Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han dado por concluido sobre las seis y media de la tarde el registro en la sede de Tubos Reunidos en Bilbao, una actuación que se ha prolongado durante más de diez horas y que se enmarca en el 'caso Leire Díez', por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Además de la inspección en las oficinas centrales de la compañía en la capital vizcaína, de donde los efectivos de la UCO han salido con varias cajas de documentación, los investigadores han llevado a cabo otro registro en la planta que Tubos Reunidos tiene en Amurrio, una diligencia que en este segundo emplazamiento apenas ha superado la media hora.
En el edificio corporativo de Bilbao, alrededor de seis agentes de la UCO han accedido a las instalaciones sobre las ocho de la mañana de este jueves y han permanecido allí hasta las seis y media de la tarde, dentro de un discreto despliegue policial. Según han indicado fuentes próximas a la compañía, esta está “colaborando en todo” con los responsables de la investigación.
Fuentes conocedoras del procedimiento han señalado a Europa Press que las pesquisas buscan indicios sobre una posible relación entre transferencias de fondos procedentes de un rescate público y la presunta trama que analiza la Audiencia Nacional, atribuida al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Por el momento, no se contempla la práctica de detenciones.
Estas mismas fuentes han añadido que los miembros de la UCO cuentan también con la instrucción de cursar un requerimiento de información en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Colaboración de Tubos Reunidos y de la SEPI
Tubos Reunidos figuró entre las sociedades señaladas en diciembre de 2025, tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y persona del entorno de Santos Cerdán.
Entonces, las detenciones se integraban en una causa abierta en la Audiencia Nacional sobre posibles amaños en contratos de la SEPI que habrían sido promovidos por Díez, Fernández y Alonso, quienes, según las investigaciones, habrían creado un grupo de WhatsApp denominado “Hirurok” para influir en cinco licitaciones y obtener resoluciones favorables a sus intereses.
Entre esas operaciones figuraba, conforme a lo expuesto por el magistrado Antonio Piña, la concesión de un rescate de la SEPI a Tubos Reunidos por un importe de 112,8 millones de euros. En esa ayuda pública se habría detectado la “intermediación” del trío formado por Díez, Fernández y Alonso para que se aprobara la operación, “percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez”.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reiterado este jueves una cooperación “total” por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con las pesquisas que está desarrollando la UCO en esta causa.
“No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso ilícito en ningún caso”, ha manifestado España durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Congreso, en respuesta a una pregunta del PP sobre el requerimiento de información formulado por la UCO en la sede de la SEPI.
En este contexto, el titular de Hacienda ha insistido en que la colaboración de la sociedad estatal dependiente de su departamento será “absoluta” con la justicia. “Esa es la instrucción que tienen y eso es como la están ejerciendo desde hace tiempo ya y también conmigo al frente del Ministerio”, ha recalcado España.