El juez de la Plaza n.º 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que lleva la causa por el uso de un bolígrafo grabador en el Grupo de Vox del Parlamento de Cantabria, ha ratificado el auto dictado el pasado mes de julio por el que se acordaba abrir acción penal contra su portavoz.
En una resolución comunicada recientemente, el magistrado rechaza el recurso de reforma presentado por la diputada al considerar que los indicios reunidos hasta ahora "son más que suficientes para dirigir el procedimiento, esto es, la investigación contra la recurrente", según ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en una nota.
El instructor subraya que el auto impugnado no formula una imputación cerrada, sino que se limita a fijar el objeto del procedimiento, concretar contra quién se dirige la investigación y que "a partir de aquí serán las diligencias que se practiquen las que determinen si los indicios ahora existentes se consolidan o si, por el contrario, se desvirtúan".
Frente al argumento de la parlamentaria, que sostenía que su conducta no encajaba en ningún tipo delictivo, el magistrado precisa que la instrucción se orienta "a determinar si la diputada, quien, según parece desprenderse de los audios, conocía la existencia del bolígrafo grabador y pretendía obtener con el mismo grandes cosas, pudo ser la inductora de las grabaciones de terceros que se encontraron en la memoria del bolígrafo".
Según el juez, esta "valoración no es caprichosa, sino que se desprende de los indicios que se exponen con detalle en el auto impugnado".
En cuanto a la queja de que la atribución de la voz de la diputada carece de base probatoria, el instructor indica que hay elementos que apuntan a que las personas investigadas son quienes intervienen en los audios, extremo que fue reconocido por dos de los denunciantes y por un testigo.
No obstante, aclara que será el dictamen pericial el que determine este punto, aunque para obtener una muestra indubitada de la voz de la investigada es necesario incorporarla formalmente al procedimiento. "En la medida en que la citada diligencia puede perjudicarle, solo puede realizarse en calidad de investigada a fin de salvaguardar su derecho de defensa", concluye el magistrado.
Citación judicial y recurso de apelación
Tras inadmitir el recurso de reforma, el juez acuerda remitir a la Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto, para que el órgano colegiado revise la decisión adoptada en primera instancia.
Sin embargo, al no tener efectos suspensivos dicho recurso, se mantiene la citación de la diputada para declarar como investigada, señalada para este miércoles, 4 de noviembre, a las 10.20 horas.