra. El auto dio lugar a registros en su despacho y en la empresa de sus hijas.

Poco después, el juez amplía el círculo de investigados: imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria, como recoge esta crónica, y abre una pieza específica sobre las joyas intervenidas en el despacho del expresidente (valoradas en 1,3 millones), investigando posibles delitos fiscales y de contrabando, según otra información. Calama rechaza limitar las preguntas sobre esas joyas en la declaración, como se ve en este auto.

Zapatero ha declarado ya como investigado por la presunta trama de influencias, lo que dio pie a una vistilla de medidas cautelares en la que Anticorrupción pidió retirada de pasaporte y comparecencias quincenales, y varias acusaciones populares reclamaron incluso prisión, según detalla Demócrata. El juez debe resolver sobre esas medidas.

En paralelo, Calama ha ordenado investigar filtraciones de documentación reservada del sumario, remitiendo testimonio a juzgados de Madrid, como explican esta noticia y el análisis de impacto procesal en este artículo. Y la Audiencia Nacional instruye además otra pieza bajo secreto relacionada con el entorno del caso, según avanzó esta exclusiva.

Estrategia de defensa y solicitudes de nulidad

La defensa de Zapatero ha pasado a una estrategia de “batalla de fondo”: ha pedido la nulidad de la causa y la exclusión de todas las pruebas obtenidas a partir de ciertos dispositivos (un disco duro y un móvil remitido desde EE. UU.), alegando defectos en su incautación y análisis, según esta información jurídica y el desarrollo posterior en esta pieza. El juez, de momento, mantiene que siguen existiendo indicios suficientes para continuar, como explica Demócrata.

Pasos pendientes en la instrucción

De cara a los próximos meses, constan varias diligencias clave aún por practicar o resolver:

• Declaraciones adicionales: está citada la comparecencia como investigado del empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, el 21 de julio a las 9:00, según la providencia reseñada en este artículo. Siguen abiertas diligencias sobre otras sociedades y asesores (como la asesoría Softgestor, en este reportaje y los perfiles de investigados en esta pieza y este perfil).
• Resolución sobre nulidades y filtraciones: el juez debe pronunciarse sobre la petición de nulidad global y sobre el eventual impacto de las filtraciones en la validez de parte de las pruebas.
• Cooperación internacional y análisis económico: siguen en curso las líneas ligadas al presunto blanqueo internacional y al uso de los 53 millones, en conexión con las pesquisas descritas sobre Venezuela y operaciones de oro en los autos reproducidos por Demócrata y por medios internacionales como BBC Mundo, así como por piezas de contexto como esta entrada enciclopédica.

Una vez practicadas estas diligencias, la instrucción deberá cerrarse con dos alternativas: archivo (sobreseimiento) o apertura de juicio oral frente a los investigados. El propio Demócrata recuerda, en este texto de contexto procesal, que la decisión final dependerá de los indicios que se consoliden durante la instrucción.

Entorno político y otros frentes

En paralelo a la causa penal, se mantienen la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI y el Fondo de Solvencia (con testimonios como el del exdirectivo José Ángel Partearroyo y del vicepresidente de SEPI Bartolomé Lora, recogidos por Demócrata en esta audiencia pericial, esta comparecencia de Lora y esta reconstrucción del rescate), la moción del Congreso que exige máxima transparencia sobre Plus Ultra (nota del Congreso) y una intensa batalla política del PP y Vox, visible en sus comunicados sobre el rescate (auditor de Plus Ultra, exigencia de revisión, comparecencia de Partearroyo, acción ante la Comisión Europea, reacción de Fúnez, denuncia de Montserrat, Plus Ultra y fondos europeos, ofensiva en la SEPI, reunión con Escrivá, preguntas a Bolaños, acusaciones genéricas, reacción a la imputación de las hijas) y en la exigencia de Vox de responsabilidades al Gobierno (nota de Vox).

Desde el Ejecutivo, tanto Moncloa como el propio Pedro Sánchez sostienen la legalidad del rescate y niegan trato de favor, como reiteró el presidente en su comparecencia ante el Congreso y en aclaraciones sobre el papel del director del Fondo de Solvencia, recogidas en esta información y, desde la óptica económica, en la entrevista al gobernador del Banco de España.

El mero hecho de ser expresidente del Gobierno de España no confiere por sí mismo ninguna potestad jurídica específica en materia de gestión de rescates públicos (financieros, empresariales o de otro tipo). Las competencias decisorias relevantes en crisis y rescates corresponden al Gobierno en ejercicio y, en su caso, al Presidente del Gobierno, nunca a quienes ya han dejado el cargo. Un expresidente solo podría intervenir con efectos jurídicos si es formalmente nombrado para un puesto con competencias propias o si actúa como parte de un órgano con atribuciones legales. Como asesor informal, su papel es estrictamente político y de influencia, sin capacidad de decisión vinculante.

