Diez de los trece procesados por una red dedicada a la estafa en la compraventa de coches con el cuentakilómetros trucado, con más de un centenar de afectados, se sentaron este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo para cerrar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.
El pacto contempla para cada uno de ellos una condena de un año y medio de cárcel por un delito de estafa y otros seis meses por asociación con banda criminal. Además, tres de los acusados deberán llevar a cabo 70 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y pagar una multa de 1.000 euros.
Las penas finalmente aceptadas suponen una rebaja sustancial respecto a la petición inicial del Ministerio Público, que reclamaba cinco años de prisión por estafa, junto con una multa de 7.200 euros, y un año de cárcel adicional por el segundo delito para cada encausado.
En el apartado de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar a las más de cien víctimas con diferentes importes, según los daños sufridos por cada una. Los tres principales implicados ya han consignado 20.000 euros en el juzgado en concepto de reparación del perjuicio causado.
Las defensas han solicitado que las penas privativas de libertad queden en suspenso, petición que cuenta con el respaldo de la Fiscalía. Será ahora el tribunal el que decida en la sentencia si accede a esa suspensión.
La causa detalla que, entre 2014 y 2017, los acusados actuaron de forma coordinada con la finalidad de obtener un lucro ilícito mediante la compra y posterior venta de vehículos a los que rebajaban el kilometraje antes de sacarlos de nuevo al mercado.
Todos los procesados son de nacionalidad rumana, seis de ellos están casados entre sí y han estado asistidos por el mismo letrado.
Cómo funcionaba la red de coches trucados
La operativa, con base en la provincia de Lugo y con más de un centenar de perjudicados repartidos por distintos puntos de España, se centraba en adquirir turismos, en su mayoría de gama media y alta, con muchos kilómetros y, en ocasiones, con averías o daños que depreciaban notablemente su precio. Una vez en su poder, los implicados, bien directamente o a través de terceros, manipulaban los cuentakilómetros para que figuraran registros muy por debajo de los reales.
Para reforzar la apariencia de legalidad y dificultar que los compradores detectasen el fraude, los vehículos se sometían en algunos casos a inspecciones en estaciones de ITV, de forma que los datos falseados quedaban incorporados a los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La trama también se valía de la obtención de duplicados de tarjetas de ITV y permisos de circulación, así como de la alteración de parte de esa documentación, con el objetivo de ocultar el kilometraje auténtico de los coches.
Después, los acusados difundían anuncios en una página web, ofreciendo los vehículos con un número de kilómetros inferior al real y describiendo un estado de conservación que no se ajustaba a sus condiciones efectivas.
Cuando los interesados se ponían en contacto, los vendedores fijaban citas, en su mayoría en una localidad de la provincia de Lugo. Allí enseñaban los coches y mantenían el engaño sobre sus características y su estado, lo que llevaba a los compradores a abonar importes muy superiores a su valor real.
Un pacto que evita un macrojuicio
Según la acusación, las operaciones nunca se habrían cerrado si los compradores hubieran conocido el kilometraje verdadero y los defectos que presentaban los vehículos.
El acuerdo alcanzado este lunes evita la celebración de un juicio para el que se habían reservado cinco días, con la declaración de todas las víctimas y de los peritos, a un ritmo previsto de unos 25 testigos por sesión.