El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que la decisión de la Fiscalía de mantener la petición de siete años de prisión para el empresario Víctor de Aldama responde a “criterios técnicos”, y ha acusado al Partido Popular, que ejerce la acusación popular ante el Tribunal Supremo, de estar “colaborando” con el presunto conseguidor del 'caso Koldo'.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ante las críticas del PP por no haberse rebajado la solicitud de condena a Aldama, el ministro ha enfatizado que la actuación del Ministerio Público es autónoma y que el Ejecutivo no ha dado indicaciones al respecto.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, comunicó este lunes que mantiene la petición de siete años de cárcel para Aldama por las supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas que se juzgan en el Supremo, en una causa en la que también figuran como acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García.
Bolaños ha recalcado que “ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos. Respeto absoluto desde el Gobierno y desde el Ministerio de Justicia a las decisiones que adopta la Fiscalía, pues es un criterio y es una decisión que adopta el Ministerio Fiscal en su conjunto que, por supuesto, nosotros respetamos”.
Acusaciones cruzadas entre el Gobierno y el PP
El PP había difundido horas antes un comunicado en el que denunciaba que la Fiscalía General del Estado “ha dado un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno” al negarse a reducir la pena solicitada para Víctor de Aldama, “pese a su colaboración con la Justicia” en el denominado “caso mascarillas”, que, según los populares, “afecta directamente al núcleo duro de Pedro Sánchez”.
Para el principal partido de la oposición, la postura de la Fiscalía vulnera el principio de que la colaboración con la Justicia frente a la corrupción debe traducirse en beneficios penales, al moderarse las condenas solicitadas para quienes ayudan al esclarecimiento de los hechos.
En ese mismo texto, el PP sostiene que se trata de “una posición que evidencia una contradicción flagrante incluso con el discurso que hasta ahora mantenía el propio Gobierno, que llegó a impulsar en 2024 una nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante para, supuestamente, proteger y fomentar las denuncias de corrupción”.
Al mismo tiempo, las acusaciones populares que lidera el PP reclaman 30 años de prisión para el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, mientras que, en el caso de Aldama, han rebajado su petición de siete a cinco años de cárcel al valorar su cooperación.
“Esta parte ha valorado especialmente la colaboración prestada por Aldama, que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, facilitando incluso el descubrimiento de otras actuaciones de los señores Ábalos y Koldo, igualmente delictivas, vinculadas con la adjudicación de contratos de obra pública”, explicó el lunes el abogado del PP, Alberto Durán, para justificar que aplican al empresario “la circunstancia atenuante de confesión”.
En paralelo, y en relación con la demanda que Félix Bolaños presentó el pasado viernes contra Aldama por una supuesta vulneración de su derecho al honor, el ministro se ha limitado a señalar que no tiene “más que añadir” y que “ahora es el tiempo de la justicia”.