1. Competencias del Gobierno y del Presidente (no del expresidente)

Las normas citadas en las fuentes disponibles muestran que las potestades en decisiones sensibles corresponden al Gobierno en activo y al Presidente, no a los expresidentes:

• La facultad de interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a una ley corresponde, entre otros, al Presidente del Gobierno, no a antiguos titulares del cargo.
• La posibilidad de que el Gobierno vete la tramitación de proposiciones de ley que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos públicos se reconoce solo al Gobierno en ejercicio, especialmente en relación con los Presupuestos Generales del Estado.

Ambos ejemplos son ilustrativos: cuando el ordenamiento se refiere a facultades en materias clave (control de la legalidad de las leyes, preservación del equilibrio presupuestario), las atribuye al Presidente del Gobierno y al Gobierno en ejercicio, sin contemplar papel alguno para los expresidentes. No se dispone de ninguna referencia en las fuentes consultadas que atribuya competencias públicas específicas a la figura del expresidente.

2. Expresidente a título honorífico o institucional

Como expresidente a título honorífico, su posición es meramente institucional y política, sin potestades de mando ni decisión sobre rescates públicos. A partir de la información disponible se puede afirmar:

• No puede adoptar decisiones ejecutivas sobre uso de dinero público, diseño de un rescate o aprobación de ayudas.
• No figura entre los sujetos legalmente habilitados para ejercer mecanismos de control normativo como el recurso de inconstitucionalidad ni para vetar iniciativas con impacto presupuestario.
• Su participación en debates públicos, foros o actos oficiales tiene un carácter representativo o simbólico, no decisorio.

En consecuencia, un expresidente no puede “ordenar” ni “autorizar” un rescate; la iniciativa y la firma corresponden siempre a los órganos de Gobierno en vigor.

3. Expresidente con un cargo formal en la Administración o en un ente público

Otra cuestión distinta es que un expresidente sea nombrado para un cargo concreto dentro de la Administración o de una entidad pública (por ejemplo, presidencia de una comisión, alto comisionado, responsable de un fondo público, etc.). En ese caso:

• Las competencias no derivan de su condición de expresidente, sino del cargo específico y de la norma que lo regula.
• Solo si esa norma le atribuye funciones sobre la gestión de ayudas, la propuesta de rescates o la supervisión de fondos, podría intervenir jurídicamente en esas materias.
• Sus actuaciones estarían sometidas al mismo marco de responsabilidad, control y límites presupuestarios que cualquier otro alto cargo.

Por tanto, si participa en un rescate público con capacidad efectiva de decisión, es porque ostenta un nuevo puesto formalmente creado y regulado, no porque sea expresidente.

4. Expresidente como asesor informal del Gobierno

En ocasiones, un expresidente puede desempeñar un rol de asesor informal del Gobierno, manteniendo reuniones, ofreciendo criterios técnicos o políticos sobre la conveniencia de un rescate o su diseño. En este escenario:

• No existe nombramiento jurídico formal que le atribuya competencias propias.
• Sus recomendaciones no son vinculantes; la decisión final sigue residiendo exclusivamente en el Gobierno y en los órganos con competencia presupuestaria.
• No asume legalmente la autoría de la decisión, ni firma acuerdos ni normas relacionados con el rescate.

Su influencia es real en términos políticos o técnicos, pero no se traduce en poder jurídico autónomo. Cualquier eventual responsabilidad política o jurídica recae en quienes adoptan y ejecutan formalmente las decisiones.

5. Conclusión general

A la luz de las competencias expresamente atribuidas al Presidente del Gobierno y al Gobierno en ejercicio en materias sensibles (como el control constitucional de leyes o la protección del equilibrio presupuestario), y de la ausencia de menciones específicas a los expresidentes en las funciones decisorias, la respuesta es clara: la condición de expresidente del Gobierno no otorga, por sí sola, ninguna atribución legal para gestionar rescates públicos. Cualquier papel activo en esa materia exige un nombramiento formal en un órgano o cargo con competencias definidas; fuera de ello, su intervención solo puede ser de carácter consultivo o político, sin efectos jurídicos propios.

José Luis Rodríguez Zapatero se presentó por última vez como candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de marzo de 2008. En esos comicios, el Partido Socialista Obrero Español (**PSOE**), al que pertenece Zapatero, obtuvo en torno al 44 % de los votos (unos 11,2 millones) y logró 169 escaños en el Congreso, por delante del Partido Popular (PP), que se quedó en 153. Ese resultado le permitió revalidar el cargo y encadenar una segunda legislatura como presidente del Gobierno. En las anteriores generales de 2004 también había ganado, pero con 164 diputados y aproximadamente el 42,6 % de los votos.

