El juicio por la 'Operación Kitchen' ha cerrado su cuarta semana de vista oral con dos comparecencias clave: la de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que aseguró no haber tenido “constancia” del supuesto dispositivo de espionaje dirigido a sustraer documentación sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas, y la del inspector que investigó el 'caso Gürtel', Manuel Morocho, quien reforzó la tesis de que existió una “operación policial sin autorización judicial” centrada en Bárcenas y su círculo cercano.
Con estos testimonios concluye el primer mes del juicio en el que se analiza el presunto entramado parapolicial que, según la acusación, fue impulsado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy para apropiarse de información comprometedora de Bárcenas sobre dirigentes del PP, en plena investigación sobre una posible contabilidad B en el partido.
En la causa se sientan en el banquillo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, junto a otros mandos policiales de la época como Marcelino Martín Blas o Andrés Gómez Gordo. La Fiscalía Anticorrupción reclama para algunos de ellos penas que alcanzan los 15 años de prisión.
Durante una declaración de apenas 16 minutos, en la que respondió casi siempre con monosílabos, Sáenz de Santamaría negó haber tenido conocimiento del supuesto espionaje mientras formó parte del Gobierno y afirmó que se enteró por las informaciones publicadas en los medios. “Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época en el Gobierno”, zanjó ante el tribunal.
La que fuera ‘número dos’ del Ejecutivo también rechazó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia que ella misma encabezaba— hubiera desarrollado labores de seguimiento sobre Bárcenas, y negó igualmente que Rajoy le hubiera trasladado alguna preocupación específica sobre 'Kitchen'.
La unidad de Gürtel fue “desmantelada”
Mucho más prolongado fue el interrogatorio de Manuel Morocho, exinspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y responsable de las pesquisas policiales de 'Gürtel'. A lo largo de dos sesiones, reiteró que había constatado la existencia de una “operación policial sin autorización judicial” dirigida a Bárcenas y describió cómo su unidad acabó siendo “desmantelada” mientras investigaba la contabilidad B del PP.
Morocho, que declaró durante siete horas, relató que en aquella etapa fue “vigilado” e “investigado” tanto en su despacho como en su vehículo. Confirmó, como ya había hecho en la fase de instrucción, que recibió presiones para que el nombre de Rajoy no apareciera en uno de los informes sobre los 'Papeles de Bárcenas'. Añadió, además, que uno de sus superiores facilitaba información del procedimiento a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
La “orden” para “hacerle la vida imposible” a Bárcenas en prisión
Antes de estas comparecencias declaró como perjudicado Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP y de Rosalía Iglesias, quien aseguró ante el tribunal que se sintió sometido a seguimientos por parte de motoristas que portaban cámaras en el casco.
El músico, líder de la banda 'Taburete', explicó que la impresión que tuvo en aquel momento fue que existía una “orden” del Gobierno de Rajoy para “hacerle la vida imposible” a su padre mientras cumplía condena.
También reconoció que Luis Bárcenas le comentó en alguna ocasión la existencia de conversaciones grabadas en audio que habría mantenido con Rajoy en torno a la contabilidad opaca del partido.
Fondos reservados bajo la lupa
El tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, escuchó igualmente al coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, exdirector del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano con competencias sobre los fondos reservados.
En su testimonio, Pérez de los Cobos indicó que no recuerda si la 'Operación Kitchen' figuraba en la documentación relativa a los fondos reservados del Ministerio del Interior y sostuvo que no detectó “ninguna irregularidad” durante el tiempo que estuvo al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios.
El exalto mando de la Guardia Civil precisó que “nunca” llegaron al gabinete recibís a nombre de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas acusado de haber colaborado como confidente de la presunta trama, ni tampoco justificantes nominativos de gastos atribuidos a Enrique García Castaño, excomisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, inicialmente procesado hasta que la causa se archivó para él por razones médicas.
Asimismo, subrayó que correspondía a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), dirigida entonces por Eugenio Pino, la función de “acreditar” que las partidas de fondos reservados se “empleaban para los fines que prevé la ley”.