El juez del caso Koldo exige a un órgano de Transportes los expedientes de las obras públicas bajo sospecha

El juez del caso Koldo reclama a Transportes expedientes de obras públicas sospechosas para que la Guardia Civil los analice en la investigación por amaños.

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Fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). A. Pérez Meca - Europa Press

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El magistrado de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción del 'caso Koldo' ha solicitado al Consejo de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Transportes, la documentación relativa a las obras públicas que se investigan por un posible amaño en su adjudicación.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno requiere que, “a la mayor brevedad posible”, ese órgano de Transportes remita “copia de los dictámenes emitidos en los expedientes” de dichas obras, “así como los funcionarios que participaron en su redacción”.

El magistrado actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción y considera esta diligencia “útil y pertinente, en cuanto permite una mejor y amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar”.

En la misma resolución, el instructor precisa que trasladará toda esa documentación a la Guardia Civil para su análisis y para “la elaboración del oportuno informe”.

Recuerda, además, que en esta pieza separada del 'caso Koldo' se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes, “consistentes en el favorecimiento, de manera recurrente a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública a cambio de una contraprestación económica tanto para el entonces ministro, José Luis Ábalos, como para su asesor Koldo García”.

Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estas prácticas se habrían articulado en beneficio de Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción, y Obras Públicas y Regadíos, lo que llevó a la imputación de varios responsables de esas empresas y del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros investigados.

El auto subraya que los contratos presuntamente amañados estaban “bajo el dominio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras, siendo Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif y Javier Herrero como director General de Carreteras --ya relegados de esos cargos--, cada uno dentro de su ámbito de actuación, los facilitadores de asistencia para el éxito de las adjudicaciones proyectadas”.