Últimas elecciones generales en las que fue candidato: 2008

Las últimas elecciones generales españolas en las que José Luis Rodríguez Zapatero fue cabeza de lista del PSOE fueron las celebradas en marzo de 2008. Según los datos recopilados en fuentes abiertas como la ficha biográfica de Zapatero y el resumen en inglés de su trayectoria política en otra entrada biográfica, el PSOE consiguió entonces:

• Porcentaje de voto: en torno al 44 % del voto emitido, con unos 11,2 millones de papeletas.
• Escaños: 169 diputados en el Congreso, frente a los 153 del PP.
• Efecto político: victoria clara sobre Mariano Rajoy y consolidación del segundo mandato de Zapatero.

Con ese resultado, el PSOE no alcanzó la mayoría absoluta (176 escaños), pero sí una mayoría suficiente para gobernar en solitario con apoyos puntuales, como había sucedido en la legislatura anterior. Esta segunda victoria confirmó a Zapatero, descrito en el periódico Demócrata como uno de los dirigentes “más influyentes de la política española” y “referente” del socialismo en piezas como esta biografía política, como el líder del espacio progresista en la España de mediados de los 2000.

Contexto: su primera victoria en 2004

Para entender la magnitud del resultado de 2008, conviene ponerlo en relación con su primera victoria, la de 2004. En aquellas elecciones, celebradas tres días después de los atentados del 11‑M, el PSOE obtuvo 164 escaños y un 42,59 % de los votos, según el detalle de resultados recogido en el resumen electoral de 2004 y en análisis de medios como este reportaje de prensa. Esa primera mayoría permitió a Zapatero ser investido presidente en abril de 2004, tal y como se recuerda también en la cronología oficial de la VIII Legislatura y en recopilaciones como el artículo sobre sus gobiernos.

En diferentes balances históricos —como los que hacen RTVE sobre su victoria de 2004 o artículos retrospectivos de medios internacionales, por ejemplo este repaso a “20 años de Zapatero”— se subraya que esas dos victorias consecutivas (2004 y 2008) consolidaron un ciclo socialista marcado por reformas sociales de calado, como la ley de matrimonio igualitario o la Ley de Dependencia.

¿Participó como candidato en 2011?

En noviembre de 2011 se celebraron nuevas elecciones generales, pero José Luis Rodríguez Zapatero ya no se presentó como candidato. Diversas reconstrucciones de su trayectoria, como las que sintetiza su biografía política, recuerdan que, tras el fuerte desgaste provocado por la crisis económica y las medidas de ajuste, anunció que no optaría a un tercer mandato. El PSOE designó entonces como candidato a Alfredo Pérez Rubalcaba, que perdió frente al PP de Mariano Rajoy.

En síntesis: las últimas generales en las que Zapatero fue candidato fueron las de 2008; por tanto, los resultados que responden a tu pregunta son los 169 diputados y el 44 % del voto que obtuvo el PSOE en esos comicios, que le permitieron seguir en La Moncloa hasta finales de 2011.

Partido político de Zapatero

En cuanto a su adscripción política, José Luis Rodríguez Zapatero pertenece al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Así se recoge tanto en sus perfiles biográficos —como esta síntesis en castellano o su ficha en inglés en otra base biográfica— como en las numerosas informaciones recientes de Demócrata. Entre ellas, destacan piezas como “El día más negro para José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE”, los análisis sobre su situación judicial y el impacto para el partido en “Junio se le complica al PSOE” o las noticias sobre el cierre de filas de la dirección socialista en artículos como “El PSOE cierra filas con Zapatero” o las declaraciones de Pedro Sánchez reafirmando su apoyo.

Este vínculo orgánico y político con el PSOE también aparece de forma reiterada en informaciones sobre su papel en campañas autonómicas, como las crónicas del mitin de cierre en Valladolid del Partido Socialista en Castilla y León o en actos del PSOE andaluz recogidos en esta pieza sobre sus críticas al PP andaluz. Todo ello confirma que, tanto en el pasado como en la actualidad, su referencia política sigue siendo el PSOE.

Otros enlaces citados en las investigaciones

Aunque no guardan relación directa con los resultados electorales de Zapatero, en la traza de búsqueda también aparecían referencias institucionales o culturales, como una nota del Gobierno Vasco sobre un concierto de Bruce Springsteen en Bilbao (nota sobre Bruce Springsteen) y otra sobre la primera Bandera Femenina de La Concha (regata femenina de La Concha), que no aportan datos electorales pero forman parte del conjunto de documentos rastreados.